Durante el primer debate este martes del proyecto de Presupuesto 2026, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió ante las Comisiones Económicas Conjuntas que habrá déficits más elevados y mayores niveles de deuda en el país entre 2025 y 2027.
“El proyecto de Presupuesto responde a las metas establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual contempla la activación de la cláusula de escape prevista para la regla fiscal, lo cual se traducirá en déficit más elevados y mayores niveles de deuda entre los años 2025 y 2027. Para recuperar en 2028 las metas cuantitativas de déficit primario estructural derivadas de la aplicación de la regla fiscal establecida en la Ley de Inversión Social de 2021, el Gobierno considera necesario adoptar un pacto fiscal que permita incrementar los ingresos tributarios y disminuir el gasto inflexible proveniente de algunas partidas contempladas previamente en diferentes leyes. En consecuencia, la programación del PGN de 2026 debería marcar el inicio de una senda de ajuste fiscal que asegure, en el mediano plazo, la sostenibilidad de la deuda pública, la cual, desde la crisis sanitaria de 2020, se mantiene en niveles muy elevados”, indicó el experto.
Agregó el funcionario que se estima que el déficit total del Gobierno Nacional Central en 2026 se ubique en 6,2 % del PIB, con un desbalance primario de 2,0 % del PIB, lo que llevaría la deuda neta a un nivel equivalente al 63,0 % del PIB. Estas proyecciones se construyeron con base en una tasa de crecimiento económico del 3,0 %, un precio promedio del petróleo de US$62,3 por barril y una tasa de inflación anual del 3,2 %, en línea con las expectativas del equipo técnico del Banco de la República.
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“No obstante, vale la pena destacar que, si bien el proyecto de PGN mantiene el déficit total en el mismo nivel previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025, el gasto primario es superior en cerca de $18,1 billones respecto al presentado en dicho marco, lo que implica un aumento en las pretensiones de gasto del Gobierno. Este aumento en el gasto primario sería posible gracias a que el gobierno incorpora un recaudo adicional por la reforma tributaria, frente a lo que tenía previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y a que se proyectan menores gastos por intereses de la deuda. De hecho, los pagos de intereses relacionados con el GNC (plan financiero) se reducen en $10 billones frente a lo previsto unas semanas atrás en el MFMP”, añadió.
Advirtió así mismo Villar que el creciente desajuste estructural de las finanzas públicas por el aumento de los componentes inflexibles del gasto al igual que la sobreestimación de recaudos, especialmente de aquellos obtenidos a través de la gestión de la DIAN, hacen necesario un examen riguroso de la evolución reciente y de las perspectivas de las operaciones de ingreso y de gasto del Gobierno. No realizar los ajustes en el momento oportuno, señala, representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica y social del país.
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Frente a la ley que aumenta las transferencias a las regiones, asevera que este impone un desafío mayor a las finanzas públicas nacionales, no solo por el aumento de los recursos transferidos a favor de los territorios, sino porque todo esfuerzo tributario realizado por el Gobierno Nacional para estabilizar sus finanzas, genera, de manera simultánea, un aumento adicional del SGP, con lo cual se reduce la eficacia de este tipo de medidas.
“En este contexto, adquiere especial relevancia la discusión de un proyecto de Ley de Competencias que garantice una correspondencia entre los recursos transferidos a los entes territoriales y las funciones efectivamente asignadas. Dicha Ley de Competencias debería permitir una reducción en las responsabilidades del gobierno central para reducir el gasto correspondiente y compensar de esa manera las mayores transferencias previstas para no profundizar el desajuste estructural de las finanzas públicas y los riesgos que este conlleva”, sostuvo.
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El hizo eco acerca de que el CARF advirtió sobre la ausencia de mecanismos de ajuste claros y el posible impacto negativo sobre el cumplimiento de las metas fiscales y el proceso de consolidación de las finanzas públicas.
“Si bien se valoran los esfuerzos realizados en materia de impuestos durante los últimos años, hay factores de inestabilidad fiscal derivados de la rigidez del gasto. Por esta razón, es necesario avanzar en una reforma fiscal integral y en un proceso técnico orientado a la revisión del gasto inflexible o inercial del Gobierno, al igual que en la definición precisa de las competencias de cada uno de los niveles de gobierno para evitar duplicidad de funciones. Iniciativas como la Ley de Financiamiento, la Ley de Competencias y la reducción del gasto inflexible, son complementos necesarios del Presupuesto General de la Nación que permitirán cerrar brechas fiscales, mejorar la asignación de recursos entre los diferentes niveles de gobierno y contribuir a la estabilidad de las finanzas nacionales en el mediano plazo”, dijo el gerente del Emisor.
