El juez tercero administrativo de Bogotá ordenó al presidente Iván Duque, y a los entes nacionales y territoriales abstenerse de dar aplicación a la modificación de la Ley de Garantías aprobada en el Congreso hace un par de semanas dentro del articulado del Presupuesto General de 2022.
Esta restricción para la celebración de los convenios interadministrativos, la ejecución de recursos públicos, la no participación, promoción y destinación de recursos públicos de las entidades a su cargo estará vigente por el término improrrogable de 30 días hábiles siguientes a la publicación de la ley, sacando de ellos los días que comprende la vacancia judicial. Si después de este término no se acude a la acción pública de inconstitucionalidad por el accionante o por otros ciudadanos, o si la Corte Constitucional no asume conocimiento del estudio del proyecto, la decisión perderá sus efectos.
El togado ordenó además en su providencia la publicación de la misma en las páginas de las entidades del Gobierno y de las entidades territoriales.
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Y finalmente aclara el despacho: 'La presente restricción solo estará vigente hasta que la Corte Constitucional conozca de la demanda de acción pública de inconstitucionalidad que adelanta el señor Miguel Ángel
Bravo Gutiérrez o, que, en el ejercicio de ese derecho, radique cualquier ciudadano'.
El pasado 19 de octubre, el Congreso de la República aprobó la suspensión del inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, o Ley de Garantías, con el objetivo de que las entidades del orden nacional y territorial puedan celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos
Lo anterior quedó contenido en el artículo 125 del Presupuesto General de la Nación para 2022, en el cual se especificó: 'Con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, a partir de la publicación de la presente ley y durante la vigencia fiscal 2022, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación'.
