La Gobernación del Atlántico, a través del programa ‘Mi Casa Bacana’, entregó 822 mejoramientos de vivienda que han beneficiado a familias víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, comunidades étnicas y madres cabeza de hogar.
El anuncio fue realizado por el secretario del Interior con funciones de gobernador encargado, José Antonio Luque, durante el segundo Comité de Justicia Transicional, espacio en el que se revisaron acciones de prevención, protección, asistencia y reparación integral para esta población.
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A la reunión asistieron representantes de las secretarías de la Gobernación, alcaldes municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Policía del Atlántico, la Policía Metropolitana de Barranquilla y organismos de control, quienes socializaron los avances en programas y rutas de atención.
Luque destacó que el plan de desarrollo ‘Atlántico para el Mundo’ contempla un capítulo especial para las víctimas, con inversiones y estrategias destinadas a garantizar sus derechos. “Recordemos que tenemos 10.000 programas de mejoramientos y lo que estamos haciendo es trabajar muy duro para que este tipo de poblaciones sigan siendo beneficiadas”, señaló.
Durante la jornada también se socializó la ruta de formación Cre@cir, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, que busca fortalecer las capacidades de las víctimas a través del emprendimiento y el impulso de iniciativas productivas. Asimismo, el Sena presentó su oferta de formación en municipios del departamento, con el compromiso de articular esfuerzos con alcaldías y enlaces de víctimas para garantizar el acceso a estos programas.
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“Estamos avanzando en la atención integral de nuestras comunidades más vulnerables. La articulación entre alcaldías, autoridades nacionales y departamentales es clave para seguir ofreciendo oportunidades y transformar la vida de las víctimas del conflicto”, afirmó el gobernador (e).
El Comité concluyó con el compromiso de las entidades participantes de trabajar de manera coordinada en la implementación de políticas públicas que dignifiquen a las víctimas en todo el Atlántico.
Este esfuerzo hace parte de las inversiones sociales contempladas en el plan de desarrollo del gobernador Eduardo Verano, que destina el 62 % del presupuesto departamental a programas para los sectores más vulnerables.
