A través de un comunicado de prensa, la Superintendencia de Nacional de Salud confirmó que la intervención de la ESE Universitaria del Atlántico (ESE UNA) se desprende de los incumplimientos detectados en una reciente auditoría.
Según la entidad, en el marco de las funciones de inspección y vigilancia, se evidenciaron 49 hallazgos relacionados con fallas de carácter asistencial, administrativo y financiero que representan un riesgo para la oportuna prestación de los servicios de salud con atributos de calidad.
La inadecuada e insegura prestación del servicio a los usuarios; la falta de garantías a la adherencia a los procedimientos de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno – Perinatal; la ausencia de activación de ruta psicosocial; el no seguimiento a las condiciones ambientales de la conservación de los medicamentos encontrados en los servicios asistenciales y que no se cuenta con existencia de medicamentos y de insumos medico quirúrgicos para la atención de los pacientes hacen parte del listado de hallazgos que conllevaron a la intervención.
La Supersalud también evidenció que no se garantiza el cumplimiento de las condiciones y requisitos para la infraestructura de manera que garantice la seguridad en la atención, así como un inadecuado manejo de residuos hospitalarios ni el cumplimiento de las condiciones y requisitos para el proceso de esterilización.
Otros hallazgos relacionados corresponden a un incremento progresivo en el déficit presupuestal, lo que refleja que la ESE ha comprometido la mayoría de los gastos sin recibir la totalidad del ingreso, incluyendo una inadecuada gestión financiera que “produce un desequilibrio en la operación” y una ineficaz gestión del talento humano.
Es de anotar que con el inicio de la intervención, el superintendente Giovanni Rubiano García ordenó la separación de la actual gerente de su cargo y la remoción de la junta directiva. Además, se confirmó que Fredys Socarrás Reales asumió como representante legal de la ESE UNA y tendrá la responsabilidad de presentar el plan de trabajo de la Intervención dentro de los 30 días calendario que le siguen a la toma de posesión.
