La realización de las consultas presidenciales previstas para el 8 de marzo quedó bajo la lupa del Consejo de Estado tras la presentación de una demanda que busca anular la resolución con la que el Consejo Nacional Electoral fijó esa fecha, en coincidencia con las elecciones al Congreso.
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La demanda fue radicada ante la Sección Quinta del alto tribunal por los abogados Juan Esteban Galeano y Martín Emilio Cardona, y quedó asignada a la magistrada Gloria María Gómez Montoya. El recurso solicita dejar sin efectos la Resolución 01542 del 1 de abril de 2025, acto administrativo que formalizó la convocatoria de las consultas presidenciales.
De acuerdo con los accionantes, el CNE habría desconocido disposiciones de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que regula los procesos internos de los partidos y movimientos políticos.
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Uno de los ejes centrales de la demanda es la presunta vulneración del principio de igualdad entre colectividades. Según el escrito, la ley establece que las consultas para definir candidatos a un mismo cargo deben realizarse en condiciones equitativas para todos los partidos que opten por ese mecanismo.
En ese sentido, los demandantes sostienen que la consulta presidencial ya fue realizada el 26 de octubre de 2025, cuando el Pacto Histórico escogió a su candidato, Iván Cepeda, en una jornada que superó los 2,7 millones de votos y que, a su juicio, produjo efectos jurídicos plenos.
Riesgos electorales y costos públicos
La acción también advierte que permitir una nueva consulta presidencial en marzo podría alterar la competencia electoral, fragmentar la expresión del electorado y generar una carga adicional para las finanzas públicas, debido a los costos de organización y reposición de votos.
Por esa razón, se pidió al Consejo de Estado decretar una medida cautelar que suspenda las consultas presidenciales mientras se resuelve el fondo del litigio, para evitar decisiones que, según los demandantes, no tendrían marcha atrás.
¿Cuál sería el escenario si prospera la demanda?
Si el alto tribunal accede a las pretensiones, las coaliciones que tienen previsto acudir a las consultas —entre ellas la Gran Consulta por Colombia y el Pacto Amplio— deberán definir otros mecanismos para seleccionar a sus candidatos, o asumir el escenario de llevar aspirantes individuales a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
