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Colprensa

Playas de Santa Marta están siendo ocupadas ilegalmente por condominios

El contralor pide al fiscal investigar daños ambientales al Lago El Dulcino y pérdida de manglares para favorecer la construcción de edificios como Cabo Tortuga, Sierra Laguna y Sierra Beach.

El contralor Edgardo Maya pidió al fiscal Néstor Humberto Martínez investigar el hecho de que grandes condominios se han apoderado ilegalmente de las playas de la zona de Pozos Colorados en Santa Marta.

En medio de este drama, advierte el ente de control fiscal que autoridades como el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente, Dadma, no adelantan acciones para impedir los perjuicios ocasionados.

La actuación especial de la Contraloría General de la República estableció que los condominios Cabo Tortuga y Sierra Laguna están entre los que incurren en esta irregularidad, afectando el sistema de humedales costeros del lago El Dulcino.

También se cuestiona a los constructores del Edificio Sierra Beach Resort, que están produciendo graves afectaciones ambientales ambientales por descarga de sedimentos sólidos al lago.

Para el organismo de control, las autoridades ambientales del Distrito de Santa Marta no han adelantado acciones efectivas para impedir los graves perjuicios ambientales causados por la ocupación y uso indebido de bienes de uso público, en las zonas de playas y bajamar.

La actuación del organismo revisor ríe por objeto “evaluar la presunta ocupación de bienes de uso público en la zona denominada Pozos Colorados, ubicada en jurisdicción del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta, con corte a junio de 2017”.

Agrega el informe que "queda claro que las autoridades de territoriales y ambientales no han tomado las medidas protección a los derechos o intereses colectivos, para proteger y restituir los bienes de uso público y tampoco han garantizado el goce de un ambiente sano".


La Contraloría alertó también sobre la protección a áreas de especial importancia ecológica y el goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público que están siendo amenazados o violados por particulares.

Frente al tema, Maya le puso de presente a Martínez que “las gestiones adelantadas evidenciaron situaciones irregulares que pueden comprometer la responsabilidad penal de particulares y funcionarios públicos, toda vez que las mismas involucran la ejecución de proyectos urbanos sobre bienes de uso público o su apropiación, sin que se hayan tomado medidas necesarias para su recuperación, por parte de las autoridades llamadas a su protección”.

Estas ocupaciones han generado enormes daños ambientales sobre el lago El Dulcino, cuya área total se ha reducido en los últimos años en más de nueve mil metros cuadrados, por la construcción de edificaciones de vivienda o de explotación turística, 

licenciadas por las curadurías urbanas, desconociendo la especial protección que sobre el mismo se estableció mediante la Resolución 869 de 2013 expedida por el Dadma, como autoridad ambiental y la Dimar, se lee en el comunicado.

“Las edificaciones, levantadas en la orilla del lago, vierten sustancias contaminantes sobre el cuerpo de agua, poniendo en riesgo los recursos fáunicos, forestales, florísticos e hidrológicos del mismo, sin que las autoridades del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta, hayan adoptado alguna medida para frenar los efectos nocivos que se están generando de manera permanente al ecosistema, conductas estas que se encuentran tipificadas como delictuales por el ordenamiento jurídico”, puntualizó Maya Villazón.

Constató además la entidad que pese a que se han llevado a cabo algunos procesos administrativos para la recuperación de los bienes de uso público ocupados por particulares, los procesos correspondientes contienen presuntas irregularidades y, pese a las advertencias que ha hecho la Dimar, han terminado beneficiando a los ocupantes, a quienes no se les exige la adopción de medidas para la preservación del medio ambiente y realizan vertimientos contaminantes a las aguas marinas, causando daños a la fauna y flora nativas, incurriendo en conductas con presunta incidencia penal.

Entre los condominios señalados se encuentra el edificio Cabo Tortuga, el edificio Sierra Laguna, el edificio Sierra Beach, desde el que "se ha afectado el humedal lago El Dulcino por descarga de sedimentos sólidos que favorecen la colmatación acelerada, con sus respectivos daños ambientales para la dinámica ecosistémica".

Además, el ente de control estableció que los vertimientos de los establecimientos edificio Lagomar, Apartahotel Sura Mar, Hotel Los Veleros, Hotel Tequendama, Hotel Quinta Santa Marta, Hotel Santa Marta Real, Hotel Sharaima, Edificio Teyuna, Edificio Kalamary, Edificio Caribe Palma, Condominio Villas de Fontanar, Hotel Fontanar, Restaurante Mapy y Restaurante Punto Rojo, son enviados a poza séptica, pero no tienen el respectivo permiso de vertimientos emitido por el Dadma.

"Esto quiere decir que la Alcaldía de Santa Marta, representada por el Dadma, carece de la información técnica necesaria para garantizarle a la sociedad samaria, la debida protección de las fuentes de agua", indica el informe.

Además, verificó la autoridad la existencia de 12 vertimientos presuntamente ilegales a los humedales El Dulcino, dos de ellos provenientes del edificio Cabo Tortuga, nueve provenientes del edificio Sierra Laguna y uno proveniente del edificio Sierra Beach.

Finalmente, señala la actuación, a los permisos de vertimientos al mar del Hotel Puerto Soñado y del Aeropuerto de Santa Marta, no se le ha realizado seguimiento por parte de Corpamah desde el año 2015 y 2014, respectivamente.

"El sistema de humedales El Dulcino se encuentra rodeado de un diverso ecosistema de manglar, dado que allí se han registrado todas las especies de mangle presentes en Colombia (...). Lo anterior convierte a esta zona en un lugar de gran biodiversidad que de acuerdo a la normatividad ambiental goza de especial atención y protección", advierte la Contraloría.

No obstante, el Dadma, se lee, mediante permisos de ocupación de cauce que no cumplen con las especificaciones ambientales pertinentes, ha permitido la remoción y pérdida de estos manglares para favorecer la construcción de edificios como Cabo Tortuga, Sierra Laguna y Sierra Beach.

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