Primer año del Gobierno Petro: Las dudas que deja la Paz Total

La Paz Total, el programa bandera de Gustavo Petro, aún no cuaja del todo. Sigue en entredicho. Avanza, pero deja dudas y, un año después de estar en vigencia, los logros del ambicioso proyecto están cimentados solamente en el histórico, pero –al mismo tiempo poco confiable– cese al fuego bilateral por 180 días entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, un acuerdo que hasta ahora no brinda a las comunidades la protección necesaria para no sufrir los flagelos de la extorsión y el secuestro, las principales rentas ilegales de la guerrilla.

Palabras más, palabras menos, fuerza pública y guerrilla, a priori, no mantendrán combates, lo que claramente es un punto positivo; sin embargo, la sociedad civil, la verdadera gran afectada por la guerra, seguirá desnuda ante el actuar ilegal de la organización rebelde, que en varias ocasiones, principalmente en el Catatumbo, hizo trizas lo pactado con la Casa de Nariño.

Cabe recordar que el ELN se desmarcó del fallido cese con el Gobierno decretado el 31 de diciembre de 2022, otro de los pasos en falso que ha dado el Ejecutivo al quedar en evidencia que no había llegado a un punto medio en este sentido con la comandancia central del grupo.

A pesar de que los ceses al fuego del Gobierno no han contando con sistemas de monitoreo y verificación que precisen los avances y lunares que ha tenido el proyecto, varias organizaciones han revelado que el proyecto ha generado buenas noticias en relación con disminución de homicidios en el país y de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la fuerza pública.

Con respecto a esto, el Mecanismo de Monitoreo del Sistema Integral de Paz de la JEP reveló que en el primer año de Petro, en relación al último de Iván Duque, se disminuyó el desplazamiento forzado un 42 %; confinamientos, un 50 %, y los enfrentamientos con las autoridades, un 46 %.

Sin embargo, otros indicadores mostraron un aumento: se recrudecieron los combates entre grupos ilegales un 38 %, los retenes ilegales y la extorsión.

Por otro lado, en materia de secuestros, la cifra registrada por la Defensoría del Pueblo entre enero y junio de este año fue de 32, mientras que en el mismo periodo del 2022 el reporte se situó en 23, lo que equivale a un incremento del 39 %

En este sentido, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, reveló que las organizaciones al margen de la ley se han fortalecido en los últimos tiempos.

De acuerdo con la entidad, el grupo armado con mayor presencia e influencia sobre el territorio nacional son las Autodefensas Unidas de Colombia (Clan del Golfo), que delinque o tiene injerencia en 24 departamentos y 392 municipios, principalmente en el Caribe y el oriente del país.

'El aumento en los índices de estas conductas configura un difícil escenario de recrudecimiento de la violencia cuyos responsables directos son los grupos armados ilegales. Estamos viviendo una espiral de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario', aseguró el defensor del Pueblo.

Por su parte, el acuerdo con el Clan del Golfo se rompió en marzo tras la espiral de violencia en el paro minero y con el EMC se suspendió en mayo tras el asesinato de cuatro menores indígenas.

Por otro lado, la Paz Total se empezó a desangrar mucho más luego de que los Shottas y los Espartanos, dos pandillas de Buenaventura, rompieran el pacto que tenían y se encargaran de extender la ola de sangre en el Valle del Cauca. Cabe recordar que estos dos grupos eran el ejemplo mostrado por el Gobierno el año pasado.

El Estado Mayor Central, de acuerdo con Indepaz, tuvo en los frentes Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño las subestructuras que más cometieron acciones de no cumplimiento al cese al fuego, confrontaciones armadas y de hostilidades con afectaciones a la población con 83 acciones cometidas, principalmente en el Cauca.

'Los hechos registrados en su mayoría son acciones en contra de la población civil, por lo cual, de cara a los nuevos escenarios de diálogo y atendiendo a lo que plantea como una necesidad el presidente Gustavo Petro, la prioridad en el desescalamiento del conflicto armado con cese de hostilidades a la población', advirtieron.