¿Es suficiente la regulación colombiana sobre la realización de cirugías estéticas?

Someterse a una cirugía estética en un centro no autorizado no solo es una decisión riesgosa desde el punto de vista médico, sino también una acción que puede tener consecuencias legales para todas las partes involucradas. La seguridad del paciente debe ser siempre la prioridad, y solo puede garantizarse en un entorno clínico que cumpla con todos los estándares legales y técnicos establecidos por las autoridades sanitarias.

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Pero lastimosamente cada vez son más los casos de pacientes que recurren a “centros de garaje” para realizarse procedimientos estéticos que solo pueden ser practicados por médicos especialistas. Muchos lo hacen buscando bajos costos, por desinformación o simplemente por depositar erróneamente su confianza en personas que no tienen el conocimiento ni la idoneidad requerida.

Las prácticas quirúrgicas realizadas en centros no autorizados representan un grave riesgo tanto desde el punto de vista legal como sanitario. Estas intervenciones, al no cumplir con las condiciones mínimas de habilitación, bioseguridad e infraestructura, pueden derivar en complicaciones graves como infecciones, hemorragias, reacciones adversas a la anestesia, o incluso la muerte. Además, muchas veces son realizadas por personas que no cuentan con la formación médica adecuada, lo cual aumenta significativamente el peligro para la integridad física de los pacientes.

Justamente el pasado 24 de mayo se cumplió un mes de la muerte de Carolina Marenco, de 28 años en Barranquilla. La cosmetóloga le confió a su compañera de trabajo, una instrumentadora quirúrgica en el centro dermatológico donde laboraban, que le realizara una liposucción. Pese al riesgo que implicaba, utilizaron un cubículo donde se hacían limpiezas y masajes de para el cuidado de la piel, al parecer sin el consentimiento de sus jefes.

En el reporte pericial de la necropsia del cadáver, conocido por EL HERALDO, se documenta además que el cuerpo de la joven tenía “signos de manipulación quirúrgica invasiva”, representados por hematomas faciales y toracoabdominales anteroposteriores, con otros hallazgos que podrían “explicar su muerte”. “No se descarta la conjugación de estos hallazgos, con efectos secundarios/adversos por uso de dosis excesiva de anestésico local recuperados en la escena y descritos en el acta de inspección técnica a cadáver”.

Según las estadísticas proporcionadas por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), las mujeres son quienes más se realizan cirugías estéticas a nivel mundial. Asimismo, estimó que entre el 85 % y el 90 % de todos los procedimientos estéticos son llevados a cabo en mujeres, mientras que los hombres representan solo entre un 10 % y un 15 % del total. Sin embargo, aunque las mujeres siguen siendo mayoría, el número de hombres que recurren a procedimientos estéticos habría estado aumentado en los últimos años.

Lina Lora* describe como una segunda oportunidad de vida haber podido superar los momentos de pánico que vivió en abril del 2023 tras someterse a un relleno facial en un centro estético, el cual le prometieron no sería invasivo y no requeriría incapacidad.

“Siempre estuve llena de inseguridades y todo en nuestra sociedad se convierte en una moda. Queriendo seguir los consejos y pasos de dos amigas que ya habían pasado por este centro, me sometí a un relleno facial que debía mejorar las facciones de mi cara y terminó convirtiéndose en mi peor pesadilla”, dijo Lora.

La mujer de solo 22 años de edad contó que se siente arrepentida debido a que fue una decisión que tomó sin informarlo a sus padres; sin embargo, horas después del procedimiento todo se habría salido de control.

“Se suponía que solo me inyectarían vitaminas y que esto a los meses había que hacerlo nuevamente porque su efecto tenía caducidad, pero nada era cierto. A diferencia de mis amigas hoy vivo tratando de cubrir con maquillaje todo el daño que me causaron las supuestas vitaminas y rellenos”, señaló.

Comentó que tras ese episodio decidió acudir a sus padres para buscar ayuda profesional idónea para tratar de resarcir los daños que su esteticista le causó. “Trataron de ayudarme lo más que se pudo, pero igual mi cara no es la misma. Era algo que en realidad no necesitaba, pero me dejé convencer y tuve consecuencias”.

