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La Alcaldía de Morroa debía tener un personal pendiente para dar de baja en el sistema a los fallecidos.
María Victoria Bustamante
Sucre

En Morroa, los muertos siguen teniendo atención en salud

La Fiscalía y la Procuraduría investigarán qué pasó con el dinero que el Estado dio, por dos años, para la prestación de servicios de salud de 27 personas fallecidas.

Con cierta frecuencia se escucha que Colombia es un país en el que hasta los muertos han salido a ejercer el derecho al voto, pero lo más reciente que de los difuntos se ha dicho surgió del departamento de Sucre, específicamente en el municipio de Morroa, donde a través del Régimen Subsidiado le han pagado la salud a 27 finados.

Este escándalo hubiese quedado hasta la falta de un control eficaz por parte de los municipios para depurar la base de datos de los afiliados si no fuera porque entre los 27 está un fallecido que no gozaba del servicio subsidiado, sino que era un contribuyente y al momento de su deceso gozaba de una pensión por 50 años de trabajo en una entidad estatal.

El acto de corrupción quedó al descubierto públicamente el pasado martes cuando la Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de una auditoría que le fue practicada al municipio de Morroa para conocer cómo había sido la inversión de los recursos del Sistema General de Participación y al evidenciar estas y otras anomalías en la vigencia 2018 precisó que esos dineros están en peligro.

“En el Régimen Subsidiado existen 27 afiliados fallecidos entre las vigencias 2017 y 2018 que aún aparecen registrados en la base de datos correspondiente que lleva el municipio, lo que genera que se hayan invertido recursos en servicios que efectivamente no fueron prestados”, dijo la Contraloría,  que detectó hallazgos fiscales por 251 millones de pesos.

El ente de control, al igual que la Fiscalía y la Procuraduría, se encargará de investigar qué pasó con el dinero que el Estado pagó, por lo menos por dos años, por una prestación de servicios de salud de 27 personas que estaban fallecidas.

 “Es una falta de respeto que se haya tomado el nombre de mi madre para el cobro de unos servicios de salud que ya ella no estaba disfrutando porque había fallecido. Yo requiero a la justicia para que en esta oportunidad actúe con celeridad contra las personas que estuvieron involucradas en este acto de corrupción y de falta de respeto para con las víctimas y con sus familiares”, sentenció Lucila Medina Díaz, una de las hijas de Bernardina Díaz de Medina, quien falleció el 17 de mayo de 2017 a los 98 años y en lo que restó de esa vigencia y hasta el 31 de diciembre de 2018 estuvo en el régimen subsidiado de salud.

Bernardina Díaz y Rosa Navas, fallecidas en 2017. Hilda de los Reyes, fallecida en febrero de 2018, y Florentino Quiroz, fallecido en noviembre de 2017.

Lucina aseveró que su mamá estaba afiliada al sistema de salud a través de una hija que labora en una entidad del Estado y que su deceso se produjo por vejez, no estaba enferma.

Como Lucila, otros morroanos familiares de fallecidos beneficiados con servicios de salud, al igual que la sociedad en general, rechazaron este hecho al conocer las identidades de las personas que tomaron para tal fin.

“No se sabe con qué intención lo hicieron, pero esta es una situación que de bulto nos iba a sorprender al momento de estallar porque muchas de las personas que aparecen en ese listado fueron reconocidas en este municipio, todos sabemos de qué y cuándo murieron porque aquí este pueblo es pequeño y unos y otros nos acompañamos en estos acontecimientos dolorosos”, sostuvo un abogado del pueblo que pidió reserva de su identidad.

Lo que refiere el profesional del derecho se cumple entre los finados Florentino Domínguez Quiroz e Hilda de los Reyes Domínguez de Anaya, quienes eran vecinos en el barrio Rincón Centro.

El señor falleció, también de vejez, el 9 de noviembre de 2017. Sus hijos tenían previsto celebrarle los 90 años el 27 de ese mismo mes, pero la muerte lo sorprendió antes. Nunca estuvo en el régimen subsidiado; mientras que su vecina Hilda Domínguez falleció el 24 de febrero de 2018 a la edad de 79 años. Fue sepultada el 26 de febrero de 2018 y esta es la fecha en la que ella aparece reportada en un documento que encontró la Contraloría como afiliada al régimen subsidiado al que estuvo en los últimos 5 años.

Listado de los fallecidos por los que pagaban.

Presintió la muerte

De Hilda Domínguez, asegura su hija Libia Rosa, con quien vivía, que había presentido la muerte porque el domingo 11 de febrero de 2018 en medio de una conversación en su casa les dijo a sus hijos que no debían tener miedo al martes 13 porque “era un día para que ocurrieran cosas buenas”. Sin embargo, buscó al rato los dos últimos desprendibles de pago del seguro funerario y su cédula y los colocó sobre la mesa del comedor y dijo “aquí coloco esto por si algo pasa”.

Y en efecto la cédula la necesitaron ese martes 13 de febrero de 2018 para llevarla de urgencia al centro de salud local porque se le presentó un fuerte dolor de cabeza que resultó ser un  aneurisma cerebral que 11 días después cobró su vida en una clínica en Barranquilla.

“Nos sorprende que su nombre esté aún en el sistema de salud porque mi madre fue víctima hasta de una negligencia médica. Debían remitirla con tiempo a una clínica a Barranquilla y lo hicieron cuando ya su estado se había deteriorado. Murió esperando unos procedimientos”, dijo Libia Rosa Anaya.

En la lista de muertos beneficiados con servicios de salud y cuyos recursos no se sabe qué destino tomaron, por ahora, también está Rosa Carlota Navas Salcedo, a quien cariñosamente llamaban Cocho. Falleció el 18 de diciembre de 2017 por causa de un paro cardiorrespiratorio.

Un habitante de Morroa que tampoco quiso que lo identificaran precisó que esta es una situación grave y rechazó que hubiesen tomado las identidades de los fallecidos para cobrar recursos de servicios de salud que no prestaban.

“Debe haber justicia contra quienes han cometido esto. No es un hecho normal y aunque en los últimos 16 años el pueblo de Morroa no ha sido bien administrado estas cosas no dejan de sorprendernos. Aquí ha habido saqueo de todo y una muestra es que el parque ya está deteriorado y no lo han terminado y muchos alcaldes han estado con problemas con la justicia”, anotó el ciudadano.

Tonio Olmos, alcalde posesionado hace dos meses en Morroa, dijo que se enteró de esta situación a través de los medios de comunicación porque ni siquiera contó con un buen proceso de empalme.

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