Pocas personas han hecho tanto daño a la Rama Judicial en Colombia como José Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Tanto daño le hizo que su condena de apenas 10 años, proferida por esa alta corporación, luce insuficiente y laxa. En su condición de magistrado, Bustos no encarnó la majestad de la justicia, sino que evidenció la pestilente podredumbre de la administración de la misma en Colombia. El tristemente célebre “cartel de la toga” tiene en Bustos y en Francisco Ricaurte –ambos expresidentes de la Corte Suprema– sus máximos exponentes.
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El castigo a Bustos tardó 9 años, demasiado tiempo para alguien que buscó y encontró decenas de atajos para evadir la sanción por parte de quienes fueron sus colegas, amigos o subalternos. La última artimaña de la que se valió fue la del asilo en Canadá, país que lo acogió por su presunta condición de perseguido político.
Ese atajo tramposo debe desmontarse de inmediato a fin de que Bustos sea extraditado, para que comparezca ante la justicia en Colombia, pague su pena y –sobre todo– contribuya a desmantelar de una vez y para siempre el siniestro entramado de corrupción que terminó cooptando buena parte del poder judicial en Colombia.
De todos los delitos de los que ha sido señalado –todos muy graves– Bustos terminó condenado por cobrar coimas a cambio de fallos amañados. En la sentencia, la Corte Suprema sostiene que su expresidente contribuyó a la creación de una “organización criminal”, de la que también hicieron parte sus excolegas Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino, así como abogados litigantes, como Luis Gustavo Moreno. Dice la Corte Suprema que Bustos “aceptó promesas remuneratorias para favorecer a congresistas”.
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El 3 de septiembre del 2017, en estas mismas páginas de El Heraldo, escribí una Ley del Montes –titulada “Una poderosa red criminal”– en la que me refería a la forma como operaba “la poderosa organización que desde la propia Corte Suprema de Justicia extorsionaba congresistas y de la que harían parte expresidentes del alto tribunal, abogados y funcionarios de la Fiscalía General”. Uno de los cabecillas de esa “poderosa organización criminal” era José Leonidas Bustos.
En esa Ley del Montes de septiembre del 2017, citaba la siguiente frase textual de Bustos, que muestra el cinismo y la desvergüenza de quien fuera uno de los presidentes de la Corte Suprema: “Uno se pregunta –afirmó Bustos en aquella oportunidad ante sus colegas magistrados– por qué en estos momentos nació la idea tan puntual de investigar y juzgar a los magistrados de alta corte. Yo escucho en las noticias, incluso a varios representantes, senadores, periodistas, ministros y exministros decir: es que nunca hemos visto a un magistrado rindiendo indagatoria. Es que los magistrados no tienen ni Dios ni Ley. Y yo les pregunto a ustedes, ¿es que acaso de los magistrados existen evidencias o fundamentos probatorios de que están cometiendo delitos? Yo podría perfectamente decirle a toda la ciudadanía, y casi que esto constituye un reto, que si tiene pruebas contra un magistrado de la Corte, que es lo que a mí me concierne, yo sería el primero en denunciar esa conducta delictiva”.
Pues bien, nueve años después, la propia Corte Suprema demostró que sí había fundamentos probatorios suficientes para condenar a Bustos, por hacer parte fundamental del llamado “cartel de la toga”.
¿Cuál fue el papel de José Leonidas Bustos en el “cartel de la toga” y por qué es importante que regrese al país –extraditado– para que contribuya a desmantelar la “poderosa organización criminal” de la que hizo parte? Veamos:
Exmagistrado Bustos, gran protagonista del “cartel de la toga”
Uno de los testimonios fundamentales para la condena del expresidente de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos, fue el del exsenador de Córdoba, por el partido de La U, Musa Besaile, quien sostuvo que Bustos fue el destinatario final de la suma de 2.000 millones de pesos que entregó al entonces abogado litigante Luis Gustavo Moreno, cuyo objetivo sería el de “parar” la orden de captura proferida contra el senador cordobés, entre 2014 y 2015.