La cirujana plástica Lina Triana expuso la grave problemática que atraviesa el país en relación con los procedimientos estéticos realizados por personas no idóneas, muchas veces en espacios no habilitados, y sin ninguna supervisión efectiva por parte del Estado. Señaló que en Colombia falta mayor regulación para que se garanticen los límites que hay entre quienes deben o no realizar una cirugía estética.

Triana indicó que esta falta de regulación permite que, en teoría, cualquier médico general pueda ofrecer procedimientos complejos sin ser especialista. Aunque en la práctica muchos hospitales y clínicas solo permiten ejercer a profesionales registrados en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RethusS), esto no impide que en centros estéticos clandestinos se realicen cirugías estéticas sin cumplir los mínimos requisitos legales ni sanitarios.

La doctora Triana subrayó que para poder ejercer legalmente como cirujano plástico en Colombia se debe contar con un título de especialización expedido por una universidad reconocida del país, o en caso de ser obtenido en el extranjero debe ser homologado por el Ministerio de Educación. Además, el profesional debe registrarse en el Rethus y obtener su tarjeta profesional, paso obligatorio para trabajar dentro del sistema legal de salud.

Respecto a los centros de estética, Triana aclaró que estos no pueden realizar procedimientos quirúrgicos. “Un spa o centro estético puede estar habilitado para ofrecer servicios como masajes o tratamientos superficiales, pero no para intervenciones mínimamente invasivas o quirúrgicas. Si se introduce una cánula en el cuerpo, como en una liposucción o lipoláser, eso ya es un procedimiento quirúrgico que debe realizarse en un quirófano, bajo condiciones de habilitación estrictas”, puntualizó.

También comentó que la medicina estética es una especialidad médica que requiere al menos tres años de estudio, sin embargo, no incluye cirugía en su currículo en Colombia.

Cuando se trata de procedimientos quirúrgicos como una liposucción, se requiere una clínica habilitada con estándares específicos: quirófano con medidas reglamentarias, máquina de anestesia, anestesiólogo certificado y área de recuperación adecuada. Estos requisitos, sostuvo Triana, no pueden ser cumplidos por casas adaptadas ni centros improvisados.

En cuanto a los precios, la doctora afirmó que es muy difícil generalizar, ya que cada procedimiento depende del tipo de cirugía, del cuerpo del paciente, de si ha tenido intervenciones previas o si presenta condiciones particulares como obesidad o celulitis. Por eso, la cirugía plástica debe evaluarse caso a caso.

Además hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía. Explicó que durante su tiempo como presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, hubo múltiples intentos de reglamentar la práctica médica especializada a través del Congreso, pero sin éxito. “No hay voluntad política para legislar sobre esto. Sin ley, los procedimientos ilegales continúan y la salud de los colombianos sigue en riesgo. Esto es también un tema de cultura ciudadana. No podemos delegar toda la responsabilidad al Estado. Debemos denunciar lo que sabemos que está mal”.

Para la especialista, la solución empieza por una legislación clara, pero también por una mayor conciencia por parte de los pacientes. “La gente se arriesga por ahorrar dinero, sin saber que está poniendo en peligro su vida. No basta con que un procedimiento sea más barato; debe ser seguro, legal y realizado por personal capacitado en lugares habilitados”, concluyó.

Moisés Rahat, asesor docente del Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte, expone la compleja realidad legal que rodea los procedimientos estéticos en Colombia, especialmente aquellos que son realizados por personas sin la debida formación o habilitación profesional. Desde hace años se vienen presentando casos lamentables en los que intervenciones quirúrgicas mal realizadas terminan en lesiones graves e incluso en la muerte de pacientes. A pesar de la recurrencia de estas tragedias, persiste una débil regulación práctica y una falta de control institucional efectivo.

Según Rahat, es crucial diferenciar dos escenarios jurídicos. El primero involucra a médicos cirujanos profesionales, con los permisos correspondientes; el segundo, a personas sin formación médica que ejecutan estos procedimientos de forma clandestina. En ambos casos, pueden existir implicaciones legales, aunque en el segundo la gravedad es mayor al no contar siquiera con el aval legal mínimo para ejercer.

