Es un mercenario jurídico”. No encontró mejor frase el exmagistrado Nilson Pinilla, ex presidente de la Corte Suprema, para definir a Eduardo Montealegre, flamante nuevo ministro de Justicia de Gustavo Petro. Es decir, para el ex presidente de la Corte Suprema, Montealegre es un jurista que se vende al mejor postor, sin importarle principios ni valores, solo le interesaría el pago que recibiría por parte de quienes lo contratan.
La designación de Montealegre, como sucesor de Angela María Buitrago en la cartera de Justicia, causó sorpresa tanto en el petrismo como en las altas cortes, donde conocen muy bien su accionar no solo como fiscal general en tiempos de Juan Manuel Santos, sino como magistrado y presidente de la Corte Constitucional. Y la opinión de los magistrados de las altas cortes sobre Montealegre no difiere mucho de la que tiene el exmagistrado Pinilla. Carece Montealegre del mínimo prestigio entre sus antiguos colegas.
Pero si los magistrados están sorprendidos con la designación de Montealegre, el estupor no es menor dentro del petrismo, puesto que días antes de que se conociera su nombramiento integrantes del círculo más cercano al presidente leyeron un mensaje escrito por el nuevo ministro –quien lo envió por WhatsApp a periodistas y amigos– en el que se refería al gobierno de Petro en términos desobligantes y groseros. “La elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional es la bancarrota ética del gobierno de Gustavo Petro. Impresentable. Eligieron a un bandido. ¡Resistencia moral! No hay otro camino ante la arrogancia del Dr. Petro”, escribió Montealegre, indignado y furioso por la elección por parte del Senado de Carvajal –abogado personal de Petro– como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Es decir, para Montealegre, el presidente Petro ternó, para que fuera magistrado de la Corte Constitucional, a un “bandido”. Y ello es así porque los senadores eligieron –mal, que todo hay que decirlo– a quien el propio Petro incluyó en la terna que les hizo llegar. Ojalá que ahora como subalterno, Montealegre tenga el valor de preguntarle a Petro por qué ternó a un “bandido” como Carvajal para que fuera magistrado de la Constitucional. De esta forma daría ejemplo de la “resistencia moral” que pregonaba en su mensaje días antes de su designación. Es apenas obvio que no lo hará, porque la “resistencia moral” de Montealegre tiene precio.
Pero la llegada de Montealegre al Ministerio de Justicia también coincide con su papel de “consejero” de Petro, en su afán por desconocer la decisión del Senado de hundir la consulta popular, promovida por el mandatario y su gabinete. Montealegre sostiene que Petro puede convocar la consulta popular aún después de haber sido negada por la plenaria del Senado.
Es decir, Montealegre fomenta la “ruptura institucional” que hay detrás de la desafiante actitud de Petro y sus ministros. ¿Aceptará el Congreso de la República tener como interlocutor a alguien que abiertamente promueve desconocer sus decisiones y romper el principio fundamental de la separación de poderes, pilar de todo sistema democrático? Es apenas obvio que –una vez posesionado– Montealegre queda expuesto a una moción de censura que podría costarle el puesto como ministro de Justicia, dada la gravedad de sus intenciones y propósitos. No puede tener el Congreso como interlocutor a alguien que atenta contra el valor supremo de toda democracia. Es así de simple.
¿Qué le espera a Montealegre como nuevo ministro de Justicia? ¿Qué hay detrás de su nombramiento?
Eduardo Montealegre, contratista del gobierno de Gustavo Petro
Antes de ser ministro de Justicia, Eduardo Montealegre era contratista del gobierno Petro. En efecto, tenía contratos firmados con algunas entidades gubernamentales, entre ellas RTVC, con el propósito de defender la entidad y sus directivos en distintos litigios. En el caso de RTVC, la cifra del contrato es cercana a los $800.000.000. Es apenas obvio que ahora en su condición de ministro de Justicia dichos negocios deberían ser cancelados, pues no tendría ningún sentido ser ministro y contratista del Gobierno a la vez. La asesoría que prestó al Ejecutivo –antes de ser ministro de Justicia– en lo que tiene que ver con la redacción del “decretazo”, que convocaría la consulta popular, desconociendo la voluntad del Senado, la habría hecho ad honorem, es decir, “por honor”, sin recibir ninguna paga por ello. Lo habría motivado su –ahora reconocido públicamente– “petrismo”.
