90% de los pozos entregados en La Guajira no funcionan
Así lo aseguró la Veeduría para la Implementación de la Sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.
Desde el 2015 en el departamento de La Guajira se han venido entregando pozos profundos como soluciones de agua para las comunidades indígenas que están en la zona rural dispersa de Uribia y Manaure, pero el 90% de ellos no están funcionando y el 10% restante se encuentran subutilizados o se mantienen funcionando con recursos propios de la comunidad.
Así se concluyó luego de la verificación de los 29 pozos y sistemas de potabilización en las comunidades wayuu que hizo el equipo técnico de la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 del 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.
Los miembros de la Veeduría explicaron que las visitas se realizaron conservando los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social preventivo.
Según indicaron, estos pozos fueron entregados por el Departamento de Prosperidad Social - DPS y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres - UNDGD, en las comunidades indígenas de los municipios de Manaure y Uribia, construidos en el marco del Pacto por el Agua y la Vida en La Guajira 2016-2018.
“Estos prometían ser una solución de agua potable para las comunidades wayuu y el gobierno nacional ha estado presentado como acciones eficientes y eficaces en el cumplimiento de la Sentencia, sin conocer que estos se comenzaron a deteriorar en el 2018 por falta de mantenimiento”, enfatizan en el informe.
En total el DPS ejecutó $14.412 millones en 29 inversiones en agua potable, acompañadas de huertas comunitarias a razón de $ 496 millones cada una, con un mantenimiento anual menor a $10 millones, el cual no fue realizado por las entidades territoriales y nacionales encargadas del servicio de agua potable.
El equipo de la Veeduría Ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 del 2017, informó que ha hecho llegar diferentes derechos de petición a la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y al Tribunal Superior de Riohacha con los respectivos soportes para que intervengan e investiguen a fondo las responsabilidades por acción u omisión durante el proceso de planeación, ejecución y liquidación de los contratos de obras.
Igualmente han pedido establecer la posibilidad de rescatar estos bienes públicos aplicando las pólizas de garantías, calidad y estabilidad de las obras que sean pertinentes por el rápido deterioro de estos sistemas de suministro de agua potable en zonas altamente impactadas por la desnutrición, lo cual genera un incremento constante de las muertes del niño menores de 5 años.
Adicionalmente aseguran que el programa que lanzó el presidente Iván Duque denominado Guajira Azul, en el marco del cual se ha construido una pila pública principal en Manaure y otras seis receptoras, no logra el cubrimiento integral de la población indígena y el suministro de agua potable.
“El abastecimiento de las pilas satélites presenta problemas por la distribución de agua en carrotanques que deben transitar vías en precarias condiciones”, afirma la Veeduría.
