Una conexión ilegal detectó este domingo la empresa Air-e en un establecimiento comercial ubicado en el corregimiento de Salgar, en Puerto Colombia.
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Al parecer el dueño del predio, en donde funciona una casa de eventos, realizó una excavación en el suelo para intervenir la acometida subterránea para que el medidor no registrara parte del consumo de energía.
En el operativo —de acuerdo con Air-e– se pudo establecer que el usuario había construido una placa de cemento en la parte de la acometida subterránea intervenida para despistar sobre el fraude generado.
'Esta modalidad revela la premeditación y la clara intención del usuario para cometer este fraude, el cual incluye la ejecución de una obra civil para ocultarlo y evitar a toda costa que la empresa lo detectara', refirió la compañía de servicios públicos.
Según las autoridades, el monto de la defraudación de fluidos es del orden de los 4 millones mensuales, en promedio en 2 años de 96 millones de pesos, teniendo en cuenta los equipos que son utilizados para los diferentes eventos que allí se realizan.
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La empresa también informó que durante el procedimiento se permitió el acceso para el desarrollo de la revisión técnica y la persona a cargo del establecimiento asumió los costos de la energía dejada de facturar. Adicionalmente, señaló Air-e, se hizo el compromiso de la normalización desde el exterior del inmueble con la instalación de un nuevo equipo de medición.
De acuerdo con Fermín De la Hoz Torrente, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, la empresa sigue actuando de manera contundente contra la práctica ilegal del robo de energía.
'La empresa cuenta con equipos de última tecnología para hacer un seguimiento detallado de la energía que circula por las redes y la que se entrega en las viviendas, establecimientos comerciales e industria, de tal manera que se encuentra en capacidad de detectar cualquier tipo de fraude, por más oculto que parezca', dijo.
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Por otra parte, sostuvo que se adelantan labores de análisis e inteligencia en el sistema comercial y en las calles para ser más precisos en la detección de este tipo de conducta, lo que permite recaudar todos las pruebas que sean necesarias para que la Fiscalía General de la Nación pueda adelantar los procesos penales por el delito de defraudación de fluidos.
'Los usuarios que incurran en estas prácticas se exponen a prisión de hasta 72 meses y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicionalmente, los usuarios comerciales se exponen al cierre temporal de su establecimiento o al cierre definitivo en caso de reincidencia', explicó De la Hoz Torrente.
A la fecha la empresa lidera con la Fiscalía cerca de 440 investigaciones penales por hurto y Defraudación de fluidos. Adicionalmente, han sido capturadas 183 personas por los delitos de Defraudación de fluidos y Concierto para delinquir.
