La semana pasada el Gobierno radicó el proyecto de ley ordinaria que reglamenta la jurisdicción agraria y que tiene como objetivo principal determinar las competencias de los jueces agrarios. No obstante, la oposición e independencia se mostraron preocupadas por la posibilidad de que el articulado posibilitara la expropiación exprés de tierras rurales, mientras que el oficialismo negó tal alcance. Por ello, EL HERALDO habló con los distintos sectores políticos y jurídicos, con el fin de aclarar el tema.
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, advirtió en este diario que “la expropiación se plantea como una decisión netamente administrativa de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, sin pasar por el tamiz de la justicia, o sea que está cercenando el sagrado derecho a la defensa que tienen los tenedores de tierras por decisiones unilaterales”.
Por lo que, anunció, “estaremos haciendo los debates necesarios para que se garantice el derecho a la propiedad privada y que sea un juez quien tome la decisión si por ejemplo un terreno está inexplotado y se podría expropiar pagándose la compensación, pero eso que lo defina un juez y no un funcionario de la ANT”.
Por su parte, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, dijo en este medio: “Recordemos que al menos 8 millones de hectáreas fueron despojadas violentamente, el 0,4 % de la población es dueña del 46 % de la tierra rural, el 1 % de las fincas ocupa el 81 % de las tierras agrícolas, hay 11,3 millones de hectáreas productivas y solamente se usan 3,9 millones para el cultivo de alimentos”.
Agregó que “con lo de la expropiación la oposición buscó generar pánico durante la campaña, pero desde 1936 existe la figura, la Constitución establece que la propiedad tiene una función social y ecológica, y se expropia por ejemplo para la construcción del Metro o la ampliación del Transmilenio, y la competencia sigue estando en cabeza de los tribunales”.
Entre tanto, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, cuestionó en este periódico que “lo que pretende el Gobierno es que la expropiación la haga la ANT y después usted puede ir a reclamar en la jurisdicción, pero eso pueden pasar 6, 7, 10 o 20 años, de manera que usted podría terminar perdiendo la finca”.
Y señala que “se está usando una figura de expropiación que efectivamente existe, pero existe por ejemplo cuando se va a hacer una autopista que va a pasar por una finca y entonces dicen: bueno, para pasar por encima de esta finca vamos a expropiarla porque viene la autopista, pero aquí lo que nos están diciendo es que cuando quieren hacer una reforma agraria van a escoger la finca de una persona que ya es dueña para dársela a otra, ahí no hay interés general ni interés público”.
David Llinás, de la Comisión Colombiana de Juristas, explicó a esta casa periodística que la figura de la expropiación existe en todo el constitucionalismo occidental, “e incluso hay figuras más drásticas en otros países como Alemania, el núcleo industrial del capitalismo. La expropiación surge del liberalismo social de 1920 en adelante”.
Aclaró además que la jurisdicción agraria existe en el papel desde el año pasado, cuando se determinó su estructura y funcionamiento a través de una ley estatutaria aprobada por el Congreso y que en este momento estudia la Corte Constitucional, y ahora lo que hace este proyecto de ley ordinaria es determinar el procedimiento.
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“La expropiación exprés implicaría un procedimiento administrativo sin intervención de jueces, en el que de forma célere y rápida se le quite la propiedad a una persona: eso no es lo que sucede con este proyecto, que lo que hace es determinar que serán los jueces agrarios los que controlarían el ejercicio de la expropiación, que existe en Colombia desde hace casi 200 años, y ahora lo que van a hacer es cambiar los jueces”, afirmó.
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Actualmente, puntualizó, “el Estado hace una oferta de compra y si el propietario no está de acuerdo se hace una demanda ante los jueces civiles para garantizar que haya un pago justo”.
