
El Distrito de Barranquilla apeló ante el Tribunal Administrativo del Atlántico el fallo del juez Segundo Administrativo, Roberto Chavarro, que ordena demoler el edificio de la Caja Agraria en un término de siete meses, para pedir se otorgue un plazo superior a un año, a fin de llevar a cabo todas las gestiones administrativas necesarias, en pro de su acatamiento.
Raúl Lugo Hernández, en calidad de mandatario judicial del Distrito, presentó el recurso de apelación contra la sentencia, pero específicamente en lo que tiene que ver con el numeral cuarto de la parte resolutiva.
En ese numeral “se ordena la demolición efectiva del edificio de la Caja Agraria de Barranquilla, previa extracción, restauración y reubicación pública del mural de la autoría del pintor Alejandro Obregón que se localiza en su interior, debiendo primeramente y de todas formas, agotar el procedimiento señalado para garantizar el derecho de indemnización a sus propietarios, todo lo cual deberá surtirse en el plazo máximo de siete meses contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión, término que cobijará tanto a lo que tiene que ver con el representante legal del Distrito de Barranquilla, quien además deberá adelantar el trámite administrativo contractual tendiente a seleccionar objetivamente al contratista que materializará la demolición, como en lo que atañe al Concejo Distrital”.
La Administración considera que el tiempo otorgado por el despacho es insuficiente para conciliar con los propietarios del edificio el precio de la compraventa del inmueble o en su defecto adelantar el procedimiento de que trata el Capítulo VIII de la Ley 388 de 1997; llevar a cabo la licitación pública o el concurso de méritos previo a la escogencia de la firma o firmas que ejecutarán la demolición de la edificación; contar con los respectivos registros presupuestales y disponibilidad presupuestal para la cancelación del valor del inmueble a todos sus propietarios, así como para asegurar los costos que la demolición demanda.
Por Leonor De la Cruz