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EFE
Política

Luz verde a vacuna contra la Covid gratuita y universal

Tras polémica por propuesta de pagos por parte de estratos 5 y 6, falta el aval del Senado para que sea una ley de la República.

La plenaria de la Cámara aprobó el pasado martes en segundo debate el proyecto de ley que declara de interés general la vacuna del coronavirus en el país, avalando que sea gratuita para todos los ciudadanos y no se les cobre a los estratos 5 y 6, como se había propuesto en primer debate.

El autor, el representante Ricardo Ferro, del Centro Democrático, celebró la gratuidad universal del medicamento: "Celebramos la aprobación en segundo debate de la plenaria de la Cámara de nuestro proyecto de Vacunas para Todos, en el cual queda establecida la gratuidad para todos los colombianos sin excepción alguna, garantizando el principio de universalidad y el derecho a la salud".

La proposición del cobro a los estratos 5 y 6 había sido del senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, quien dijo ayer a este diario que la justificación del planteamiento se basaba en que se calculaba que con los recursos que pagaran estos sectores se podían adquirir 3 millones de vacunas más para los ciudadanos de condición vulnerable.

Frente al contenido, el representante John Jairo Berrío, del Centro Democrático, ponente de la iniciativa, dijo al respecto: "La vacuna es gratis para todos los estratos socioeconómicos y dejamos un parágrafo para que la vacuna sea priorizada para los grupos poblacionales que se determinen".

Se trata del proyecto de ley N° 284 de 2020 Cámara – 333 de 2020 Senado, que lleva por título: "Por medio del cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra la COVID-19 y la lucha contra cualquier pandemia y se dictan otras disposiciones".

El articulado crea además estrategias para inmunizar, de manera gratuita, a la población colombiana frente a emergencias sanitarias generadas por esta u otra pandemia, que sean declaradas de interés general y prioritario, evitando las dificultades que tiene el Gobierno Nacional para destinar recursos y hacer inversiones de riesgo en productos médicos sobre los que todavía existe incertidumbre y permite establecer alianzas con actores internacionales y nacionales que le permitan reforzar la inmunización de los ciudadanos.

Es decir, según el ponente, "crea mecanismos adecuados y el marco jurídico para que el Gobierno adquiera las vacunas que permitan afrontar de manera rápida y eficaz cualquier emergencia sanitaria".

Así mismo, la iniciativa crea el marco legal para que los privados puedan aportar económicamente para la compra de estas vacunas a cambio de descuentos por concepto de donaciones, prioriza alianzas para adquirir recursos y firmar convenios con comunidades científicas y laboratorios internacionales.

El proyecto genera también mecanismos especiales para que los organismos, como la Contraloría General de la República, ejerzan sus funciones de control fiscal sobre todas las actuaciones relacionadas con la adquisición de las vacunas.

"Esperamos que en el primer semestre del año 2021, Colombia adquiera 15 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y cuando se tengan las vacunas, los primeros beneficiarios serán el personal médico, seguido por los mayores de edad y posteriormente la recibirán las personas que tengan enfermedades de base", explicó Berrío.

Al articulado, que tiene mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque, le resta un debate en la plenaria del Senado para convertirse en ley de la República.

Ayer, sin embargo, surgió otra polémica en la cámara baja por la responsabilidad que les cabría a las farmacéuticas por los efectos de la vacuna.

"La plenaria de la Cámara por solicitud del Gobierno exime de responsabilidad a las farmacéuticas por los efectos de la vacuna. Todo indica que estamos negociando creyendo que consigue más el que más se arrodilla", advirtió la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde.

Por su parte, el representante César Lorduy, de Cambio Radical, puso de presente: "No he podido encontrar un solo país que haya logrado que estas compañías adquieran la responsabilidad de manera directa".

En otra arista de la discusión, acerca de la creación de un consejo que revisará los detalles de la vacuna, la representante Martha Villalba, de La U, planteó: "Es necesario que el concejo deba pronunciarse también sobre la gravedad del efecto adverso de la vacuna, es decir, si es grave o leve, de forma que los efectos secundarios propios queden debidamente identificados".

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