Más de 200 aspirantes se inscribieron hasta el pasado jueves para el cargo de contralor general de la República, funcionario que será elegido por la plenaria del Congreso el próximo 3 de agosto en reemplazo del titular saliente Carlos Felipe Córdoba, cuyo periodo vence el próximo 2 de septiembre.
Algunos de los inscritos más reconocidos son Gilberto Rondón, María Fernanda Rangel, Orlando Caballero, Lucy Jeannette Bermúdez, Angelino Lizcano, Ricardo Arias y Juan Antonio Nieto, entre otros.
La Universidad Industrial de Santander (UIS) fue la escogida para estudiar las hojas de vida y calificar las pruebas a las que deberán someterse los candidatos.
No obstante, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, cuestionó la premura del proceso: 'Esta elección le toca al nuevo Congreso, al que se instala el 20 de julio. La Ley dice que esta convocatoria debe hacerse por lo menos dos meses antes, es decir al 20 de mayo. (...) ¿Por qué este afán de hacerlo del 1 al 3 de febrero únicamente? Peor aún, la selección de la universidad que hará el examen clasificatorio se hizo sin un procedimiento administrativo como corresponde a un proceso de selección en el Congreso: la decidió y la determinó a dedo el presidente del Senado'.
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Por su parte, el presidente del Congreso, el senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, advirtió: 'La doctora Angélica Lozano lo plantea como una jugadita, pero yo diría que si quiere podemos hablar de la jugadita del POT en Bogotá en el mes de diciembre, que sé que participó activamente en ella. Aquí lo que hemos hecho es cumplir la ley y las resoluciones y poner en conocimiento público de este proceso, para que muchas personas se inscriban'.
Y aseguró que la convocatoria tuvo que hacerse desde el mes de enero por cuenta de la Ley de Garantías: 'Todo el trámite inicia con la comunicación al Ministerio de Educación para que certifique las universidades acreditadas. Se envía la invitación a 72 universidades, seis deciden participar en el proceso y manifiestan interés y es a través de ellas que se hace. Se debe hacer antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías para no afectar universidades públicas'.
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