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En el sur de Bolívar se incrementó la violencia por disputas entre AGC y ELN.
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Presentan sexto informe de seguimiento a la paz

Desde la bancada alternativa del Congreso advierten que en Buenaventura no se ha empezado a ejecutar ninguna obra PDET.

Al presentar este jueves el sexto informe de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz con las Farc, varios senadores y representantes de la bancada alternativa del Congreso de la República advirtieron que en Buenaventura, Valle del Cauca, azotada la semana pasada por grupos de narcotráfico y levantada en protestas por su situación social y de seguridad, no se ha iniciado ninguna obra de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.

En materia de financiación y proyectos, preocupa que en la subregión del Pacífico Medio, compuesta por los municipios de Buenaventura, López de Micay, Guapi y Timbiquí, el Gobierno no ha empezado a ejecutar ni una sola obra PDET y no ha aprobado ni un solo proyecto Ocad Paz”, se lee en el reporte.

Así mismo, ponen de presente los legisladores que el 68% de los recursos del Ocad Paz se están destinando a municipios que no están priorizados (municipios no PDET) y de los que se destinan a PDET cerca de la mitad se concentra en solo cuatro subregiones: Sierra Nevada- Perijá, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Catatumbo y Macarena- Guaviare.

 En materia de seguridad, añade el documento, “preocupa el aumento de homicidios en tres subregiones: Alto Patía y Norte del Cauca, por el recrudecimiento de la guerra en Argelia (76,4%) y El Tambo (68,3%); en Macarena- Guaviare, el aumento de homicidios fue de 362% en La Uribe, 105% en Mesetas, y 69% en La Macarena por la presencia de disidencias; y en el sur de Bolívar por la disputa entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN”.

Frente a los 173 líderes asesinados en 2020, según la Defensoría del Pueblo, hace énfasis la bancada de oposición en que el 58,4% se concentra en cinco departamentos: Cauca (24,9%), Antioquia (11,6%), Putumayo (7,5%), Norte de Santander (7,5%) y Chocó (6,9%).

Además, el 61,3% se concentra en los municipios PDET (106 homicidios), “preocupando especialmente la situación de Tarazá (Antioquia) y Puerto Guzmán (Putumayo) con 7 homicidios cada uno, y de Algeciras (Huila) y El Tambo (Cauca) con 6 homicidios cada uno”.

Algunos de los firmantes son Juanita Goebertus y Angélica Lozano, de los verdes; Ángela Robledo, disidente de la Colombia Humana; José Daniel López y Temístocles Ortega, de Cambio Radical; Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; John Jairo Hoyos, de La U; Roy Barreras, disidente de La U, e Iván Cepeda, del Polo Democrático.

El informe fue elaborado en el marco de la función de control político del Congreso y las cifras de la implementación del acuerdo de paz tienen corte a diciembre de 2020.

El seguimiento incluye 22 visitas a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR y las Nuevas Áreas de Reincorporación, NAR. Algunas de estas fueron de manera virtual a causa de la pandemia.

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