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Tras una rigurosa evaluación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) realizada por la Contraloría General de la República en los departamentos de Cesar, Valle del Cauca y Sucre, se identificaron preocupantes deficiencias en la prestación de este vital servicio: durante el periodo del 9 al 11 de abril del presente año, se constató que más de 200 mil estudiantes han sido afectados por la falta de oportunidad en el suministro correspondiente.

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En un esfuerzo por garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el PAE, el ente de control informó que llevó a cabo visitas de supervisión en 18 instituciones educativas de los mencionados departamentos, donde se verificó en tiempo real la ejecución del programa.

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Los resultados de esta evaluación han revelado diversas irregularidades, entre las que se destacan la inoportunidad en la prestación del servicio, deficiencias en la infraestructura física de cocinas y comedores, problemas en el suministro de raciones y deficiencias en la situación laboral de las manipuladoras.

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En cifras, se estima que 201,321 estudiantes se han visto afectados por esta situación, tanto en el PAE mayoritario como en el indígena. La falta de adecuación en la infraestructura física de las instituciones educativas, junto con la ausencia de mecanismos de medición adecuados para el suministro de las raciones, ha contribuido a agravar esta problemática.

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Los departamentos de Cesar, Valle del Cauca y Sucre han sido especialmente afectados, con un total de 109.664, 1.461 y 90.196 estudiantes impactados respectivamente

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La Contraloría General de la República ha emitido un llamado urgente a todas las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) para que tomen medidas inmediatas que garanticen la prestación del servicio de alimentación escolar con calidad y de acuerdo a los estándares establecidos.

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Es fundamental que se adelanten los trámites administrativos, presupuestales y contractuales necesarios para asegurar que el PAE se brinde de manera efectiva, desde el primer día de clases hasta el final del calendario académico. Esta acción es crucial para garantizar el bienestar y el adecuado desarrollo de los estudiantes en todo el territorio nacional.