A través de una acción de tutela, la veeduría Red Defensa Ciudadana ha solicitado que se ordene al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que se aparte de cualquier decisión relacionada con Air-e por un presunto conflicto de intereses al haberse desempeñado de forma previa como interventor de la empresa.
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De forma previa, el veedor ciudadano Leinder Molina Miranda solicitó al ministro Palma –a través de un derecho de petición– información con relación a posibles infracciones a la ley de transparencia de datos e información por omisión de información relevante, así como las razones para no declararse impedido frente a este caso.
En la misma solicitud se incluyó información sobre un trámite de recusación contra el funcionario, presentada en junio del presente año, y “por qué no ha suspendido su intervención” frente a decisiones que impactan a la compañía, así como “entrega de información pública y explicación de actuaciones sobre Air-e”.
Esta solicitud se conoce en medio de graves denuncias ventiladas frente a la gestión de Palma como agente interventor de la empresa, relacionadas con presuntas anomalías en la suscripción de contratos.
Durante su gestión se adelantó la firma de un acuerdo millonario con una firma recién creada, que no tendría experiencia verificable, que recibió anticipos por 414.000 millones a pesar de no cumplir con los requisitos.
Frente a los crecientes cuestionamientos, el ahora ministro Palma se pronunció en sus redes sociales, asegurando que “durante mi corta gestión, porque fueron apenas 4 meses, mi actuación fue intachable”.
