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Por:  Óscar Montes
  1. ¿Sabía o no de la violación de los topes electorales por parte de su campaña? Después de casi tres años de investigación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) comprobó que la campaña de Gustavo Petro en el 2022 violó los topes electorales y dispuso de recursos prohibidos por más de 5.300 millones de pesos. Es un hecho gravísimo. Estamos en presencia de un mandato presidencial ilegítimo. Petro ganó con trampas. Punto. Ahora serán la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, las que determinen la responsabilidad penal del gerente de la campaña, el hoy flamante presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; y del propio Petro, quien -como directo beneficiario de la trampa- deberá responder por su conducta. No deben quedar dudas sobre la gravedad de los hechos: la violación de los topes benefició única y exclusivamente al candidato Petro, que fue quien ganó la Presidencia. El origen de los recursos también es un asunto delicado y grave. Petro ha dicho que nunca entraron dineros del narcotráfico a su campaña, pero no es la persona indicada para decir si algo tan grave ocurrió o no. Serán las autoridades las que lo definan. Ahora bien, descalificar al CNE -como hace Petro- es buscar atajos para evadir su responsabilidad. Ya se volvió recurrente en Petro cuestionar a quienes lo investigan, buscando con ello minar su credibilidad ante la opinión pública. Se trata de un recurso rastrero y ruin impropio de quien ocupa la jefatura del Estado.
  2. ¿Es malo que grupos económicos financien candidatos de derecha, pero es bueno que organizaciones sindicales financien candidatos de izquierda? Al referirse a la financiación de su campaña, Petro esgrime un argumento falaz y cínico. Sostiene que la financiación de su campaña la cuestionan porque recibió aportes de organizaciones sindicales, pero que no sucede lo mismo con la financiación de los grandes grupos económicos a las demás campañas. Falso de toda falsedad. Lo que la ley prohíbe es la violación de los topes, no que los aportes provengan de grupos económicos u organizaciones sindicales. Es decir, no se trata de castigar que la USO o Fecode hayan aportado a la campaña de Petro en el 2022, sino que con esos recursos la campaña incurrió en la violación de los topes permitidos por la ley. El argumento “ideológico” de Petro busca evadir -hábilmente- su responsabilidad como único beneficiario de la trampa cometida por su campaña. Para Petro es malo que un gremio económico apoye un candidato de derecha, pero le parece bueno que un sindicato haga lo propio con uno de izquierda. Por eso, cuando lo investigan por la presunta ilegalidad se declara “sorprendido y perseguido”.
  3. ¿Condenará la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara a Gustavo Petro? No es gratis que a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la llamen la Comisión de “Absolución”. Ese remoquete se lo ganó a pulso. Para eso fue creada: para absolver a los presidentes, no solo a Petro. Por esa razón, los mandatarios -todos- apenas se posesionan lo primero que hacen es asegurarse de tener mayorías en la Comisión de “Absolución” y poder contar con “representantes investigadores amigos”. En esta oportunidad los integrantes de la Comisión de Acusación podrían hacer una investigación rigurosa y seria, que permita establecer de forma clara y contundente si la campaña de “Petro presidente 2022”, violó o no los topes electorales y -sobre todo- si el entonces candidato sabía o no de ese delito. ¿Hay pruebas para demostrar que tenía conocimiento de ello y que dicha violación de los topes no ocurrió a sus “espaldas”, como argumentó en su momento Ernesto Samper, sobre el ingreso de dineros del cartel de Cali a su campaña en 1994?
  4. ¿Qué tanto conocía Petro de las actividades del general Juan Miguel Huertas y de Wílmar Mejía? La revelación de Noticias Caracol, sobre la presunta infiltración de alias Calarcá, tanto al Ejército, como a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), causó una enorme conmoción nacional. Tanto Huertas como Mejía son hombres de confianza de Petro y aparecen mencionados en los computadores incautados al jefe guerrillero disidente de las Farc. Se trata de otro hecho gravísimo, que compromete la seguridad nacional. Petro -para variar- volvió a descalificar a quienes hicieron la investigación en el Canal Caracol de Televisión. No piensa igual el procurador Gregorio Eljach, quien suspendió tanto a Huertas como a Mejía. En su alocución del viernes, Petro no solo volvió a calificar como “falsas” las denuncias de Noticias Caracol, sino que cuestionó la decisión del Procurador de sancionar a sus dos funcionarios. El negacionismo de Petro -sobre todo lo grave que ocurre con su gobierno- es tan alarmante como sospechoso. Punto.
  5. ¿Condiciona Petro las investigaciones de la Fiscalía y se entromete en sus asuntos? Petro -como todos los presidentes- goza del privilegio de obtener información de primera mano. Pero a diferencia de sus antecesores, Petro compartimenta la información que recibe. Es decir, no la traslada a las autoridades competentes, sino que hace uso discrecional y preferente de dicha información. Por ello muchas veces da la impresión de que Petro maneja información que la Fiscalía General no conoce. Y eso no es bueno. En el caso del atentado a Miguel Uribe Turbay, por ejemplo, las hipótesis planteadas por Petro difieren de las dadas a conocer por la Fiscalía. ¿Qué sabe Petro que la Fiscalía ignora? Sobre la supuesta infiltración de las disidencias de alias Calarcá sucede lo mismo: mientras Petro descalifica las versiones de los medios de comunicación, la Fiscalía les da absoluto crédito. Petro habla del uso de “Inteligencia Artificial (IA) en las investigaciones publicadas, mientras la Fiscalía avanza sobre evidencias concretas y verificables encontradas en los computadores de Calarcá. La intromisión de Petro en los asuntos de la Fiscalía es de suma gravedad. Aunque piense lo contrario, lo cierto es que Petro no es el jefe de la Fiscal General. Por ello no es sano -ni conveniente- que Petro “ordene” a la Fiscalía realizar análisis forenses para verificar la autenticidad de los archivos encontrados en el computador de Calarcá. Debe ser la propia Fiscal General la que defina si ello es pertinente o no.
