El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ordenó este lunes a un fiscal delegado ante la Corte que investigue a la jueza Décima Penal del Circuito de Bogotá, Teresita Barrera Madero, por incurrir presuntamente en el delito de prevaricato tras haber decretado la nulidad de la imputación realizada al supuesto hacker del proceso de paz, Andrés Sepúlveda. (Ver Supuesto hacker Andrés Sepúlveda quedó en libertad).
Barrera Madero consideró que la audiencia de imputación de cargos, efectuada el pasado 7 de mayo en contra del supuesto hacker, se realizó en medio de irregularidades ya que la Fiscalía no habría otorgado las pruebas suficientes para mantenerlo privado de su libertad.
Al respecto, Montealegre indicó que los interrogatorios realizados a Sepúlveda, y que fueron una de las pruebas presentadas, ponen de manifiesto la aceptación de los hechos por los cuales la Fiscalía lo acusa, aunque la jueza de control de garantías desconociera dicha aceptación y lo dejara en libertad.
Otro argumento de la Fiscalía recae en que la jueza no tuvo en cuenta los videos entregados por el ente acusador en los que se ve como Sepúlveda entrega información confidencial a terceros. (Lea Revelan video de Zuluaga en reunión con el ‘hacker’ Andrés Sepúlveda).
En un comunicado, la Fiscalía General cita las siguientes razones para darle paso a la indagación de la Jueza Décima Penal del Circuito de Bogotá:
1) De manera inexplicable la Jueza Barrera consideró que la aceptación de responsabilidad realizada por el señor Sepúlveda y los documentos reservados encontrados en su poder no podían ser tenidos en cuenta como fundamento de la imputación, en clara contradicción con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal (art. 282).
2) La Fiscalía General de la Nación cuenta con abundantes elementos materiales probatorios y evidencia legalmente obtenida, que permiten inferir razonablemente que el señor Sepúlveda es posible responsable de los delitos que le fueron imputados (espionaje, acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso y violación de datos personales), además de otras conductas punibles que han surgido en desarrollo del proceso. Algunas de esas pruebas son:
2.1. Videos de Andrés Sepúlveda en los que se evidencia la transmisión de información confidencial de Inteligencia a otras personas. Esas grabaciones fueron verificadas por peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) confirmándose su autenticidad y la identificación morfológica de quienes allí aparecen.
2.2. Videos que revelan la compra y venta de información de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Policía.
2.3. Bases de datos y testimonios que dan cuenta del seguimiento, sabotaje e interceptación de los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana, Cuba.
2.4. Treinta y tres equipos de cómputo incautados en los allanamientos y en cuyas memorias se encontraron bases de datos con información reservada perteneciente a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL), a otras agencias de Inteligencia del Ejército, así como también de la Fiscalía General de la Nación.
2.5. Bases de datos reservadas del Comité Operativo de Dejación de las Armas (CODA) en las cuales figura información personal y del núcleo familiar de desmovilizados de la guerrilla.
2.6. Testimonios recepcionados en el proceso a diferentes personas que confirman la compra y venta de información de Inteligencia, la interceptación ilegal de correos electrónicos de ciudadanos, y otras actividades ilegales.
2.7. Un dispositivo electrónico de origen israelí que permite interceptar ilegalmente comunicaciones.
3) Por lo anterior y teniendo en cuenta que toda esta evidencia pone en riesgo la seguridad nacional, la Fiscalía General de la Nación abrirá de inmediato la investigación penal a la Jueza Décima Penal del Circuito de Bogotá por el delito de prevaricato por acción.
Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, de 29 años, fue capturado el 5 de mayo por unidades del CTI de la Fiscalía, en una oficina ubicada en la calle 93 D con carrera 17, al norte de Bogotá, donde al parecer se manipulaban computadores y elementos electrónicos con tecnología de punta, que según la Fiscalía dijo interceptaban el proceso de paz.
