'No pagaremos un día de cárcel'. Ese pregón que desde Cuba repiten los jefes de las Farc, por si se firma un acuerdo de paz en La Habana, parece que no será tal.
Al menos, así se deduce del octavo parámetro que estipuló, la noche del jueves, la Corte Constitucional al oficializar el fallo a través del cual declaró exequible el Marco Jurídico para la Paz:
'El mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena, no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática', precisa el máximo tribunal constitucional del país.
Tal recomendación deberá tenerla en cuenta el Congreso al momento de expedir la Ley Estatutaria de este norma, dijo la Corte que puntualiza, en otro de sus parámetros, que el articulado a redactar y aprobar deberá ser 'respetuoso de los compromisos internacionales', que obligan a investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
El fallo señala que por la gravedad que representan, en el articulado de la Ley Estatutaria deberá priorizarse la investigación y la sanción de los siguientes delitos, cuando sean calificados de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, cometidos de manera sistemática:
Ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado, desplazamiento forzado y reclutamiento ilegal de menores.
La Corte reafirma que para que sea aplicable el Marco Jurídico para la Paz es 'necesario exigir' la terminación del conflicto armado, la entrega de las armas y la no comisión de nuevos delitos, en los casos de desmovilización individual.
Asimismo, se debe 'garantizar la verdad y revelación' de todos los hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, a través de mecanismos judiciales o extrajudiciales como la Comisión de la Verdad.
El tema irá a la ONU. El presidente Juan Manuel Santos anunció ayer que llevará a las próximas sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas la discusión sobre los límites que debe tener la justicia internacional para no ponerle obstáculos a un proceso de paz.
Así lo anticipó, en entrevista con Blu Radio, en alusión a las críticas recibidas recientemente por una magistrada de la Corte Penal Internacional, que advirtió sobre los riesgos de colisión de algunos mecanismos de justicia transicional con el Estatuto de Roma.
Santos reconoció el compromiso que debe tener el país con el derecho internacional humanitario y 'respetar ciertos límites' en las negociaciones de paz con las Farc.
Dijo el jefe del Estado que espera 'encontrar el equilibrio que nos permita respetar el Estatuto de Roma (tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, CPI) pero que también nos permita la paz'.
Santos confía en gran respaldo
Al restarle importancia a las críticas que hacen los opositores de los diálogos con las Farc, el presidente Juan Manuel Santos dijo ayer que el país debe comenzar una discusión sobre cuánta justicia está dispuesto a sacrificar por lograr la paz.
'No me cabe la menor duda de que cuando tengamos el paquete completo del proceso de paz, el pueblo colombiano me va a respaldar', manifestó el mandatario a Blu Radio.
En cuanto al pronunciamiento final de la Corte Constitucional sobre el fallo del Marco Jurídico para la Paz, Santos indicó que le han 'asegurado que en la sentencia no hay ningún tipo de condicionamiento' y no entró en mayores detalles porque reveló que hay 'un compromiso de no discutir en público' las temas tratados en La Habana.
Por Redacción Política
Con apoyo de la agencia Efe
