La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) condenó la imposición de castigos y sanciones ilegales en Santa Marta y Valledupar, presuntamente aplicados por un grupo armado no estatal con presencia en la Sierra Nevada.
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De acuerdo con el organismo, durante 2025 se han documentado 19 registros audiovisuales que evidencian actos de violencia física, trabajos forzados, inmovilización de extremidades y humillaciones públicas. En algunos casos, las víctimas fueron obligadas a portar carteles con mensajes de arrepentimiento o a pedir perdón en público.
Según la ONU, las sanciones habrían sido impuestas por supuestos delitos como hurto, expendio de drogas, violencia de género, riñas y violencia intrafamiliar.
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Estas acciones, advierte la organización, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo conductas que podrían tipificarse como tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, tratados de los cuales Colombia es Estado parte.
Posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad
La oficina del Alto Comisionado señaló que, al ser cometidos por un grupo armado no estatal, estos actos infringen el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y podrían configurarse como crímenes de lesa humanidad o de guerra, conforme al Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra.
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Entre las víctimas, la ONU identificó a mujeres sometidas a trabajos forzados y a quienes se les rapó el cabello de manera obligada, hechos que —según el organismo— representan una forma de violencia basada en género y afectan la autonomía y la identidad personal.
Llamado al Estado colombiano
ONU Derechos Humanos exhortó al Estado a investigar y sancionar a los responsables, así como a reparar a las víctimas.
El organismo también instó al Gobierno a implementar de manera efectiva la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, especialmente su estrategia de protección territorial, enfocada en garantizar la seguridad y la vida de la población civil.
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“Los actos de tortura vulneran la dignidad humana y debilitan la gobernabilidad local, además de erosionar la confianza en las instituciones”, advirtió la entidad.
La oficina reiteró su compromiso de brindar asistencia técnica al Estado colombiano para fortalecer las medidas de protección y el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
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Asimismo, anunció que continuará haciendo seguimiento a la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta y emitirá nuevas recomendaciones conforme avance su monitoreo.
