Un comité y una universidad harán recomendaciones, se dará prioridad a legisladores actuales con buena gestión y la Dirección Nacional tendrá la última palabra.
El desencuentro principal radica en el monto del proyecto de la renta pública para el año entrante, pues distintos sectores piden bajar la cantidad.
La cartera advirtió riesgos fiscales, jurídicos y de sostenibilidad financiera que podrían comprometer el futuro del sistema de crédito educativo.
De acuerdo con ministro, el togado estaría dilatando el proceso de revisión de la iniciativa oficialista en el alto tribunal.