Joaquín Sabina ha perdido su batalla contra la Hacienda española. El Tribunal Supremo ha confirmado que el cantante tiene que pagar 2,5 millones de euros a Hacienda al rechazar el recurso presentado por el artista contra la liquidación de los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010 en relación con la declaración de los ingresos por derechos de autor y tres sociedades.
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Contra esta nueva decisión del Supremo, que corrobora la de la Audiencia Nacional, no cabe recurso, por lo que la batalla legal de Sabina acaba aquí.
Según la providencia, que tiene fecha del pasado 20 de julio, la Sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha rechazado el recurso de casación presentado por el cantante contra la sentencia de abril de 2022 de la Audiencia Nacional, que confirmó que las liquidaciones eran conforme a derecho.
Sabina había recurrido la resolución del Tribunal económico-administrativo Central (TEAC), de 2019, que a su vez confirmó la del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de 2017, sobre la reclamación interpuesta por el cantante a liquidación por el IRPF en esos tres ejercicios y contra la sanción que le fue impuesta.
Junto a familiares, Sabina era socio o administrador de tres empresas: Ultramarinos Finos, Relatores y El Pan de Mis Niñas, con las que gestionaba sus derechos de autor, inmuebles en Madrid y Rota, un velero y libros antiguos, según el inventario recogido en la sentencia, del pasado 13 de abril.
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Ahora, el Supremo ha acordado la inadmisión a trámite del recurso presentado por Joaquín Sabina, al apreciar que 'no se fundamenta suficientemente que concurren alguno o algunos de los presupuestos' que, conforme a la ley, 'permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento' de esta Sala.
