Hay preocupación entre los habitantes del sur del Atlántico debido a la imposibilidad de iniciar las obras para mitigar los riesgos de inundaciones en las zonas aledañas del canal del Dique, a pesar de ser un proyecto adjudicado desde finales de 2023.
De acuerdo con varios líderes comunitarios, la incertidumbre se incrementa con la llegada de la temporada de lluvias, que conlleva al incremento de los niveles del canal, que revive el fantasma de un posible desbordamiento, como el que se vivió en 2010.
Gustavo de la Rosa, líder del sur del departamento, aseguró que es necesario que el Gobierno nacional tome decisiones frente a la licencia ambiental que se ha requerido para el desarrollo de las intervenciones a lo largo de la hidrovía.
Puso de presente que durante el fin de semana se realizó un cabildo abierto y desde el Ejecutivo no se brindaron respuestas concretas sobre el futuro del proyecto.
“Se nos informó que sin los estudios de impacto ambiental, las obras no pueden llevarse a cabo. Esto ha generado incertidumbre entre los habitantes del sur, quienes estamos solicitando a los gobernadores del Atlántico (Eduardo Verano) y de Bolívar (Yamil Arana) que intervengan ante la ANI para resolver el tema de dichos estudios y así permitir la ejecución de la obra”, aseguró.
Recordó que en el canal del Dique se han presentado tres emergencias a causa de inundaciones, que han dejado consecuencias nefastas: “Se pierde riqueza, desarrollo, y los municipios del sur quedan devastados. Se perdió todo el emporio agroindustrial y los pueblos quedaron prácticamente en la miseria”.
En ese sentido, indicó que las obras estructurales en el canal del Dique generan “tranquilidad” y se traducen en una mejora para el medio ambiente y el fortalecimiento de la pesca, así como otras actividades económicas relacionadas con este cuerpo de agua.
“Son obras claves no solo para el Atlántico, Bolívar y Sucre. No se trata solo de la importancia de las obras en sí, sino de los beneficios que implican y de la necesidad de proteger los municipios de futuras inundaciones”, recalcó.
A su turno, el líder Franklin Ortega evidenció que la parálisis de esta megaobra genera afectaciones para la comunidad: “Nos preocupa que en esta época de lluvias el canal aumenta su caudal debido a que aumentan los niveles del río Magdalena y estamos desprotegidos en todo el cono sur del Atlántico”.
La situación actual
Aunque el pasado 23 de abril se firmó un otrosí entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la firma Ecosistemas del Dique, filial de Sacyr, para revivir el contrato y sentar las bases para el inicio al estudio de impacto ambiental, aun no se han materializado la destinación de los recursos para avanzar en dicho propósito.
EL HERALDO reveló el pasado domingo que, hasta el momento, la entidad adscrita al Ministerio de Transporte no ha hecho el aporte de los recursos necesarios para la contratación del estudio de impacto ambiental. Se trata de $90 mil millones que deben ser aportados por el Estado, teniendo en cuenta que así fue establecido durante el proceso de licitación.
Este medio conoció que la firma Sacyr se encuentra a la espera del documento que expida la ANI para establecer la forma de pago para el desarrollo del estudio, que se extenderá por un periodo de 14 meses.
A eso se debe sumar un periodo entre 3 y 4 meses, correspondiente al tiempo de estudio y aprobación por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Por tal motivo, el inicio de la fase de construcción de las obras tendría un retraso de hasta 18 meses.
Este megaproyecto abarca un área de influencia de 435 mil hectáreas, entre zona marina y continental, teniendo en cuenta que la hidrovía tiene una longitud total de 115 kilómetros, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena. Además, se proyecta una inversión de $3.2 billones, con un impacto directo sobre 19 municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre.
