El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, verificó este lunes la grave crisis humanitaria que padecen las personas privadas de la libertad en la estación de Policía La 19 de Riohacha, el centro de detención transitoria con mayor hacinamiento del país.
'La Guajira cuenta con 17 estaciones de Policía que registran un hacinamiento promedio del 233 %. Sin embargo, en la estación de Policía La 19 de Riohacha nos encontramos con la situación humanitaria más grave, no solo de La Guajira sino de todo el país, con un hacinamiento que llega al 2.000 % en esta estación', alertó el funcionario.
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Camargo advirtió que la situación en la que se encuentran los reclusos de este centro de detención 'es infrahumana'.
'Desde la Defensoría dispondremos de un equipo especial de Defensores Públicos y les solicitamos a las autoridades judiciales un plan de descongestión humanitaria para resolver la situación jurídica de los detenidos. Valdría la pena otorgar libertades controladas inmediatas en el marco de lo establecido en nuestra normatividad y garantizando la integridad y el debido proceso', sostuvo.
Igualmente, le solicitó a las autoridades locales trabajar de manera articulada con las autoridades nacionales, particularmente el Ministerio de Justicia, para solucionar esta crisis.
En videos quedaron registradas las denuncias de los detenidos acerca de un posible brote de tuberculosis no controlado y agregaron que les toca hacer sus necesidades fisiológicas en bolsas y en botellas. En ese sentido, el Defensor dijo que 'urge adelantar una jornada de salud y proveer de baterías sanitarias'.
'Reiteramos que el cierre de los establecimientos de reclusión a cargo del Inpec por la propagación del covi-19 conllevó a que la problemática histórica del hacinamiento, que durante décadas había soportado el sistema penitenciario y carcelario, se trasladara a las estaciones de Policía y las URI del país', afirmó Camargo luego de visitar la estación de Policía la 19 de Riohacha.
Asimismo, recordó que los centros de detención transitoria están diseñados, tanto legal como logística y administrativamente, para alojamiento y custodia de las personas privadas de la libertad de manera temporal, con un máximo de reclusión de 36 horas, por orden de la autoridad judicial competente, mientras se define su situación jurídica.
No obstante, en las estaciones de policía de La Guajira, la Defensoría reportó que ha encontrado personas sindicadas que permanecen detenidas por más de 2 años.
Por último, el funcionario expresó preocupación porque 'las unidades policiales deben ser separadas de la seguridad ciudadana para dedicarse a la custodia de las personas privadas de la libertad. Es una situación que se escapa de sus funciones institucionales y que debe ser solucionada de manera urgente'.
