El Heraldo
El presidente Iván Duque en la instalación de la pasada legislatura 2020 del Congreso de la República.
Política

La ley del Montes | ¡No juegue con candela, Presidente!

La clase media —la gran damnificada del coronavirus— es también la más afectada con la reforma tributaria del Gobierno.

El Gobierno nacional no ha ahorrado esfuerzo alguno en tratar de vender como una reforma bondadosa lo que es en realidad una iniciativa perversa y afrentosa contra la inmensa mayoría de los colombianos, representados en una maltrecha y agonizante clase media, cuyos ingresos escasamente les alcanzan para sobrevivir en medio de una pandemia que no da respiro. Exprimir hasta la última gota de sudor de quienes estiran su salario mensual, así como sus precarios ingresos, parece ser el propósito de quienes diseñaron la llamada pomposamente reforma de “Solidaridad Sostenible”, que no es nada distinto a una reforma tributaria.

Dicha reforma “solidaria y sostenible” tiene como propósito sanear las cuentas fiscales del país y recaudar vía impuestos 23,4 billones de pesos, que servirían –según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla– para garantizar la permanencia de programas sociales como Ingreso Solidario. De esta forma quedaría cubierto el 38 % de la población –unas 19 millones de personas– que conforman cerca de 4,7 millones de hogares.

Los recursos que se obtengan también servirían –según el Ministerio de Hacienda– para sostener y mantener los programas sociales vigentes, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.

Aunque el Gobierno insiste en el carácter social de la reforma, lo cierto es que la “solidaridad” que pregona la iniciativa se soporta casi que de forma exclusiva en la clase media, que ha sido la gran damnificada con el coronavirus. Es una clase media empobrecida y pauperizada por cuenta de la pandemia. Los estratos 4 y 5 –por ejemplo– con los que el Gobierno hace cuentas alegres están conformados hoy en día por familias que escasamente tienen para pagar arriendo o créditos hipotecarios, servicios públicos y comer dos veces al día. El Gobierno debería reconocer que una cosa eran los estratos 4,5 y 6 antes de la pandemia y otra bien distinta después de la pandemia, cuando más de 4.000.000 de personas se han quedado sin empleo.

Pero mientras el Gobierno exprime de forma indolente y cínica los bolsillos de la clase media colombiana, se muere de susto a la hora de meterle el diente al sector financiero, que ha sido uno de los grandes beneficiados con la pandemia, no solo por el tratamiento preferencial que ha recibido, sino porque mantiene en sus arcas buena parte de los recursos destinados para ayudar a los más damnificados con la pandemia.

Para el ministro de Hacienda sería “inconveniente” establecer nuevos gravámenes a los bancos, pero sí le parece conveniente poner a pagar a los estratos 4,5 y 6 un IVA del 19 por ciento en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. Se le olvida al ministro Carrasquilla que dichos estratos ya financian –vía subsidios– la prestación de los servicios públicos a los estratos 1 y 2. Es decir, al Gobierno nacional le duele la suerte de los bancos, pero no la de millones de colombianos que a duras penas tienen para comer y para pagarles a esos mismos bancos a los que protege.

Pretender fijar gravámenes sobre las mesadas pensionales –consideradas por el Gobierno “megapensiones”, a partir de los $4.800.000 millones– es otra salida en falso. No solo se trata de meterle la mano a los ahorros de toda la vida de quienes disfrutan de lo que trabajaron honestamente durante muchos años, sino que llevaría a desertar a quienes aún creen que el ahorro pensional es una buena opción para poder disfrutar de un merecido descanso al final de sus días.

Pero, además, olvida el Gobierno que en las actuales circunstancias de pandemia es la pensión de los padres o abuelos la que muchas veces permite la supervivencia de la familia. ¿Cuántos hijos o nietos desempleados viven hoy de la pensión que reciben sus padres o abuelos? ¿Cuántos pagan sus matrículas en colegios y universidades gracias a las pensiones de padres y abuelos?

De manera que lo más conveniente que podría pasarle al Gobierno, al Congreso y al país es tramitar una reforma tributaria menos hostil y agresiva contra la clase media y asalariada del país. Insistir en una iniciativa que terminaría por empobrecer aún más a quienes apenas sobreviven por cuenta del coronavirus es no solo indolente, sino arriesgado en términos de armonía social. 

Para no hablar del enorme costo político que pagaría el Gobierno nacional y los partidos y movimientos que lo respaldan de cara a unas próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Es servirle en bandeja de plata la bandera electoral a sus opositores, quienes se frotan las manos al ver cómo el Gobierno y sus aliados se convierten en sus “jefes de campaña”.

¿Cuál es el costo económico, político y social de la reforma de “Solidaridad Sostenible” sometida por el Gobierno al Congreso para su aprobación?

