Este martes la Cámara de Representantes en plenaria aprobó la renuncia presentada por Andrés Calle Aguas a la curul que ostentaba en esa corporación y que ahora se encuentra privado de la libertad al estar salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
A través de una carta allegada a esa corporación, Calle expresó su deseo de renunciar de manera “irrevocable” a la Cámara debido a sus “condiciones personales” que lo ha obligado a enfrentar su proceso judicial lejos del Congreso, según explicó en la misiva.
“Esta renuncia, deseo dejar constancia, no busca evadir mi fuero judicial, pues, a pesar de todos los acontecimientos, espero poder demostrar mi inocencia ante la honorable Corte Suprema de Justicia, y por ello no presentaré ni promoveré ninguna actuación tendiente a cambiar mi juez, natural, que es la máxima corporación de la justicia colombiana”, precisó Calle Aguas.
Lea también: Abogado de las víctimas en caso contra Álvaro Uribe presentará recurso de casación: “La batalla no ha terminado”
El hasta este martes representante es investigado, junto a Iván Name (entonces presidente del Senado) por presuntamente recibir dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el Legislativo.
“Luego de una labor investigativa que incluye declaraciones y pruebas técnicas, la Sala consideró que hay indicios suficientes para llevar a juicio a los procesados”, explicó en su momento la Corte Suprema de Justicia.
Lea también: “Apelaremos al recurso de la casación”: Iván Cepeda tras revocatoria de condena a Álvaro Uribe
Vale mencionar que Name, de la Alianza Verde, y Calle, del Partido Liberal, fueron acusados en su momento de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, en una investigación relacionada con la adjudicación de contratos de dicha entidad.
Quien le habría facilitado esos dineros fue Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las Regiones, y que, según la fiscal delegada ante el alto tribunal, entregó $3 mil millones al entonces presidente del Senado.
Los recursos corresponderían al pago de coimas por el direccionamiento de un contrato en la UNGRD que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira, indicó la delegada.
