La inteligencia artificial ya forma parte del día a día en muchos espacios de trabajo, inclusive en los despachos jurídicos.
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Con el caso del abogado colombiano Jorge Hernán Zapata Vargas que fue multado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia con 26 millones de pesos, alrededor de 6.000 dólares por presentar un recurso judicial que contenía normas y sentencias inexistentes que fueron generadas con inteligencia artificial (IA), se ha conocido más estos acontecimientos.
Los profesionales del derecho señalan que esta herramienta tecnológica les permite ordenar documentos, resumir expedientes extensos y generar borradores en cuestión de segundos.
Esto acelera procesos que antes tomaban horas y mejora la eficiencia operativa. Sin embargo, rapidez no es sinónimo de seguridad jurídica, y así fue el caso de Zapata Vargas.
Es decir, lo que señala la corte es que las herramientas de IA no interpretan la ley con criterio profesional ni asumen responsabilidad ética. Pueden equivocarse en citas, utilizar normas desactualizadas o aplicar reglas que no corresponden a la jurisdicción correcta.
En importante recalcar que en asuntos legales, un pequeño error puede tener consecuencias graves. Otro punto crítico es la confidencialidad porque al introducir datos sensibles en plataformas abiertas puede exponer información estratégica o personal sin que el usuario lo advierta.
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Por eso, indican que la IA debe entenderse como apoyo técnico y no como asesor legal. El análisis estratégico, la interpretación normativa y la toma de decisiones siguen siendo tareas que requieren la supervisión directa de un abogado, como decirlo a lo criollo, de un humano.
Asimismo, el fallo alertó además sobre el riesgo de incorporar al proceso judicial lo que denominó “pseudo-derecho”, es decir, contenidos inexistentes que tienen apariencia de jurisprudencia real, e indicó que los modelos de lenguaje generativo pueden producir información falsa aunque verosímil.
Lo que deben hacer los abogados al utilizar IA
Para garantizar la veracidad de la información cuando se utilizan herramientas de inteligencia artificial, los abogados deben aplicar protocolos de verificación similares, o incluso más estrictos, que los usados en la investigación tradicional.
Por eso las entidades que controlan revelan que estas herramientas deben utilizarse para ordenar de forma más rápida pero no en sustentos.
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Es decir, ninguna cita legal generada por IA debería usarse sin confirmarla en fuentes autorizadas como bases de datos jurídicas oficiales, boletines legislativos, jurisprudencia publicada por tribunales o repositorios académicos confiables.
La IA puede sugerir referencias, pero la validación debe hacerse consultando el texto original. Además, las leyes cambian. Por eso es fundamental revisar si la norma citada sigue vigente, si ha sido modificada o si existe jurisprudencia posterior que altere su interpretación.
El abogado debe tener en cuenta que los errores frecuentes de la IA es mezclar marcos normativos de distintos países o estados. El abogado debe confirmar que la fuente corresponde exactamente a la jurisdicción aplicable al caso.
Y por último pero no menos importante el profesional del derecho debe confirmar que el texto citado aparece literalmente en la decisión oficial. Si no se encuentra en una fuente primaria confiable, no debe utilizarse.
