Familias pobladoras de Cereté, Pelayito, San Pelayo, Carrillo y zonas aledañas denuncian presuntas irregularidades y hasta atropellos por parte de la Concesión Ruta al Mar que construye la doble calzada que une a Antioquia con Bolívar pasando además por los departamentos de Córdoba y Sucre.
En las últimas horas las familias que dicen ser afectadas se tomaron un tramo de la vía para hacer público, ante los medios de comunicación, las situaciones que las afectan y que se resumen en que las ofertas económicas presentadas para la adquisición de predios, en este caso sus viviendas, son insuficientes porque, según ellos, “se hicieron con base en avalúos cuestionables”.
También alegan que la obra vial y sus complementos como lo son los box culvert están causando inundaciones en Carrillo.
Lea también: ¿Qué pasará con los planes complementarios y la medicina prepagada tras decreto sobre sistema de Salud?
“Mi vivienda está deteriorada por las inundaciones que causa el box culvert que está frente a mi casa. No solo es mi casa, sino toda la zona, incluyendo la plaza de Carrillo y los barrios Santa Catalina y Laureano Gómez que se inundan cada vez que llueve”, relató Mariluza Hernández Pérez, una de las afectadas y denunciantes de la Concesión Ruta al Mar.
La ciudadanía también denunció que esta concesión ha desconocido unas certificaciones sobre uso de suelo urbano y rural que emitió la alcaldía de San Pelayo “y ahora nos están presionando con gente de la Sijin, Policía y Esmad para que entreguemos las tierras. Nos dicen que el 29 de agosto nos van a desalojar”, dijo otro afectado que pide la urgente intervención del gobernador de Córdoba.
Lea también: Dos hurtos simultáneos en conjunto residencial Madeira dejan pérdidas por casi $40 millones
Por su parte el abogado Miguel Ramos López, apoderado del comité Anuc Carrillo, ratificó las anomalías en los avalúos comerciales de las viviendas, los cuales estarían soportados con información falsa para justificar precios bajos.
“Los documentos usados por la concesión contienen comparaciones de mercado basadas en datos manipulados y testimonios falsos. Incluso se emplearon nombres y gestiones de personas sin su autorización. Estas irregularidades ya están siendo investigadas por la Fiscalía que cuenta con soportes documentales y declaraciones que respaldan nuestras denuncias”, indicó el abogado Miguel Ramos.
