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La procuradora Regional del Magdalena, Ana María Muelle, renunció en las últimas horas al cargo, luego que un grupo de concejales de Santa Marta la denunciaran ante el máximo jerarca de ese ente, Fernando Carrillo, por utilizar su posición para favorecer intereses políticos, suyos y de su esposo, el también concejal Iván Darío Sarabia.

La dimisión la dio a conocer la funcionaria a través de su cuenta de Twitter, afirmando que lo hace 'para poder defenderme de las bajas acusaciones en mi contra'.

Los cabildantes samarios, Efraín Lozano, Daniel Sánchez, Jaime Linero, Carlos Pinedo, Pedro Gómez Añez, Jorge Yesid Ospino (presidente de la mesa directiva) y Juan Carlos Palacio, remitieron el pasado 2 de agosto una carta al Procurador General de la Nación, en la que le piden intervenir ante lo que consideran un acto de corrupción.

En apartes de la misiva le dicen que Ana María Muelle 'en reiteradas ocasiones ha utilizado su autoridad como mecanismo de presión contra todos los sectores de la administración Distrital, Departamental y entidades descentralizadas, con el fin de satisfacer sus intereses y especialmente los de índole político de su esposo'.

Agregan que el vínculo matrimonial que tiene con Iván Saravia, 'ha generado una confluencia de intereses capaces de afectar la imparcialidad e independencia que debe guiar las actuaciones de quien ejerce el control disciplinario en Santa Marta y el Magdalena'.

Afirman los concejales que en el transcurso del año ha comisionado a sus funcionarios a que realicen visitas especiales al concejo, en 10 ocasiones, 'ejerciendo presión política'. Sostienen que la carga laboral de la entidad ha sido el foco de atención de la Procuradora.

Los concejales denunciaron ante Fernando Carrillo que su compañero de Corporación, Iván Sarabia (esposo de la Procuradora), ha llegado a manifestarles que 'quien no ceda a sus pretensiones será sancionado por la Procuraduría'.

El concejal Juan Carlos Palacio, señaló que fue objeto de un chantaje por parte de un delegado de la Procuraduría. 'Me pidieron 40 millones para sacarme del proceso', anotó.

Este jueves el Procurador General de la Nación llegará a Santa Marta para presidir una reunión en la universidad del Magdalena y de paso escuchar de viva voz a los concejales y lógicamente a su ex funcionaria.