El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, le solicitó al presidente Gustavo Petro tomar medidas excepcionales para mitigar “una inminente crisis energética nacional”.
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En una carta enviada al jefe de Estado, el gobernador le manifiesta su preocupación por la situación que atraviesa el sector eléctrico por el retraso en los pagos asociados a la compra de energía y a los subsidios reconocidos a los comercializadores.
En ese sentido, le manifiesta que, en ejercicio de la competencia que le otorgan los artículos 189 y 215 de la Constitución Política, evalúe la pertinencia de declarar “el estado de emergencia económica, social y ecológica”.
En la misiva, el mandatario departamental asegura que: “Esta situación ha generado presiones sobre la liquidez de los agentes del sistema, limitando sus capacidades operativas y generando tensiones que comprometen la sostenibilidad del modelo actual”.
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A lo anterior se suma el rezago en la ejecución de proyectos estratégicos de expansión del sistema de transmisión y distribución, así como las limitaciones operativas que presentan algunas subestaciones, lo que ha dificultado la incorporación plena de nueva generación al Sistema Interconectado Nacional, se lee en la carta.
“Esta situación, de no ser atendida con medidas integrales y oportunas, podría derivar en afectaciones sensibles a la prestación continua, eficiente y equitativa del servicio público esencial de energía eléctrica”, afirma el gobernador.
Verano destaca que con la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica se podrían adoptar medidas legislativas extraordinarias para garantizar el pago inmediato de las obligaciones pendientes con el sector eléctrico.
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Además, estabilizar el flujo financiero del sistema mediante mecanismos compensatorios adecuados.
Asimismo, proteger a los usuarios mediante la adopción de tarifas equitativas y sostenibles, así como asegurar la operación continua y eficiente del sistema interconectado nacional.
En la comunicación, el mandatario departamental sostiene que la energía eléctrica constituye el soporte transversal del aparato productivo, de la prestación de servicios esenciales como salud, agua potable, educación y conectividad, y del ejercicio efectivo de múltiples derechos fundamentales.
“Su interrupción, parcial o total, comprometería gravemente la vigencia del Estado social de derecho. Estamos convencidos de que este momento exige decisiones de visión estructural, orientadas a preservar el bienestar colectivo y la estabilidad del país. La respuesta institucional que se adopte marcará un hito en la gestión responsable de los desafíos energéticos que enfrenta Colombia”, enfatiza en la misiva.
