La ley del Montes | Agenda Caribe para Petro

Las cifras –con toda su frialdad y crudeza– son contundentes y demoledoras cuando se trata de mostrar la pobreza en la región Caribe. Veamos algunas: todos los departamentos muestran altos, preocupantes y crecientes niveles de pobreza. En la Costa –según informes de las Naciones Unidas– 10 de cada 20 habitantes son pobres. Tres de esos 10 habitantes viven en la pobreza extrema; es decir en la miseria. Podría afirmarse sin temor a equivocarnos que de los 11 millones de habitantes de la región, más de 6 millones viven en condiciones de pobreza. En el último año –por cuenta de la pandemia– cerca de un millón de personas pasaron a ser consideradas 'nuevos pobres'. Las cifras están por encima de las demás regiones del país. La llamada pobreza monetaria –capacidad que tienen las personas de adquirir bienes y servicios– se incrementó de forma dramática en los últimos años. En algunos departamentos la situación es más crítica que en otros.

En La Guajira, por ejemplo, la pobreza monetaria es del 63 %, aunque Magdalena, Cesar, Córdoba y Sucre apenas están seis puntos por debajo de ese porcentaje. El Atlántico muestra cifras más cercanas al promedio nacional, que está por debajo del 50 %.

La Costa también lidera la tabla nacional de desempleo e informalidad. Aunque hay algunos casos paradójicos, como ocurre con Barranquilla y el Atlántico, que muestran indicadores de desempleo similares a los del resto del país, las cifras de informalidad son de las más altas. Cartagena y Santa Marta también registran altos niveles de informalidad.

Para decirlo en plata blanca: la gran mayoría de la población sobrevive gracias al llamado 'rebusque'. Mientras la informalidad nacional oscila entre el 47 % y el 50 %, en el Caribe alcanza hasta el 80 %. Se trata, sin duda, de una 'tragedia social' que atenta no solo contra la dignidad laboral, sino contra la propia dignidad humana, dadas las condiciones de precariedad bajo las que se 'rebuscan' muchas de estas personas.

En este campo las cifras de la Costa también son desalentadoras: el 36 % de los niños del Caribe colombiano están malnutridos. Se trata de cientos de miles de menores entre 1 y 4 años con severos cuadros anémicos, que producirán en ellos graves secuelas cognitivas.

Estas cifras –por cuenta de la pandemia– han venido creciendo de forma exponencial y superan en 7 puntos porcentuales a las de la región Pacífica, incluyendo el Chocó. Es decir, en la región Caribe están criando una generación desnutrida, cuyos graves efectos los conoceremos a la vuelta de unos años, cuando veamos crecer la brecha social y económica que separa a los departamentos del Caribe de los del resto del país.

A la hora de analizar la corrupción en el país, la Costa ocupa el primer lugar en número de casos denunciados. Un estudio de Transparencia Nacional muestra que el 34 % de los casos investigados en todo el país ocurren en el Caribe colombiano. Tenemos ese triste y deshonroso 'privilegio', por desgracia.

Por esa razón la lucha del nuevo gobierno en esa materia debe ser sin tregua. Para decirlo sin rodeos: los extraordinarios niveles de atraso de la región tienen que ver directamente con los altos niveles de corrupción, tanto en el sector público como privado, pues se trata de una práctica de doble vía. Tres de los sectores con mayores indicadores de corrupción en esta zona del país son salud, educación e Infraestructura.

En La Profecía, la célebre canción vallenata, Julio Oñate Martínez, su autor, llama la atención acerca de la expansión del desierto de La Guajira sobre el Cesar: 'Alerta, alerta, vallenatos / miren que ahí viene La Guajira / lo comentaba Pedro Castro, lo comentaba Pedro Castro / que el gran desierto se avecina...' Pues bien, ese desierto ya no solo amenaza al Cesar, sino a toda la región. En efecto, el listado de daños ambientales que padece es interminable: deforestación y tala de bosques en la Sierra Nevada de Santa Marta, construcción indiscriminada en zonas costeras en Bolívar, Sucre y Atlántico, práctica de minería ilegal en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca, destrucción de manglares por obras de infraestructura en la Ciénaga Grande de Santa Marta, inundaciones inclementes en La Mojana y ciénagas a punto de desaparecer, como la de La Zapatosa. No hay departamento de la región que no presente hoy una tragedia medioambiental, que es uno de los asuntos prioritarios en la agenda del nuevo presidente.

La recuperación de la navegabilidad del río Magdalena ya lleva tres gobiernos encima y nada que se logra. No pudo Santos en sus dos mandatos, ni pudo Duque. Ambos fracasaron en su intento por revivir la principal arteria fluvial del país. ¿Podrá Petro? Recuperar la navegabilidad del río Magdalena significa darles vida a los 22 departamentos sobre cuyas economías influye de forma directa.

Pero hay más cifras que muestran la enorme importancia que tiene recuperar el río: el 80 % del PIB nacional se genera en la cuenca de la principal arteria fluvial del país. La deuda de la nación con la Costa en infraestructura es enorme: grandes obras de ingeniería que pongan fin a las inundaciones de La Mojana y el sur del Atlántico, con el Canal del Dique incluido. Vías terciarias a lo largo y ancho de la región para conectar zonas productoras de alimentos, como los Montes de María, con centros de acopio.

De acuerdo con informes de la Fiscalía General, entre 1987 y 2008, en el Caribe cerca de 800.000 personas se vieron obligadas a desplazarse por cuenta del conflicto armado. Para decirlo de forma gráfica: es como si todos los habitantes de Soledad, Atlántico, se vieran obligados a abandonar el municipio para irse a otras zonas del país o de la región.

Una cosa es ejercer el centralismo desde Bogotá y otra muy distinta es padecerlo desde las regiones. Gustavo Petro conoce las dos caras de esa moneda y sabe muy bien que no es un asunto menor. ¿Cómo hace, por ejemplo, el alcalde de Ciénaga de Oro, su tierra natal, para ser oído por el Ministerio de Hacienda o por los burócratas de Planeación Nacional en Bogotá? ¿De cuántos intermediarios debe valerse, empezando por los políticos de su tierra, que seguramente no harán esa 'vuelta' gratis, para lograr una partida que le permita realizar una obra en su municipio? Ahí está el reciente escándalo del Ocad-Paz como botón de muestra.

En los informes que periódicamente presenta Medicina Legal sobre violencia intrafamiliar y abuso sexual contra menores de edad, la Costa figura siempre en los primeros lugares. Es un flagelo social que no hemos podido erradicar. Y ahora por cuenta de la pandemia del coronavirus las cifras se incrementaron de forma extraordinaria. Los casos de feminicidio también se dispararon en varios departamentos. En ciudades como Cartagena sus autoridades no han podido combatir de forma eficaz graves flagelos sociales como la prostitución infantil.

Santa Marta aparece entre las 10 ciudades del país con mayores casos de violencia intrafamiliar. Es necesario diseñar políticas públicas que permitan sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad que conlleva la violencia doméstica y de los efectos nocivos que tiene el mostrarse permisivos con dichos abusos entre miembros de una familia.

La virtualidad en los colegios públicos de nuestra región sigue siendo una tarea pendiente. La deserción escolar –que antes de la pandemia era del 3 % – ha venido registrando un aumento, que deberá ser atendido con prontitud por el nuevo gobierno. La educación sigue siendo la mejor herramienta para cerrar la brecha social en el Caribe y en el país.