Una reforma tributaria que juega con candela

Los antecedentes muestran que las reformas tributarias que entran al Congreso para su aprobación no salen igual a como fueron radicadas: salen peor. Ojalá que en esta oportunidad las cosas cambien. Pero lo que sí es claro es que quienes aprueben esta iniciativa presentada por el Gobierno –que atenta contra la clase media y los asalariados del país– corren el riesgo de fracasar en su intento de volver a ocupar curules a partir del próximo año. ¿Hay algún colombiano dispuesto a votar por los congresistas que aprueben el pago del 19 por ciento de IVA a los servicios públicos domiciliarios? ¿Quiénes están dispuestos a votar por aquellos que respalden el incremento en los precios de algunos productos de la canasta familiar, que es lo que ocurriría con los que pasen del régimen de exentos al de excluidos de IVA, como pasaría con el pollo y los huevos? Que sepa el Gobierno nacional y sus aliados políticos que están jugando con candela. Esta no es la reforma tributaria que el país requiere en estos momentos de pandemia. No es cierto que la iniciativa busque que quienes ganen más paguen más, como pregona el ministro Carrasquilla, puesto que la reforma se descarga casi toda en la clase media y asalariada del país.

¿Y la corrupción, la evasión y el derroche?

De acuerdo con el Gobierno, de los 23,4 billones de pesos que aspira recaudar con la reforma de “Solidaridad Sostenible”, unos 7,3 billones serían destinados para el sostenimiento y financiación de los programas sociales, mientras que los 16,1 billones de pesos restantes irían a la bolsa pública de recursos para tapar parte del hueco fiscal. Buena parte de la obtención de esos recursos tendrían como principal fuente los impuestos a las personas naturales –tanto de renta como de patrimonio–, pensiones y dividendos, así como la modificación y ampliación del IVA. Traducción: esa plata saldrá de los bolsillos de millones de colombianos que apenas tienen para comer y vestir, pero que ahora con lo poco que les queda también deben ayudar a tapar el hueco que produce la corrupción, la evasión y el derroche en el gasto público. ¿Dónde están los resultados de la lucha contra la corrupción? ¿Y contra la evasión? ¿Y la austeridad en el gasto, tan pregonada por Duque en tiempos de campaña?

¿Dónde están los bienes de la mafia y de las Farc?

De acuerdo con la Contraloría General de la República, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra cerca de 49.000 bienes incautados a organizaciones criminales, avaluados en cerca de 8,5 billones de pesos. La lista incluye haciendas, edificios, apartamentos lujosos, vehículos de alta gama, obras de arte y lingotes de oro, entre otra clases de bienes. Son pocos los depositarios y administradores que rinden cuentas transparentes de dichos bienes. La llamada Ley de Extinción de Dominio de poco o nada ha servido para que de forma expedita el Estado pueda recuperar y disponer de las propiedades incautadas. La lista de funcionarios de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) –liquidada en 2015 por corrupción– que están siendo investigados o están presos por corruptos es tan larga como la de los bienes incautados a la mafia. ¿Qué ha hecho el Gobierno para sanear dichos bienes y poder disponer de ellos, justo en estos momentos en que los bolsillos de los colombianos no resisten un impuesto más? ¿Dónde están los bienes de las Farc? ¿Cuántos son y a cuánto ascienden? ¿Quién les pide cuentas de esas propiedades a los antiguos cabecillas que hoy con cinismo exigen cuentas al Gobierno? En resumen, el desorden y el caos reinante en el Estado colombiano –que ni siquiera es capaz de administrar lo que incauta o de exigir la entrega de bienes adquiridos mediante extorsiones o secuestros– hace que el Gobierno tome el camino más fácil a la hora de buscar más recaudos, que no es otro que meterle las manos a los bolsillos de colombianos que trabajan de forma honesta de sol a sol.

Austeridad sí, pero la de los demás

Tanto gobierno como congresistas son felices hablando de la austeridad en el gasto. Pero se refieren al gasto de los demás, porque si se trata de los suyos lo que se encuentra es derroche por montón. Punto. Cada presidente que llega a la Casa de Nariño trae un par de nuevas altas consejerías bajo el brazo, incluyendo a Duque que de candidato dijo que las acabaría. Hasta la nueva reforma tributaria (Solidaridad Sostenible) crea una nueva entidad con título rimbombante: el Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible (Fonclima), que tendrá gastos de funcionamiento, que incluye un director ejecutivo y siete consejeros, de los cuales tres tendrán sueldo fijo. Es decir, el Gobierno no solo no recorta el gasto, sino que lo incrementa. ¡Qué tal! Obviamente que los primeros beneficiados con la creación de Fonclima serán los congresistas que tendrán una entidad para enviar hojas de vida de sus recomendados. Pero al igual que sucede con el Gobierno, los congresistas son felices hablando de la austeridad de los demás. Pero ¿cuándo hablarán de la suya? Ni siquiera han sido capaces de bajarse el sueldo, ni sus gastos de representación, ni han reducido la nómina de sus UTL, ni su esquema de seguridad con decenas de camionetas blindadas y escoltas para ellos y hasta para miembros de su familia. Esa austeridad si no les gusta.

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