La Corte Constitucional realizará el próximo 24 de septiembre una inspección judicial con el fin de tener una percepción directa de la situación que atraviesan en cuanto a sus necesidades de agua, alimentación y salud, en el marco de la Sentencia No.302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.
La visita iniciará en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Riohacha y posteriormente se cumplirá en las comunidades 'Nueva Venezuela' y '23 de Abril', ambas ubicadas a 20 minutos del casco urbano del municipio de Uribia -en representación de las demás comunidades-.
La corte indicó en el auto 443 de 221 que 'en esta oportunidad, a través del experticio técnico de campo, la Sala estima necesario constatar directamente después de tres años de haberse proferido la sentencia T-302, cuál es el estado real de cumplimiento de las órdenes generales, particularmente las barreras y bloqueos que impiden avanzar en la superación definitiva del estado de cosas inconstitucional. Se pretende evidenciar la situación actual que vive la niñez wayuu respecto al goce efectivo de sus derechos al agua, a la alimentación y a la salud, teniendo en cuenta la situación de la pandemia'.
La visita se realiza después que la Sala Octava de Revisión decidiera asumir la competencia para conocer del cumplimiento de la sentencia, a efectos de verificar la garantía efectiva de los derechos de la niñez wayuu. En ese proveído la Sala decretó pruebas y emitió una serie de órdenes dirigidas a constatar e impulsar el acatamiento del fallo. Además, dispuso la realización de una sesión técnica y una diligencia de inspección judicial con el fin de facilitar el diálogo entre las comunidades y las accionadas, y de conocer de primera mano las necesidades de la población indígena.
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En la diligencia la Corte solicitó la presencia de varios líderes y autoridades indígenas wayuu, así como la del defensor del pueblo Carlos Camargo, de Antonio Thomas Arias, Viceprocurador General de la Nación, de Ana María Palau Alvargonzalez, Consejera Presidencial para las Regiones, de José Luis Acero, viceministro de agua y saneamiento básico del ministerio de Vivienda; y de Ruth Chaparro, directora de la Veeduría Ciudadana para la implementación de la sentencia T-302 de 2017.
En esta sentencia la Corte puso de presente que las estadísticas confirmaron una verdad conocida desde hace varios años por los órganos de control, instituciones internacionales y organismos de la sociedad civil, esto es, que los niños y niñas wayuu todos los meses mueren de hambre, situación que tiene múltiples causas y que debe ser atendida en al menos tres frentes o ejes temáticos: alimentación, agua y salud.
Esa fue la división temática acogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las medidas cautelares adoptadas en el asunto niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha, y Maicao del Pueblo wayuu, asentados en el departamento de La Guajira
