La polémica por el fallo judicial que ordena el cierre definitivo de las dos discotecas LGBTI sube de tono.
Mientras la artillería de los propietarios se prepara para contraatacar y buscar una salida legal para lo que ellos consideran un ataque directo a sus derechos constitucionales, Humberto Mendoza, director del Damab y Jaime Armenta Bravo, abogado de profesión y uno de los voceros de la comunidad que aduce sentirse afectada, en conversaciones con EL HERALDO aclararon sus roles dentro de este torbellino de acusaciones y señalamientos.
'Quiero ser enfático en proclamar, que por mi condición de profesional del derecho, la comunidad ve en el suscrito un asesor, pero el accionar, la inconformidad, corresponde a un clamor general de los habitantes del barrio', afirmó de manera enfática Jaime Armenta Bravo.
En medio de acusaciones por prevaricato de parte de los propietarios de Sky Bar Discoteca, anunciados públicamente a los medios de comunicación en la mañana de ayer, Humberto Mendoza aclaró que la orden del Juez fue imperativa y de obligatorio cumplimiento, razón por la cual se dio alcance y cumplimiento a la orden judicial, 'no podemos decir que este es un acto administrativo del Damab, que es un proceso sancionatorio del Damab, independiente que pueden existir en trámite procesos administrativos con este tipo de establecimientos'. Tanto Mendoza como Armenta dejan por sentado que no les motiva ningún sentimiento homofóbico ni discriminatorio, el uno cumple ordenes y el otro solo lo motiva el deseo de tranquilidad, 'quién se aguanta esa música todos los fines de semana a todo timbal', agregó.
Caribe Afirmativo se pronuncia
Caribe Afirmativo, organización de la sociedad civil que trabaja por el respeto y reconocimiento de derechos humanos de la población LGBTI en la Región Caribe, reporta con gran preocupación como la decisión de la Juez del Juzgado Segundo Municipal Penal de Infancia y Adolescencia de cerrar definitivamente dos establecimientos públicos que sirven a la población LGBTI está viciada por efectos de una sistemática homofobia que esta funcionaria pública ha asumido en el trato a los derechos y la igualdad ciudadana. La Corte Constitucional en diferentes fallos ha reconocido la desventaja real que existe en Colombia frente a los derechos de la población LGBTI, quienes son discriminados y excluidos en la sociedad por motivos de su orientación sexual e identidades de género.
Por Redacción local
