La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió sobre el riesgo que hay en 170 municipios de país por posible fraude y violencia en las próximas elecciones legislativas y presidenciales previstas para marzo y mayo, respectivamente, (o junio, en caso de una segunda vuelta).
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“Para las elecciones nacionales de 2026, hay 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral donde coinciden factores indicativos de fraude y violencia en el país. De estos, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio”, indicó Alejandra Barrios, directora de la MOE.
Estas conclusiones se desprenden de un estudio llamado ‘Mapas y Factores de Riesgo Electoral – Elecciones nacionales 2026’, un elaborado por un grupo técnico de 37 analistas e investigadores que trabajan en 17 instituciones, entre universidades, centros de pensamiento, observatorios y organizaciones no gubernamentales especializadas.
El análisis destaca que, mientras en las elecciones de 2022 se registraron 131 municipios en riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude y violencia, para 2026 la cifra se elevó a 170, lo que representa un incremento del 29,7 %. Para la organización, el dato que más llama la atención es el del riesgo extremo, que pasó de 49 municipios en 2022 a 81 para 2026, lo que se traduce en un crecimiento del 65,3 %.
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“Se destacan la concentración y aumento en los niveles de riesgo en los municipios donde coinciden estos dos factores. Esto se puede observar en las seis subregiones que, de acuerdo con el estudio, requieren una atención prioritaria”, señaló Barrios haciendo referencia a Arauca, el Nordeste Antioqueño y sur de Bolívar, andén Pacífico, norte del Cauca, Suroriente colombiano (algunos municipios de Meta, Caquetá y Guaviare), y medio y bajo Putumayo.
El Cauca es uno de los departamento que concentra el mayor número de municipios con algún tipo de riesgo electoral: 19 de los cuales 14 pasaron de no tener riesgo en las elecciones de 2022 al nivel mayor de riesgo en 2026.
Excluyendo a Bogotá “por sus dinámicas urbanas específicas”, estos 170 municipios tienen 4.564.177 personas habilitadas para votar, lo que representa el 11 % del censo electoral. “Estos datos permiten dimensionar la magnitud territorial y operativa que enfrenta el Estado para mitigar los riesgos que identificó el grupo técnico que elaboró el estudio y garantizar el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía”, aseguró Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE.
Para la Cámara de Representantes, el estudio adelantado por la MOE encontró que 383 municipios y corregimientos departamentales (34,1 %) presentan algún nivel de riesgo: 64 tienen riesgo extremo, 100 alto y 219 medio.
En cuanto a factores indicativos de fraude electoral para el Senado, 334 municipios y corregimientos departamentales (29,8 %) presentan riesgo: 46 están en riesgo extremo, 91 en alto y 197 en medio, según los datos consolidados.
“La MOE pide especial atención a los 27 municipios que están en riesgo extremo tanto para la elección de Cámara como de Senado, de los cuales una tercera parte (9) están ubicados en Córdoba, y seis en Antioquia”, concluyó Barrios.
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Uno de los datos que más preocupa es que, de acuerdo con la investigación, desde el 2018 ha habido un “aumento leve pero sostenido” del riesgo por factores de violencia, lo que “evidencia las limitaciones en la implementación integral del Acuerdo de Paz y la persistencia de vacíos de seguridad en los territorios”.
El grupo técnico que elaboró el análisis alertó especialmente sobre la situación en Guaviare, donde todos los municipios están en riesgo extremo por factores de violencia. Destacan, igualmente, es que 75 de los 126 municipios que están en alerta máxima por violencia hacen parte de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).