En términos de responsabilidad, el experto explica que los procedimientos médicos se clasifican por la obligación que implican: en los tratamientos médicos generales hay una “obligación de medio”, es decir, el profesional debe actuar con diligencia y conforme a los protocolos establecidos. Sin embargo, en el ámbito de la cirugía estética, suele hablarse de una “obligación de resultado”, ya que el paciente espera una transformación específica. Esto significa que si el resultado no se logra, el profesional puede ser civilmente responsable, independientemente de su intención.

Ahora bien, si la intervención es realizada por una persona sin título o habilitación, además de la responsabilidad civil, se suma la penal. Rahat enfatiza que estos individuos pueden enfrentar cargos por lesiones personales o incluso por homicidio si hay muerte del paciente. “Se afecta la integridad física y psicológica de la persona, y eso no puede quedar sin consecuencias jurídicas”, afirma.

En cuanto a los documentos que suelen firmar los pacientes antes de someterse a un procedimiento –conocidos como consentimientos informados–, Rahat es claro: no eximen de responsabilidad al profesional si se demuestra que actuó de forma negligente. “La firma de un consentimiento no significa que el médico queda libre de responder por sus errores. No basta con firmar un papel, debe haber un proceso real de explicación, donde el paciente entienda riesgos, efectos secundarios y resultados posibles”, explica.

Sobre el estado actual de la regulación médica en Colombia, Rahat reconoce que existe una diferencia entre leyes y normas técnicas. Mientras las leyes son emitidas por el Congreso, las normas técnicas son elaboradas por entidades especializadas para estandarizar procedimientos. Aunque algunas especialidades como anestesiología y radiología tienen regulaciones más específicas, en general, todos los campos de la medicina deben guiarse por protocolos definidos y aceptados por la comunidad científica. La ausencia de una ley específica para cada especialidad no exime a los profesionales de cumplir con estándares técnicos.

Ante la pregunta sobre qué falta para garantizar la seguridad de los pacientes, Rahat es tajante: más que una nueva ley, se requiere una vigilancia más rigurosa por parte del Estado. “El problema real está en la ejecución de la ley, no en su ausencia. Hay establecimientos que operan sin autorización y son responsables de la mayoría de los casos graves. Lo que se necesita es cerrar esos lugares y judicializar a quienes ofrecen servicios médicos sin tener formación”, señala.

Finalmente, aunque algunos sectores del gremio médico solicitan nuevas leyes para reforzar el control, Rahat considera que el marco legal existente es suficiente. Lo que hace falta es voluntad política, coordinación institucional y acciones concretas que garanticen el cumplimiento de las normas y protejan efectivamente a los pacientes de prácticas irresponsables y peligrosas.

En Atlántico se han registrado varios casos de muertes asociadas a procedimientos estéticos en los últimos años. El caso más reciente ocurrió el pasado 24 de abril, cuando falleció Carolina Isabel Marenco Laurens, tras someterse a una liposucción realizada por una compañera de trabajo en Barranquilla.

Otro caso destacado es el de Evelyn Vargas Ayala, una ciudadana estadounidense de 59 años que falleció en marzo de 2024, dos días después de someterse a procedimientos estéticos en una IPS de la ciudad.

Aunque no se dispone de una cifra exacta de muertes por procedimientos estéticos en Colombia, los datos disponibles indican una problemática significativa que requiere de acciones urgentes.

A nivel nacional, un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló que entre 1998 y 2015 se registraron 62 muertes derivadas de procedimientos quirúrgicos estéticos. En su mayoría estas estarían asociadas a procedimientos realizados en lugares no habilitados y por personas sin la formación médica adecuada.

Para que un centro pueda realizar cirugías estéticas, debe estar habilitado como una IPS ante el REPS. No es suficiente con ser un centro estético o spa; se requiere autorización oficial como IPS quirúrgica. Además, solo médicos especialistas en cirugía plástica, certificados y registrados en el Rethus, pueden realizar estos procedimientos.

El lugar debe contar con instalaciones quirúrgicas adecuadas, equipos médicos completos y cumplir estrictamente con normas de bioseguridad. También debe tener protocolos para emergencias y convenios con hospitales. Está totalmente prohibido que personas sin formación médica, como esteticistas o cosmetólogos, realicen liposucciones.