Una luz al final del túnel. En eso se ha constituido el anuncio del presidente Gustavo Petro de que la Nación asuma la deuda por opción tarifaria para reducir las tarifas de energía eléctrica en el país.
Dicha medida, que viene siendo objeto de ajustes por parte del Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda para su implementación, se sumará a una nueva fórmula para evitar especulaciones en el precio de la energía en la bolsa y el impulso a las Comunidades Energéticas en distintos sectores del Caribe colombiano.
Desde distintos sectores se ha expresado que el Gobierno va en la vía correcta para lograr una disminución efectiva en las tarifas de energía, aunque también se han puesto sobre la mesa otras medidas que se pueden adoptar para frenar las continuas alzas en las tarifas de energía.
EL HERALDO consultó a gremios y congresistas sobre las vías que tiene el Gobierno para poner en marcha su plan, así como aquellas acciones que se pueden adoptar en el mediano y largo plazo para mitigar la crisis energética en el país.
Alejandro Castañeda, director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), recalcó que el anuncio hecho por el presidente Petro de asumir la opción tarifaria genera un alivio en la facturación de los usuarios.
“Los gremios del sector eléctrico estimamos una reducción entre el 7 % y 19 %, en especial para el Caribe. Es una noticia que recibimos con agrado, que respaldamos y es una de las propuestas que hemos venido haciendo desde hace un tiempo como una solución a esta crisis”, sostuvo.
Puso de presente que existen los mecanismos legales para realizar esta apropiación por parte del Estado: “Se debe definir la vía y cómo se presupuesta. Se debe establecer desde el punto de vista legal para que la medida funcione y tenga viabilidad”.
El líder gremial reconoció que se debe avanzar en la actualización del consumo de subsistencia, teniendo en cuenta que es el número de kilovatios/hora por mes que son subsidiados.
“Es un indicador muy bajo para regiones donde se consume mucha energía. Es un tema que no se actualiza hace más de 20 años”, dijo el líder gremial, quien insistió en que hoy se encuentra en 170 kilovatio/hora por mes.
Se mostró de acuerdo con subir dicho consumo básico de subsistencia a 250 kilovatio/hora por mes, que se constituye en el consumo promedio de un hogar vulnerable. En ese sentido, fue enfático al sostener que “habría un beneficio para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en el Caribe”.
Añadió que existen medidas que se pueden adoptar a lo largo de la cadena energética, pero que deben tener aprobación desde el punto de vista regulatorio para funcionar correctamente.
Por su parte, Isagen afirmó que es necesario conocer todos los actos administrativos que se han planteado para la implementación de esta medida.
“En principio la participación de recursos públicos para mitigar el efecto de la opción tarifaria parece una medida justa y sensata y la única solución que efectivamente tendría un impacto real en las tarifas de los usuarios finales”, manifestó.
La compañía manifestó que el Gobierno debe avanzar en el estudio del mecanismo que permita asumir las deudas de la opción tarifaria.
Mencionó que esto “debería ser factible” mediante una apropiación de recursos del Presupuesto General de la Nación o mediante el ofrecimiento de garantías por parte del Gobierno.
Hizo hincapié en que desde el sector han hecho distintas propuestas como flexibilizar la posibilidad de contratos en la modalidad ‘pague lo generado’ para eliminar la exposición a bolsa de los agentes, la inversión en redes de distribución y medición inteligente –eventualmente con recursos de regalías–,la reducción de pérdidas no técnicas y las comunidades energéticas.
Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), indicó que es necesario que se restablezcan las condiciones de base del mercado, en el sentido de asegurar energía firme, competitiva y real, así como un sistema de transmisión oportuno.
“Mientras esto no se tenga, no se puede contar con precios de bolsa o contratos competitivos y por tanto no habrá tarifas justas o eficientes. Por esto se ha sugerido que se debe migrar a un esquema de costos marginales para todos los agentes del sistema, no para una tecnología en particular”, dijo.
La líder gremial agregó que las tarifas han seguido creciendo en el Caribe debido a que los comercializadores han elegido estar expuestos parcialmente a precios de generación en bolsa: “Esto implicó estar expuestos a precios altos asociados al fenómeno de El Niño”.
Fonseca dijo que las propuestas expuestas en la carta del ministro a los generadores hidráulicos “parecen parciales e ineficaces, ya que tratan de asignar déficit en lugar de eliminarlo de forma estructural”.
Alertó que la demanda siempre se ve afectada por intervenciones parciales en los precios de bolsa y acentuó: “Sin una solución real, tememos que se crearán mayores distorsiones. Reconocer una deuda por opción tarifaria puede ser parcialmente aplicado, pero exige un esfuerzo del Gobierno”.
Por último reiteró que las tarifas serían más eficientes si se aplican los criterios de ley. Por eso fue enfática al sostener que se debe corregir el indexador y se deben sacar las ineficiencias de las tarifas, como las pérdidas no técnicas y las restricciones.
Yulieth Porras, presidenta de Codisgen –gremio de las empresas comercializadoras sin generación de energía centralmente despachada– expuso que respaldan todas las medidas que se encuentren encaminadas a la reducción efectiva de las tarifas de energía para los usuarios más vulnerables del país.
“La nacionalización de la deuda de opción tarifaria propuesta por el presidente Petro es una medida que permite, en forma inmediata, la disminución de la tarifa de energía, especialmente en la Costa Caribe”, explicó.
Sustentó, además, que en las mesas de trabajo que se han adelantado con el Gobierno se han realizado múltiples propuestas que permitirían también la disminución inmediata de las tarifas, entre ellas la anunciada por el jefe de Estado durante su reciente visita a Barranquilla.
