La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 010 de 2025 para la ciudad de Riohacha y los municipios de Dibulla y San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira, debido a la disputa armada entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
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El organismo advirtió a través de un comunicado que el intento de estos grupos armados ilegales por “consolidarse” en los cascos urbanos y las zonas rurales “tiene en riesgo extremo a los habitantes de los dos municipios y de la capital guajira”.
Esto en medio de la expansión territorial, militar y política que pretende el EGC, a través de su Frente Francisco José Morelos Peñate, del Bloque Nelson Darío Hurtado, y el recrudecimiento hegemónico de las ACSN, por medio del accionar de su Frente Javier Cáceres.
“La actual situación puede derivar en graves impactos sobre los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil, como comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, además de menores de edad, jóvenes, mujeres, población con orientación sexual e identidad y expresión de género no hegemónica (OSIEGNH), personas defensoras de derechos humanos y de quienes ejercen liderazgos sociales”, señaló la Defensoría.
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Explicó que estas poblaciones están expuestas “a múltiples repertorios de violencia” como las confrontaciones armadas, homicidios selectivos y múltiples, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos prolongados, reclutamiento y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, así como la imposición de ‘normas de conducta’, restricciones a la movilidad, extorsiones y amenazas.
Agregó que los corredores estratégicos de la Troncal del Caribe y de la Sierra Nevada de Santa Marta están siendo copados por estas estructuras, “que buscan imponer ‘gobiernos de facto’ (sin un fundamento legal) mediante la violencia, el miedo y el control social”.
Por estos motivos, la Defensoría del Pueblo alertó que hay peligro en Riohacha para sus diez comunas, 14 corregimientos, 66 consejos comunitarios y 15 resguardos indígenas.
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En el caso de Dibulla, para seis corregimientos, ocho consejos comunitarios y tres resguardos indígenas; para San Juan del Cesar: su casco urbano, diez corregimientos, 26 consejos comunitarios y tres resguardos indígenas.
Subrayó que de no ser puestas en marcha medidas urgentes de disuasión, protección y respuesta rápida, “se podría consolidar el control territorial de esos grupos en las zonas advertidas por la Defensoría del Pueblo”.
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Ante esto, el organismo formuló 31 recomendaciones estructuradas en siete ejes estratégicos, dirigidas a entidades del orden nacional y territorial.
Las recomendaciones incluyen el fortalecimiento de la reacción pronta a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el despliegue sostenido de operaciones de disuasión por parte de la fuerza pública, la implementación de medidas de protección colectiva para pueblos indígenas y afrodescendientes, la activación de respuestas humanitarias ante posibles desplazamientos masivos, el impulso de políticas que mitiguen las condiciones de exclusión social que alimentan el conflicto armado, entre otras.
