Alcalde de Galapa pone su cargo a disposición del Gobernador
Esto se produce más de dos años después de haber sido dictada y confirmada una sentencia para que Vargas sea privado de la libertad durante 48 meses.
El alcalde de Galapa, José Vargas Palacios, condenado a 48 meses de privación de la libertad, puso su cargo a disposición del gobernador José Antonio Segebre, pidiéndole que proceda de conformidad con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, la cual dicta normas “para preservar la moralidad en la Administración Pública” y fija disposiciones “con el fin de erradicar la corrupción administrativa en Colombia".
El alcalde le explica al Gobernador los motivos por los que ha permanecido en el cargo luego de haber sido condenado y las razones de no haberse presentado a dos audiencias (la última, ayer) en la Procuraduría para responder por una supuesta violación al régimen de inhabilidades.
Vargas adujo estar hospitalizado en la Clínica La Asunción, con problemas de hipertensión que atribuye a las tensiones propias de la batalla jurídica que enfrenta.
Anexó a su comunicado al Gobernador tres certificados expedidos por la Policía Nacional, de que no tiene asuntos pendientes con la autoridades judiciales, por la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, de que no existen proceso en los que él sea responsable fiscal, y por la Procuraduría General de la Nación, de que no registra sanciones ni inhabilidades vigentes.
Aunque Vargas no asistió a la audiencia en la Procuraduría, sí lo hicieron habitantes del municipio de Galapa a bordo de diez buses, quienes se tomaron la calle 40, frente a esta dependencia, para apoyar a ritmo de consignas y de tambores la gestión del alcalde y para expresar rechazo a la posibilidad de que éste sea separado de su cargo.
La sentencia. El alcalde José Vargas sigue ejerciendo las funciones propias de su cargo a pesar de que el 19 de octubre de 2011 fue sentenciado a 48 meses de privación de la libertad por el Juzgado Sexto Penal del Circuito, debido a los delitos de falsedad en documento público y prevaricato por omisión.
Este se debió, a su vez, al otorgamiento, en 1999, de un certificado de disponibilidad de servicios públicos para la urbanización Mundo Feliz, en Galapa, en la que posteriormente se registró una grave crisis sanitaria precisamente por la no instalación de los servicios públicos de agua potable y de alcantarillado.
Inadmisión. Esta sentencia fue ratificada 26 de marzo de 2012 por el Tribunal Superior de Barranquilla, y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá, la cual mediante providencia del 9 de octubre de 2013 inadmitió los argumentos del alcalde para intentar la modificación de la decisión de primera instancia o incluso la anulación del todo el proceso.
El siguiente paso que debió haberse dado, según explicó el presidente de la Sala Penal del Tribunal del Atlántico, Luis Felipe Colmenares, era la notificación por parte de la Corte Suprema al alcalde José Vargas de la condena que debe cumplir, y al Gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, superior jerárquico del alcalde quien tiene la obligación de nombrar a un alcalde encargado mientras se convocan nuevas elecciones municipales en Galapa.
En su defecto, explicó Colmenares, la Corte tendría que haber emitido un despacho comisorio con destino al Tribunal del Atlántico para que este lo remitiera al juzgado que dictó la sentencia, el Juzgado Sexto Penal del Circuito. Al respecto, añadió que toda entidad judicial tiene la responsabilidad de notificar sus propias decisiones.
Un representante de la Corte Suprema, en diálogo telefónico con este medio, aseguró sin embargo que la Corte devuelve los procesos, tras emitir las providencias, a las instancias judiciales que los originaron para que hagan las notificaciones del caso.
Pero Colmenares también explicó que mientras el proceso fue enviado a Bogotá, el Juzgado Sexto Penal del Circuito, el cual profirió la sentencia, desapareció.
Fue transformado en Juzgado Segundo Penal del Circuito Con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, encargado de tramitar procesos que datan de antes de la modificación del sistema penal acusatorio, y perdió las competencias para seguir atendiendo el caso del alcalde y para hacer las notificaciones de rigor.
Traslado. Ante este hecho, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico ordenó el pasado 4 de diciembre el traslado de todos los casos del extinto Juzgado Sexto Penal del Circuito al Juzgado Segundo Penal Del Circuito de Barranquilla con Función de Depuración.
De todos los casos: no sólo el del alcalde José Vargas. La Sala Administrativa advierte a ren glón seguido, además, sobre la necesidad de hacer estos traslados “cuidadosamente y sin premura, para evitar el extravió de algún expediente”.
Desde que se dio esta orden han pasado nueve días, que se suman a la espera de años que han tenido que soportar los galaperos para que la Justicia actúe y defina la situación legal del administrador del municipio.
