El pasado jueves los colombianos volvimos a ser espectadores de una imagen que hace varios años, más de 10, nuestras pupilas habían contemplado: guerrilleros de las Farc sentados en una mesa con representantes del Gobierno Nacional.
La imagen, aunque lejana, y –sobre todo– las declaraciones entregadas por los voceros de uno y otro equipo dejaron claro que al igual que en fallidos intentos del pasado, nada fácil será andar y llegar al final del camino de la paz.
El expresidente Ernesto Samper Pizano, quien esta semana visitó Barranquilla, se cuenta entre quienes confían en el buen rumbo del proceso.
Admite que la tarea no será fácil y que demandará tiempo al cual no se le puede poner plazo.
Samper considera fundamental abordar la humanización del conflicto para lo cual pidió al Gobierno convocar al Consejo Nacional de Paz, pues temas tan complejos y álgidos como el secuestro, las minas antipersona y la inclusión de niños y niñas en la guerra superan una mesa de diálogo.
El exmandatario también cree que el Gobierno debe brindar garantías de seguridad a los guerrilleros que asuman el riesgo de salir de la clandestinidad.
¿Es ahora más fácil concretar el proceso de paz que en épocas pasadas?
Hay circunstancias más favorables que hace 20 años, por el equilibrio de fuerzas militares que es distinto al Cagúan; también la intervención de Venezuela y Cuba es un punto a favor y no se está improvisando con la agenda. Pero hay que tener cuidado porque hay una derecha organizada beligerante que se va tratar de oponer a cualquier concesión y a eso se suma el propio contexto internacional que es más exigente con el tema de Derechos Humanos, donde hay un tribunal internacional que estará muy pendiente de que cierto tipo de conductas no queden en la impunidad.
¿Pueden los grupos de extrema derecha comenzar a torpedear el proceso?
Sí puede ocurrir. Por eso llamamos la atención sobre dos hechos concretos que deben resolverse rápidamente: primero hemos propuesto un acuerdo mínimo humanitario porque nos preocupa que sin haber pactado un cese bilateral del fuego, el intento de las Farc de demostrar que tiene una posición negociadora más dura, puede llevar al sacrificio de más vidas inocentes. También hemos recalcado la necesidad de que haya un acuerdo sobre la humanización del conflicto, previo al diálogo, abordar el tema de los niños, del secuestro, de las minas antipersona. Y en segundo lugar no está definida la posición de la sociedad civil; el Gobierno debería convocar al Consejo Nacional de Paz organismo creado en mi gobierno para canalizar la participación de la sociedad civil.
Los colombianos tienen claro que no quieren otro Caguán. Pero pocos comentan que tampoco puede repetirse un exterminio como el de la UP o la suerte que corrieron desmovilizados en otros procesos. ¿Cómo evitar que esta situación se repita y que no se reverse el camino andado como ocurrió hace décadas?
Tenemos que aprender de esas experiencias. El primer compromiso del Gobierno es brindarle seguridad a las Farc y a los negociadores que no solamente seguridad física sino jurídica, la cual pasa por todo un compromiso claro de que no van a ser extraditados y de que se van a encontrar con la Fiscalía sin caer en la impunidad. Es decir, debe haber un castigo combinado con la verdad y la reparación, que permita la transición del conflicto hacia el postconflicto.
Usted dice que hay que pagar un precio por la paz, ¿a qué se refiere?
La gente debe entender que después de 50 años de enfrentamiento, si cada quien se presenta a la mesa a pasar su cuenta de cobro, pues nunca habrá posibilidades de reconciliación; podrá haber paz pero no reconciliación. Me impresiona que el 80% de las personas diga que está de acuerdo con las negociaciones, pero ese mismo 80% dice que no se puede perdonar. Por eso el marco que se utiliza para hacer el tránsito a conflicto y postconflicto es el de la justicia transicional que permite combinar adecuadamente el componente verdad y reparación y la verdad con esa combinación adecuado de los tres ingredientes de hacer el tránsito.
¿Se deben poner plazo para los diálogos?
No tiene sentido ponerle plazo porque llevamos 50 años en lucha y ahora pretender que en meses se solucione es absurdo.
¿Cuál es la diferencia entre este proceso con las Farc y el proceso del Ralito con las AUC?
Es que el proceso de Ralito nunca ha debido ser político. Las fuerzas que estaban involucradas en Ralito no estaban contra el Estado ni pretendían derrocarlo. Ahí debía hacerse era un proceso de sometimiento a la ley y no de negociación política. Se le trató de dar un cariz político y por eso terminó en lo que terminó y es que se extraditaron todos los jefes paramilitares por acusaciones de narcotráfico y se llevaron la verdad para Estados Unidos.
¿Cómo abordar en la mesa el tema del secuestro y otros delitos?
Para el secuestro hay que comenzar a hacer uso de un instrumento que existe en todos estos procesos que es la Comisión de la Verdad, la que debe trabajar no solo en el seguimiento del ofrecimiento que hizo las Farc sobre no volver a secuestrar, sino también en los procesos que se están siguiendo a los llamados falsos positivos o desapariciones extrajudiciales, donde tampoco hay una certidumbre y siguen en la impunidad.
¿Para cuándo cree usted que habrá desarme?
El desarme es el objetivo fundamental de esta segunda fase de negociación. Si todo este proceso se hace y las Farc no acceden a dejar las armas, no tendría sentido todo el esfuerzo.
¿Qué opinión le merece el marco legal para la paz?
Eran una serie de exposiciones que si no se hubieran adoptado no se hubiera avanzado. Me parece bien que se haya adoptado.
Por Gala Marcela Peña A.
