Una de cada cuatro ciudadanos reciben sobornos a cambio de votos en las elecciones nacionales y locales.
Una de cada cuatro ciudadanos reciben sobornos a cambio de votos en las elecciones nacionales y locales. Shutterstock

Al 40% de los colombianos le han ofrecido soborno por el voto

El Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, de Transparencia Internacional, revela que la Policía es la institución más propensa “a pedir o recibir pagos”.

Política

El Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, de Transparencia Internacional, revela que la Policía es la institución más propensa “a pedir o recibir pagos”.

Colombia ocupa el cuarto lugar, después de México, República Dominicana y Brasil, en el índice de compra de votos de los países latinomaericanos, según el Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, informe realizado por Transparencia Internacional.

Según el informe, al 40% de los colombianos les han ofrecido sobornos a cambio de votos, en los último 5 años.

Al referirse al caso de Colombia, en el informe se explica esta prática:  “Los operadores corruptos ofrecen regalos o beneficios a los ciudadanos o ejercen presión sobre los votantes de otras maneras, incluso empleando tácticas de miedo para obligar a los ciudadanos a votar por un candidato específico. La compra de votos aumenta los costos ocultos de las campañaspolíticas, lo que hace que se dificulte vigilar el financiamiento político”.

 Incluso, hace unas semanas el Consejo Nacional Electoral reveló que de  117.800 candidatos a distintas corporaciones en el país, solo 354 han reportado sus gastos de campaña en el aplicativo Cuentas Claras.

“Nuestros resultados demuestran que uno de cada cuatro ciudadanos reciben sobornos a cambio de votos en las elecciones nacionales, regionales o locales”, añade Transparencia Internacional.

Esta práctica refleja la percepción que tienen los ciudadanos sobre la corrupción en el país.

En el ‘Barómetro Global de la Corrupción’, la institución que lleva la bandera como la entidad con más personas corruptas, según la encuesta realizada a los ciudadanos, es el Parlamento, con el 64%.

Le sigue la Presidencia, con el 55%; los empleados públicos, con el 48%; los empleados públicos locales, con el 45%; los jueces y magistrados, con el 47%, y  la Policía, con el 42%.

Al comparar con el informe de 2017, aumentó un 10% la percepción de corrupción de los jueces y magistrados.

Ante ello, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, explica: “Que los Jueces y Magistrados sean percibidos tan negativamente por la población puede ser resultado de la fórmula de la impunidad que hace que la corrupción continúe siendo un ‘negocio que paga’. Los vencimientos de términos, los beneficios de casa por cárcel a personas involucradas en estos hechos y las bajas sanciones penales han incrementado la demanda ciudadana por lograr mayores castigos a los corruptos”.

Así mismo, el 52% de los colombianos encuestados consideran que el nivel de corrupción en el país ha aumentado en los últimos 12 meses.

No obstante, en 2017, era mayor el número de colombianos que señalaban este aumento (61%).

El 36% considera que la corrupción se mantuvo igual, el 11% dice que disminuyó y !% no sabe.

Según el informe, Perú y Colombia registran el porcentaje más alto de ciudadanos que consideran que la corrupción es el problema más grave de su país. (96% Y 94% respectivamente).

Ante ello, también hay una negativa de los ciudadanos frente al trabajo que adelanta el Gobierno Nacional para combatir la corrupción.

El 57% de los encuestados cree que el Gobierno está haciendo un mal trabajo. Esta percepción se presenta en un mayor nivel en ciudadanos entre los 18 y 35 años, lo que corresponde al 66%.

“Estas cifras podrían reflejar que hay una generación que está siendo más crítica frente a la labor del Estado. Nos encontramos en un momento clave, donde la ciudadanía reclama resultados al Gobierno en esta materia, exige menos retórica y más acciones concretas”, explica el director ejecutivo de Transparencia por Colombia Andrés Hernández.

Los servicios y pagos de sobornos. De acuerdo con el informe, el 20% de los encuestados que utilizaron servicios públicos afirman que en los últimos 12 meses pagaron un soborno.

De estos, el 32% sostuvo que el soborno les fue solicitado, el 24% afirmó que  lo hizo porque esperaba un pago extraoficial, 16%  pagó sobornos para agilizar procesos y el 20% lo hizo para expresar agradecimiento por el servicio recibido.

 La institución más propensa a pedir o recibir sobornos en Colombia es la Policía (26%) y los prestadores de servicios públicos (15%) y de documentos de identidad (15%).

La sextorsión. La extorsión secual o sextorsión ocurre cuando un funcionario dice que dará un beneficio del Gobierno (como un servicio más rápido, aprobación de documentos, un trabajo o evitar una multa o prisión) a cambio de un favor sexual.

Es la primera vez que el BarómetroGlobal de la Corrupción incluye esta variable en el informe de corupción, la cual representa según Transparencia por Colombia, una de las formas más significativas de corrupción basadas en el género.

En el país, 16% dice haber vivido o conocido un caso de extorsión sexual, siendo las mujeres las más afectadas por esta situación. El 82% de los encuestados cree que la extorsión sexual ocurre ocasionalmente.

¿Y si denuncias?

Una de las maneras para combatir la corrupción es denunciar estas prácticas. Sin embargo, esta acción se complica cuando el 78% de los encuestados, en Colombia, sostienen que si denuncian, sufrirán represalias.
Lo anterior manifiesta el miedo de los colombianos  a  denunciar este tipo de actos.  A pesar de ello, el 78% considera que las personas pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción.
Pero un dato que podría asociarse al aumento de la mala imagen de los jueces y magistrados es que el 58% de los encuestados afirma que es poco probable que el reportar un hecho de corrupción conduzca a la adopción de medidas. 
Ante ello, Transparencia por Colombia hizo un llamado al Gobierno para desarrollar un marco legal que le brinde protección a los denunciantes de corrupción.

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