En el marco de su reintegro a sus funciones constitucionales, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, fijó la posición del Gobierno Departamental frente al Decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno Nacional, manifestando su desacuerdo con las medidas fiscales planteadas en su desarrollo, al considerar que estas afectan la autonomía territorial y trasladan al nivel central competencias y recursos que constitucionalmente corresponden a los departamentos.
El pronunciamiento se da frente a disposiciones contenidas en el Decreto 1474 de 2025 y normas relacionadas, mediante las cuales se modifican estructuras tributarias asociadas a impuestos al consumo que históricamente han sido rentas propias de los departamentos, como las generadas por licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado, recursos fundamentales para la financiación de sectores como salud, educación, deporte y atención a poblaciones vulnerables, incluidas las comunidades indígenas de La Guajira.
Según la administración departamental, la centralización de estos recaudos o su modificación mediante incrementos tarifarios de alcance nacional -como el aumento del IVA del 5 % al 19 % en bebidas alcohólicas de alto grado o el ajuste de gravámenes al consumo— tendría impactos fiscales negativos para los territorios.
Estas medidas reducirían los ingresos propios de los departamentos, incrementarían los precios al consumidor final, desincentivarían el consumo formal y aumentarían riesgos como el contrabando, afectando la sostenibilidad financiera de regiones con altas brechas sociales.
Ante lo cual, la Gobernación de La Guajira advierte que el decreto de emergencia podría exceder los límites previstos en el artículo 215 de la Constitución Política, al no cumplir de manera estricta con los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad que rigen los estados de excepción, e invadir competencias exclusivas de las entidades territoriales sin una justificación constitucional suficiente. La urgencia fiscal del orden nacional, señala la administración, no puede servir de fundamento para alterar el diseño del sistema tributario descentralizado.
En este contexto, y en estricto respeto por el Estado de Derecho y la separación de poderes, la administración solicita de manera respetuosa a la Corte Constitucional un pronunciamiento oportuno y prioritario sobre la constitucionalidad del decreto que declaró la emergencia económica (Decreto 1390 de 2025), así como de las medidas fiscales planteadas en su desarrollo, incluido el Decreto 1474 de 2025.
Finalmente, la administración departamental reiteró su defensa de la autonomía territorial y de los recursos que constitucionalmente le corresponden al departamento para garantizar la prestación de servicios esenciales a la población guajira, y anunció que aguardará la decisión de la Corte Constitucional como autoridad competente para definir la validez de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica.