Eran los tiempos de la llamada “parapolítica”. De acuerdo con el testimonio de Besaile ante la Corte Suprema, el abogado Moreno inicialmente pidió 6.000 millones, pero al final “negociaron” 2.000 millones. Moreno sería nombrado –y después destituido– “fiscal anticorrupción” por el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez. Luego se supo que tanto Moreno como Bustos y Ricaurte hacían parte de una red criminal dedicada a extorsionar congresistas y excongresistas a cambio de no ordenar su captura.
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La destitución de Moreno como fiscal anticorrupción obedeció a que se comprobó que extorsionaba al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para no continuar con las investigaciones que su despacho adelantaba en su contra. Esa fue la principal razón por la cual Néstor Humberto Martínez lo destituyó. En aquella oportunidad también cayó el socio de Moreno, el abogado Leonardo Pinilla.
Conducta criminal de Bustos, una de las mayores vergüenzas en la historia de la Rama Judicial
En La Ley del Montes del 3 de septiembre del 2017 escribí en estas páginas de El Heraldo, sobre el magistrado Bustos y su papel en la poderosa “red criminal”, lo siguiente: “Si lo que Musa Besaile contó a la Corte Suprema es cierto, entonces estamos en presencia de un horripilante hecho que tiene que ver con la confirmación de una poderosa red criminal, que tendría como cabecillas a los togados Bustos y Ricaurte, así como abogados y funcionarios y exfuncionarios de la Fiscalía General.
Es decir, una vergüenza sin antecedentes en la historia de la Rama Judicial colombiana. ¡Qué tristeza y qué dolor, el tener que ver a dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, envueltos en semejante escándalo!”. Con la condena de 10 años que acaba de recibir el exmagistrado Bustos quedó demostrado –¡por desgracia!– que de la mano de Bustos –entre otros– la sal de la justicia se corrompió en Colombia.
Aunque es muy bueno que sea la propia Corte Suprema la que condene a uno de sus expresidentes, es triste y lamentable que se hubiese demorado tanto tiempo para hacerlo. De igual manera, la pena impuesta debió ser mucho más ejemplarizante.
¿Cuántos inocentes condenó y cuántos culpables absolvió el exmagistrado?
El regreso –extraditado– del exmagistrado Bustos a Colombia –para que pague las cuentas pendientes por su actuación criminal– debería servir para terminar de armar el rompecabezas del matrimonio perverso que conformaron algunos congresistas con varios ex magistrados de las altas cortes.
¿Cuántos inocentes condenó el corrupto Bustos y cuántos culpables absolvió? ¿Quiénes más participaron de esa poderosa organización criminal? ¿Cómo se articuló su relación con el gobierno de la época? ¿Cómo fue su alianza criminal con el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Gustavo Malo, también condenado por el llamado “cartel de la toga”? ¿Cómo y de qué forma se dio su relación con el entonces senador conservador de Córdoba, Julio Manzur, también condenado por parapolítica?
En fin, son muchas las preguntas y pocas las respuestas que –hasta ahora– se tienen sobre los tentáculos y los verdaderos alcances del llamado “cartel de la toga”. Buena parte de todas esas respuestas pasan –necesariamente– por la figura del ex magistrado Bustos.
Bustos y el computador de “Raúl Reyes”, ¿por qué despreció su contenido?
En tiempos de la negociación del gobierno Santos con las Farc, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, se convirtió en uno de sus defensores. “El derecho no puede ser obstáculo para la paz”, fue una de las frases con las que justificó los acuerdos. En aras de la consecución de la paz todo podía permitirse, en materia legal, era su argumento. Su amigo Eduardo Montealegre –después ministro de Justicia de Petro– también se sumó.
Justificaron en todo momento la negociación, aún en los puntos controversiales. De hecho, el contenido del computador de alias “Raúl Reyes”, dado de baja por el Ejército colombiano en territorio ecuatoriano, fue desechado en el 2011 por el entonces vicepresidente de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos, con el argumento de que los “agentes estatales no pueden producir pruebas judiciales más allá de las fronteras”.
Gracias a Bustos, las pruebas contenidas en el computador no sirvieron para construir procesos en contra de las Farc y de sus aliados políticos en el país. Ya es hora, pues, de que Bustos pague por todos sus delitos. Nunca es tarde para que reciba su castigo por ellos. Punto.