Petro deberá responder por las graves consecuencias de la “ruptura institucional”
Aunque Montealegre se ha valido de todo tipo de maromas jurídicas para justificar el decreto mediante el cual Petro convocaría la consulta popular, desconociendo la voluntad del Senado, lo cierto es que dicha convocatoria carece de todo tipo de fundamentos legales y constitucionales. Se trata –ni más ni menos– del rompimiento del principio fundamental de toda democracia, que no es otro que la separación de poderes. El Ejecutivo no puede pasar por encima de la voluntad del Legislativo, expresada en unas mayorías. La legalidad del procedimiento y su resultado final no admite dudas, como bien lo han expresado distintas autoridades, entre ellas el procurador general, Gregorio Eljach. El “decretazo” de Petro y de su nuevo ministro de Justicia atenta, pues, contra los valores y principios democráticos. La terquedad de Petro por imponer a la fuerza lo que ya ha sido negado por el Senado podría llevar al país a la más grave “ruptura institucional” de nuestra historia republicana, con las graves consecuencias que ello tendría no solo en términos políticos e institucionales, sino –sobre todo– en vidas humanas. Petro y sus ministros no pueden llevar al país a escalar violentamente lo que ha debido tramitarse por los canales institucionales. De todo lo que ocurra –una vez se materialice la ruptura institucional, como lo ha vaticinado Montealegre– el único responsable será Petro. Punto.
Ministro de Justicia, enemigo declarado de Álvaro Uribe
Designar a Montealegre como ministro de Justicia es también desafiar al expresidente Álvaro Uribe, quien enfrenta un juicio por soborno a testigos y fraude procesal. Montealegre se ha declarado víctima en ese juicio. Contrariando la voluntad de la juez del caso, el hoy ministro de Justicia de Petro se ha referido a Uribe como “condenado”, violentando el principio de presunción de inocencia. El odio hacia Uribe es también un hilo conector entre Petro y Montealegre. De manera que la designación del ex fiscal general tiene una enorme carga política. Montealegre es ministro de Justicia no solo por ser el cerebro del “decretazo”, que le partiría el espinazo a la democracia en Colombia, sino también por ser enemigo declarado de Uribe. Petro nombró un alfil que le será muy útil por esa doble condición. ¿Tiene presentación que un ministro de Justicia actúe ante un juzgado, que procesa a quien dicho funcionario considera enemigo personal? ¿Tiene garantías el procesado? Montealegre afirma que no renunciará a su condición de víctima y que por consiguiente –mediante su abogado– continuará su actuación en el proceso contra Uribe. Seguirá, pues, “condenando” a Uribe, ahora como ministro de Justicia. Algo así de grave solo ocurre en Colombia, “país de leyes”.
Montealegre, defensor de los saqueadores de SaludCoop. ¿Qué dice Petro?
En su dilatada carrera como abogado litigante, Eduardo Montealegre se desempeñó como defensor de las directivas de SaludCoop, la EPS considerada “estrella” dentro de las entidades corruptas en el sector de la salud. El propio Petro la cita a la hora de referirse a la “corrupción de la salud en Colombia”. Por cuenta de la corrupción de SaludCoop, entre otras, el gobierno Petro le declaró la guerra a las EPS, guerra que tiene en “cuidados intensivos”, según el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, a todo el sistema nacional de salud. La guerra de Petro contra las EPS del país tiene nombre propio: SaludCoop. Pues bien, el abogado defensor de toda la corrupción que arrasó con la EPS más grande del país es Montealegre, nuevo flamante ministro de Justicia de Petro. Contra toda evidencia –y estando de por medio la vida de millones de colombianos– Montealegre asumió la defensa de quienes desfalcaron y se robaron miles de millones de SaludCoop. ¿Qué llevó a Petro a nombrar al abogado de estos bandidos como su ministro de Justicia? ¿Seguirá Montealegre defendiendo a quienes se robaron SaludCoop, pero ahora desde el Ministerio de Justicia? Que Petro y Montealegre respondan.