  6. ¿Tenía conocimiento Petro de las actuaciones de sus ministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, ante el Congreso, para buscar respaldo a sus leyes? Este lunes en el Tribunal Superior de Bogotá se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, ex ministros del Interior y de Hacienda de Gustavo Petro. Es la primera vez que dos ministros de tan alto perfil de un gobierno podrían ser detenidos por actos de corrupción. Se trata de dos ex funcionarios de absoluta confianza del presidente Petro, al igual que el prófugo Carlos Ramón González, ex director de la DNI y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Dadas las responsabilidades de los ex ministros, resulta difícil de creer que Petro desconociera sus gestiones ante los congresistas, para lograr la aprobación de las leyes. El ofrecimiento y pago de multimillonarias coimas a los parlamentarios, para que aprobaran leyes favorables al gobierno, tienen en la cárcel a altos funcionarios de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) y podría llevar a la cárcel a los dos ex ministros en las próximas semanas.
  7. ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades de Velasco y Bonilla? Los señalamientos contra los dos ex ministros de Petro son gravísimos. Ambos son investigados por incurrir -al parecer- en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. En el caso de Bonilla, es señalado de haber direccionado contratos por más de 92.000 millones de pesos. Según Olmedo López, ex director de la Ungrd, el entonces ministro Velasco habría “negociado” con los congresistas los montos a cancelar para la aprobación de las leyes. Así lo habría hecho saber el propio Velasco durante los llamados “cónclaves”, que se realizaron en la oficina de Carlos Ramón González, cuando dirigía el Dapre, en la Casa de Nariño. Dada la cercanía -y la confianza- de ellos con Petro, la pregunta que surge es: ¿sabía o no sabía el Presidente sobre todo lo que estaba pasando en la oficina contigua a su despacho?
  8. ¿Por qué Petro defiende con uñas y manos el negocio de la compra de los aviones de guerra Saab 39 Gripen a Suecia? Con toda la gravedad de los escándalos en los que está envuelto el gobierno de Petro, ninguno le ha causado tantos dolores de cabeza al mandatario como la compra de los 17 aviones de guerra Saab 39 Gripen a Suecia, por 16.5 billones de pesos. Cada vez que Petro trata de explicar lo sucedido, oscurece mucho más. Punto. Cada explicación es peor que la anterior. Para empezar, ahora resulta que su compra es benéfica para Colombia, pero en tiempos de Iván Duque eran un foco de corrupción y derroche, según el propio Petro. Pero el asunto es más delicado: ¿por qué Colombia compró a Suecia 17 aviones de guerra por un precio mucho más alto que el ofrecido por Estados Unidos, por el mismo número de aviones y de mejor calidad? Petro aún no ha podido responder esta pregunta a satisfacción. ¿Por qué compramos a Suecia más caros unos aviones que Estados Unidos nos ofrecía más baratos y de mejor calidad? Dado la cifra astronómica que se maneja y los alcances del negocio, Petro está obligado a dar explicaciones satisfactorias, claras y concretas.
  9. ¿Por qué Colombia pagó un billón de pesos más por los aviones de guerra suecos? El negocio de la compra de los aviones de guerra suecos -en plata blanca- es el siguiente: Colombia pagó 16.5 billones de pesos a una empresa sueca por 17 aviones de combate, mientras Estados Unidos ofreció una flota de aviones K-16, nuevos, mucho más eficientes y eficaces a la hora de combatir. Petro sostiene -pero no lo prueba- que los aviones de Estados Unidos “eran de segunda”. ¿Dónde están los documentos que demuestran esa afirmación? ¿Quién los tiene? ¿Por qué circulan documentos que probarían todo lo contrario: que se trata de aviones nuevos? Pero hay más preguntas: ¿Por qué Tailandia pagó el 55 por ciento menos que Colombia por el mismo número de aviones? ¿Cómo justifica Petro ese hecho? ¿Cómo explica el aparente sobre-costo entre la oferta de Estados Unidos y la de Suecia? Es un asunto delicado y grave, puesto que se trata de nuestros impuestos. Esa montaña de plata saldrá de nuestros bolsillos, pues los aviones los pagaremos con nuestros impuestos.
  10. ¿Por qué Petro no da a conocer el contrato de los aviones de guerra suecos? La mejor manera de Petro salirse del “chicharrón” de los aviones es dando a conocer los términos del contrato con la empresa sueca. Daría mucha más transparencia a la operación comercial y despejaría dudas sobre el pago de supuestas coimas a personas interesadas en el multimillonario negocio. De hecho, la Contraloría General se pronunció en ese mismo sentido. El que nada debe, nada teme, decían los abuelos. De esta forma Petro enviaría un parte de tranquilidad a la opinión pública, que sigue sin entender por qué razón -a pocos meses de terminar su mandato- decidió embarcar al país en la más alta compra de aviones de combate en toda la historia. Es muchísima plata en momentos en que Colombia atraviesa grandes dificultades económicas. ¿Tiene sentido embarcar al país en semejante gasto? ¿Podría “pararse el negocio” por ser abiertamente inconveniente? ¿No sería mucho mejor que el próximo presidente se ocupe de ese delicado asunto?

@leydelmontes