Porras planteó que es necesario que las generadoras vendan la energía a “precios justos” para los más vulnerables del territorio nacional, así como se debe establecer un límite en las ventas en bolsa a los generadores y la penalización de vertimientos.
“Con el dinero producto de estas penalizaciones se podrían destinar recursos para la ejecución de proyectos para las comunidades energéticas, cuya energía se podría llevar a las comunidades más vulnerables, que tendrían un costo cero en su factura de energía de llegarse a consolidar esta propuesta”, contó.
Otras visiones
El senador José David Name explicó que existe una serie de retos con relación a la forma de pago y la fuente de financiación para cubrir los saldos por opción tarifaria. Agregó que es una noticia positiva que no solo impacta a los habitantes del Caribe, sino a todo el país en general.
“Esta opción tarifaria está vigente en todas las distribuidoras de energía del país. En el Caribe nos ayuda mucho porque va a bajar las tarifas entre un 15 % y un 20 %, inmediatamente”, dijo.
Agregó que “es un buen anuncio, pero tiene que hacerse realidad y la forma de hacerlo realidad ahora queda en manos del ministro de Hacienda. Son casi 5 billones de pesos que se les debe por opción tarifaria a todas las distribuidoras del país”.
El senador Efraín Cepeda dejó en claro que las soluciones en materia de energía no dan más espera, debido a que el golpe al bolsillo es insostenible, especialmente en los estratos bajos, así como a la competitividad de la región. Por eso expuso que el anuncio del presidente Petro debe materializarse de manera “pertinente” y “clara”
“El anuncio titularizar la opción tarifaria podría dar solución a que no se le cobre a la gente ese aumento que ya está pagando. La opción planteada es que el Gobierno nacional asuma la opción tarifaria, que ronda los $5 billones, a través de bonos de deuda pública; sin embargo, no debemos olvidar que deben respetar el cupo actual y la regla fiscal, para que no se ponga en riesgo la situación fiscal del país y nos endeudemos de más”, explicó.
Fue enfático al sostener que existe la posibilidad de contemplarlos directamente, con traslados internos dentro del Presupuesto General de la Nación entre entidades para suplir necesidades de dineros que puedan ir bien sea a la opción tarifaria o a la inversión de infraestructura: “Esto considerando que la ejecución no ha sido la mejor, contemplar traslados para suplir la cuestión de energía es posible, de manera que no afectemos o afectemos lo menos posible la deuda del presupuesto”.
Mientras que Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe, aseguró que desde el inicio de la crisis por las tarifas de energía se han planteado salidas estructurales, consistentes en “atacar los distintos orígenes de los aumentos”.
En ese sentido recalcó que la principal apuesta ha sido derogar el régimen especial tarifario o modificarlo radicalmente a través del artículo 126 de la Ley 142 de 1994. Destacó que la manifestación realizada a principios de abril fue un ‘campanazo’ para el Gobierno, que empezó a plantear algunas medidas, aunque sin un plan estructurado.
“La opción tarifaria es una política perversa contra los usuarios de todo el país, utilizándola como un cobro gota a gota de las alzas permanentes que hacen que se junten varias opciones tarifarias y vuelve a empezar de nuevo, haciéndolas impagables. El actual Gobierno acumuló los saldos de las dos últimas opciones tarifarias –la de la pandemia y la del régimen especial– en un solo concepto, que en el mes de abril de 2024 ya tenía un valor de $226 por kilovatio/hora”, indicó.
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Advirtió que la medida conveniente para cubrir dichos saldos corresponde a la utilización de recursos del Presupuesto General de la Nación en forma directa y no a través de la emisión de bonos de deuda pública como lo planteó el presidente Gustavo Petro.
“Mucho mejor esta fórmula que a través de la titularización de la deuda, la cual es más engorrosa y saldría con muchos beneficios el sector financiero. En esta forma la reducción de la tarifa sería de unos $220 el kilovatio/hora por usuario”, agregó.
Por último dijo que para complementar la reducción de las tarifas “se deben utilizar las regalías mineras para modernizar la infraestructura eléctrica de la Costa Caribe sin subir las tarifas, como lo estipula el parágrafo primero del artículo 318 de la Ley 1955 de 2019”.
“No entiendo cuál es el camino jurídico que se va a seguir”
José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, defendió la concepción de la opción tarifara, una medida que contempló el congelamiento las tarifas de energía para evitar mayores afectaciones económicas a las familias durante la pandemia.
“Era la mejor salida. Fue concebida con una figura con un plazo suficiente y se hubiera podido perfectamente ampliar el rango de tiempo para ese pago”, indicó.
Reconoció que en el caso del Caribe colombiano se debe buscar un mecanismo que permita disminuir las tarifas entre 10 %y 20 %, lo que conllevaría a destinar cerca de $6 o $7 billones.
“Lo que no debería suceder es que terminemos con un modelo que no tenga sustento legal. Cuando se dice que se va a pagar la deuda, eso no lo permite ni el Presupuesto General de la Nación ni el Plan de Desarrollo. No existe sustento legal para ese propósito, por lo que tendría que pasar primero por el Congreso de la República”, expuso.
En ese sentido, Restrepo fue enfático al sostener que –frente a este panorama– sería ilegal que esta medida se adopte por vía decreto.
“La mejor opción, en mi opinión, no sería con más deuda, sino con más gasto, asumiéndolo como parte del Presupuesto de la Nación en gasto público. Aún en ese caso tengo mis dudas de la viabilidad jurídica de la iniciativa”, recalcó el exministro.
Por último aseguró que “hoy en día esos subsidios no están permitidos, entonces no entiendo ni comprendo cuál va a ser el camino jurídico que se va a seguir”.
