La salud, el tema pendiente entre Cerro Matoso y las comunidades

Desde la empresa De la Espriella Lawyers advierten que la firma de los acuerdos entre Cerro Matoso y las comunidades no significa que renuncien a su derecho a ser reparadas administrativamente y por ello ahora el pleito pasaría al Consejo de Estado, con una pretensión económica que supera el billón de pesos.

 

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Desde la empresa De la Espriella Lawyers advierten que la firma de los acuerdos entre Cerro Matoso y las comunidades no significa que renuncien a su derecho a ser reparadas administrativamente y por ello ahora el pleito pasaría al Consejo de Estado, con una pretensión económica que supera el billón de pesos.

 

Si bien la contaminación y el mejoramiento de la calidad de vida ante las condiciones de pobreza extrema son dos factores que se contemplan dentro de los acuerdos protocolizados entre la empresa Cerro Matoso y las comunidades residentes en las zonas aledañas a la planta de extracción de ferroníquel, queda  sobre la mesa el tema de las supuestas enfermedades reportadas por algunos de vecinos y extrabajadores de la multinacional.

Tras un proceso jurídico que duró alrededor de seis años, la Corte Constitucional reconoció en el año 2017 que la operación de la empresa multinacional emitía partículas contaminantes que estarían relacionadas con las patologías denunciadas por algunos campesinos residentes a pocos kilómetros de la planta de operaciones.

El alto tribunal validó los diagnósticos médicos de múltiples habitantes de la zona, quienes supuestamente presentaban lesiones cutáneas de gravedad, enfermedades irritativas de las vías respiratorias, cáncer de pulmón, afectaciones cardiacas, niveles altos de níquel en la sangre y orina, entre otros.

El mayor número de afectados eran residentes de las poblaciones de Bocas de Uré, Centroamérica, Guacarí, Pueblo Flecha, Puente de Uré, Puerto Colombia, Torno Rojo y el Consejo Comunitario de Comunidades de San José de Uré. Sectores cercanos a la mina, comprendidos entre los municipios de Montelíbano y San José de Uré, en la subregión del San Jorge, al sur del departamento de Córdoba.

En el 2014, el abogado Abelardo de la Espriella interpuso una denuncia contra la empresa Cerro Matoso S.A. tras ser requerido por las comunidades aledañas a la mina, que recurrieron a los servicios de su firma por los aparentes perjuicios indicados.

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Enfermedades respiratorias y cutáneas, bebés con deformaciones, mujeres que sufrían abortos espontáneos y personas con cáncer, todo sumado a la contaminación y al detrimento de los recursos naturales fueron algunos de los reportes documentados por la firma del reconocido abogado barranquillero.

Tres años después, la Corte Constitucional se pronunció a favor de las comunidades. En su análisis del caso, la Corte observó “la recurrente emisión de nubes de escoria y material particulado que afecta a las comunidades aledañas al proyecto. También se encontraron concentraciones excesivas de distintos componentes químicos en la atmósfera y en las fuentes hídricas de la región”.

Para ese entonces la Corte estableció que era evidente la "contaminación de varios ríos y cuerpos de agua aledaños a la mina e, inclusive, se comprobó la sedimentación de uno de los afluentes, causada por la construcción de un canal perimetral al complejo minero". Por lo que se ordenó el pago de una indemnización por valor de 400 millones de dólares a unas 3 mil familias residentes en las poblaciones antes indicadas.

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El fallo que tumbó la orden de indemnización 

Sin embargo, cuando las comunidades, seis indígenas pertenecientes a la etnia Zenú, y dos afrodecendientes, esperaban la consolidación de la sentencia para acceder a los recursos de indemnización, se conoció el fallo de la Sala Plena de la Corte Constitucional que tumbó la sentencia del 2017.

En esta ocasión, septiembre del año 2018, la Sala acogió los argumentos de la minera que pidió anular dicho fallo al argumentar que no existían exámenes científicos que comprobaran la relación entre la extracción del mineral con las enfermedades que padecen las comunidades.

En ese sentido también se negó la creación de un Fondo Especial de Etnodesarrollo para reparar a las supuestas víctimas de extracción de níquel. 

Dentro del nuevo veredicto se estableció que en caso de los procesos por enfermedades relacionadas a la operación de la mina, "el juez de tutela debe precisar el daño o perjuicio, el hecho generador del mismo, la razón por la cual la indemnización es necesaria para garantizar el goce efectivo del derecho, el nexo causal entre el accionado y el daño causado, así como los criterios para que se efectúe la liquidación por el juez competente", dice la Corte. 

Situación que ante la falta de un estudio científico dejó en vilo varias de las pretensiones interpuestas por supuestos afectados. Sin embargo, la Corte mantuvo la obligación a la minera para otorgar salud integral y permanente a los habitantes de los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, aledaños a la mina en Córdoba.

Medidas ambientales y de inversión social

Así las cosas, los integrantes de las comunidades Bocas de Uré, Centro América, Guacarí-La Odisea, Pueblo Flecha, Puente Uré (del municipio de San José de Uré), Puerto Colombia, del municipio de Montelíbano; Torno Rojo del municipio de Puerto Libertador, así como del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré, recibirían la suma de $148 mil millones de pesos destinados a tomar medidas ambientales y de inversión social.

Tras la caída del fallo inicial, se establecieron acuerdos entre la empresa y las comunidades vecinas, en uno  se incluyó una inversión social de más de $73 mil millones de pesos en los próximos 25 años, es el resultado del Diálogo Social que inició Cerro Matoso en octubre de 2013 para generar confianza entre las partes y así establecer una relación armónica con las comunidades vecinas a la operación minera”, explicaron las directivas de la empresa ferroniquelera.

La inversión se divide también en medidas ambientales de más de $75 mil millones de pesos, entre los cuales se destaca incrementar las estaciones de monitoreo en los siete corregimientos o veredas que están cerca de la operación.

Esto permitirá realizar, de forma conjunta y participativa con miembros de las comunidades consultadas, el monitoreo de agua, suelo y aire, tanto en la recolección de muestras como también en los trabajos de análisis y divulgación de los resultados.

Este medio trató de comunicarse con el líder indígena Zenú, Irrael Aguilar, asesor y vocero autorizado por las comunidades étnicas, pero no se quiso referir a los procesos jurídicos que se emprendieron en torno a las supuestas enfermedades causadas por la operación de la mina.

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No renunciarán a su derecho a ser indemnizados

Desde la firma de abogados De la Espriella Lawyers advierten que la firma de los acuerdos no significa que las ocho comunidades víctimas de Cerro Matoso renuncien a su derecho a ser reparadas administrativamente y por ello ahora el pleito entre los pueblos originarios y la empresa minera pasaría al Consejo de Estado.

En este sentido, la oficina jurídica anunció que procederá con el abogado del caso, Javier de la Hoz, a formular una "demanda de reparación administrativa ante la jurisdicción contencioso administrativa, cuya pretensión económica supera el billón de pesos".

Cerro Matoso, que comenzó a operar en 1982 y produce 39 mil toneladas de níquel anuales, es considerada como la más grande de Suramérica y la única del país en su campo.

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