Ivonne Vega acusa a la EPS Salud Total de “jugar con la vida de mi hijo, con su futuro”. Su hijo es un niño autista llamado Jacoob Eduardo González, al que desde noviembre de 2010 le suspendieron las terapias especiales Abba, que le venían realizando hace 7 años, cobijado por una acción de tutela.
Ivonne recibió en diciembre una comunicación de la EPS, en la que asegura que la tutela no ordena “taxativamente” dicho tratamiento. Luego de la valoración de un especialista en psiquiatría, anunciaron que Jacoob recibiría ahora solo terapias físicas y de lenguaje.
Aunque tampoco se han emitido ordenes para estos servicios.
Y como a la IPS tratante, Esco, le dejaron de llegar los pagos, suspendió la atención.
¿Cómo le van a cancelar el tratamiento, si el niño viene mostrando mejoría, y juntas médicas y un neuropediatra que lo atiende desde los 2 años ratifican que lo necesita? Así se resumen los cuestionamientos que indignan a Ivonne y su esposo, Jacoob González Llinás.
“Como que con solo revisarlo una vez, ese psiquiatra me curó al niño”, dice ella, enfadada.
Anuncia que iniciará, otra vez, acciones legales contra la EPS. “Le venían pagando a regañadientes el tratamiento. Yo tenía que ir hasta tres veces para conseguir una orden. Quieren como que desistamos”.
Con el tiempo que recibió las terapias, el pequeño Jacoob avanzó de tal manera, que pudo ser matricularlo en un colegio regular. Tras 3 meses sin atención especializada, anda dándose golpes en la cabeza.
Caso fallado
Tal como Ivonne, un grupo de 18 pacientes de esclerosis múltiple, afiliados a Salud Total, habían denunciado en EL HERALDO que la EPS les cambió el tratamiento que llevaban recibiendo por 2 años, como si mágicamente se hubieran curado de un mal sin cura. A raíz del caso. La Corte Constitucional ordenó reanudar los servicios requeridos de manera inmediata y permanente, en la IPS señalada por ellos. Un fallo de redundancia nacional, extensivo a casos similares.
Por Iván Bernal Marín
