Un año después de la intervención de Air-e, tomada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ante los problemas técnicos, operativos y la iliquidez financiera que enfrentaba, la situación no ha mejorado. Así lo manifestó Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios Costa Caribe.
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“Air-e no ha mejorado, sino todo lo contrario”, señaló. La empresa, que es el tercer distribuidor de energía eléctrica del país con el 11,3 % del mercado, no ha realizado inversiones y sus deudas siguen aumentando.
Antes de la toma de posesión, Air-e debía cerca de $1,9 billones. Hoy, después de la intervención, sus obligaciones ascienden a $1,7 billones, de los cuales $1,5 billones corresponden a compras de energía a los generadores.
Estas cifras fueron reveladas por Nelson Vásquez, cuarto interventor de la compañía, durante su participación en la comisión accidental de seguimiento a Air-e realizada el 10 de septiembre en el Congreso.
Según la Liga de Usuarios, lo más grave es que el Gobierno nacional no ha seguido los lineamientos constitucionales y legales establecidos en el artículo 365 de la Constitución y en las Leyes 142 y 143 de 1994, que obligan a garantizar un servicio continuo y de calidad tras una intervención, así como a responder por las nuevas deudas adquiridas.
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“Es algo que no han hecho. Los gobiernos anteriores le inyectaron $7,3 billones a Electricaribe cuando estuvo intervenida entre 2016 y 2020, según cifras oficiales”, explicó Alarcón.
El dirigente advirtió: “Air-e intervenida está en una situación de insolvencia que puede llegar al colapso si el Gobierno no le brinda los recursos requeridos a través del Fondo Empresarial de la Superservicios. No se ha estabilizado la empresa, las tarifas son de las más altas del país —$886 por kilovatio hora— y continúa con violaciones al debido proceso en las relaciones con los usuarios”.
Asimismo, criticó la falta de voluntad política del Ejecutivo: “La intervención de Air-e se está manejando con fines de liquidación”.
Uno de los reclamos más frecuentes de los usuarios es la falta de cobertura en atención al cliente. De los 22 municipios del Atlántico y el Distrito de Barranquilla, solo existen diez oficinas para recibir quejas y reclamos, lo que impide a miles de usuarios tramitar sus solicitudes.
Finalmente, Alarcón se refirió a la propuesta del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, de comprar Air-e al Gobierno: “Sería plausible e iría en la dirección correcta, siempre y cuando se asuma el control de toda la empresa en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y no únicamente en un departamento, porque los otros dos quedarían a la deriva”.
