La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió mantener la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, dentro del proceso que enfrenta por presunta participación en actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Andrés Calle, detenido desde mayo de este año, es señalado de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado. Con la decisión del alto tribunal, el excongresista continuará recluido en el pabellón destinado a exfuncionarios públicos de la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras avanza la etapa de juicio.
Según la investigación, cuando ejercía como representante a la Cámara, Calle habría recibido beneficios de parte del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector Sneyder Pinilla, a cambio de respaldar proyectos legislativos impulsados por el Gobierno nacional. Tanto López como Pinilla han confesado ante las autoridades su participación en la entrega de sobornos y se acogieron a acuerdos de colaboración con la Fiscalía.
La defensa del excongresista había solicitado recientemente que se levantara la medida de aseguramiento, argumentando que no existían riesgos de fuga ni de obstrucción a la justicia. Sin embargo, la Corte desestimó el recurso al considerar que las condiciones que motivaron su detención permanecen inalteradas.
“Pese a la renuncia como congresista y militante, del Partido Liberal de Andrés Calle, la base principal para sustentar el peligro para la comunidad como finalidad de la medida de aseguramiento impuesta, continúa vigente, por lo tanto, no es procedente revocar la misma, ni mucho menos entrar a realizar juicios de proporcionalidad cuyos sustentos fácticos principales no han sufrido cambios a la fecha”, expresó el alto tribunal.
El proceso contra Calle hace parte de un expediente más amplio que involucra a varios exfuncionarios y congresistas que habrían recibido recursos de la UNGRD dentro de un esquema de compra de apoyos políticos para impulsar las reformas del Ejecutivo.
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Este caso se mantiene como uno de los episodios de corrupción más graves de los últimos años, con importantes repercusiones políticas. La Corte Suprema continúa recopilando pruebas y escuchando nuevos testimonios para definir el grado de responsabilidad del exrepresentante y de otros aforados implicados.
