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El titulo es:Robo de tierras en el Atlántico: ¿En qué van las investigaciones?

Robo de tierras en el Atlántico: ¿En qué van las investigaciones?

La reciente intervención de la Fiscalía en la Alcaldía de Puerto pone en evidencia que el ente investigador le sigue la pista a falsas adjudicaciones de terrenos propiedad del Estado. 

Archivo EL HERALDO
Archivo EL HERALDO
Vista aérea de la zona costera del departamento del Atlántico, donde se ha evidenciado el robo de tierras. Archivo EL HERALDO
Por: William Colina Páez @WicoPaez

La reciente intervención de la Fiscalía en la Alcaldía de Puerto pone en evidencia que el ente investigador le sigue la pista a falsas adjudicaciones de terrenos propiedad del Estado. 

El allanamiento realizado el viernes de la semana anterior por la Fiscalía en la sede de la Alcaldía de Puerto Colombia volvió a evidenciar una realidad oculta que se ha venido moviendo desde hace ya varios años: la apropiación de tierras en esta parte del Caribe colombiano.

En la diligencia de ese día, el fiscal quinto especializado de Barranquilla, Amín Mosquera Moreno, ordenó a funcionarios del CTI allanar el despacho del alcalde Steimer Mantilla y cuatro despachos de secretarías con el objetivo de recaudar documentación relacionada con presuntas irregularidades en folios de matrículas inmobiliarias. A través de estas, según las indagaciones adelantadas, se habrían legalizado aparentemente adjudicaciones de bienes fiscales y de uso público de la Nación, bajo el control de la Dirección Marítima y Portuaria, Dimar. Dichas investigaciones se extienden a adjudicaciones tanto del extinto Incora como del Incoder, en años más recientes.

Según explicó ese día en un comunicado de prensa el mismo alcalde de Puerto, la diligencia se realizó dentro de una investigación que se desarrolla por “una denuncia ciudadana hecha en 2007”.

En la comunicación, Mantilla informó que los investigadores buscaban recaudar todas las pruebas relacionadas con dos matriculas inmobiliarias que “datan de varias décadas atrás”.

Seguidamente, el mandatario municipal indicó que el fiscal solicitó a la Secretaría de Desarrollo Territorial información sobre las licencias de construcción que “durante estos más de 60 años” tengan que ver con las matrículas inmobiliarias que son objeto de indagación.

Denuncias anteriores

 Dependencias del orden nacional como la Superintendencia de Notariado y Registro, las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, al igual que autoridades locales, ya le seguían la pista a denuncias de cómo en municipios de la zona costera del Atlántico se han adelantado oscuros  procesos de apropiación de tierras, manejados por poderosas mafias.

Los registros de las autoridades evidencian que en municipios como Puerto Colombia y Tubará, donde se concentran las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación en una primera fase, se conoce que al menos 500 predios de baja mar y de playa han sido usurpados por invasores profesionales. Eso mismo lo denunció la Capitanía de Puerto de Barranquilla en mayo de 2017. Según la Dimar, son 3.533 predios invadidos en los que hay desde kioskos hasta lujosas casas playeras.

En estas investigaciones la mayor preocupación gira alrededor de lo acontecido en la apropiación de tierras en el municipio de Tubará a lo largo de sus 18 kilómetros de playa, ya que se ha convertido en la punta del iceberg a partir de las denuncias de líderes de la comunidad indígena de la etnia Mokaná. Desde 2013 estos denunciaron sobre permanentes movimientos de personas extrañas en lujosas camionetas de alta gama, así como de equipos para remoción de tierra, lo que ha ocasionado la tala de árboles, de mangle y del bosque seco tropical nativo de la Región.

EL HERALDO conoció que el pasado 7 de junio el mismo fiscal quinto especializado, en inspección judicial practicada a la Alcaldía de Tubará, obtuvo importantes pruebas documentales que relacionan el proceso de apropiación de tierras alrededor de dos matrículas, con las que se ha realizado la apropiación irregular para efectuar los despojos de propiedades, proceso en el cual se investiga la intervención de grupos al margen de la ley.

Homicidios

 Al menos 15 homicidios cometidos en Barranquilla y el Atlántico estarían relacionados con el tema de robo de tierras en esta región del país, de acuerdo con pesquisas de las autoridades judiciales.

El 15 de julio de 2016 sicarios acabaron con la vida de Rafael Enrique Sandoval Rossette, a quien le propinaron seis tiros en el interior de un restaurante de comida típica, situado en el norte de Barranquilla.

La Policía informó en su momento que el homicidio de la víctima, quien trabajaba como jefe de una empresa de seguridad de predios, estaba “relacionado con la titularidad de predios en el área metropolitana de Barranquilla y el Atlántico”.

Casualmente, una hermana de Sandoval Rossette había sido asesinada en febrero del mismo año en el barrio Costa Hermosa. La mujer fue identificada como Jennifer Isabel Sandoval Rossette, de 24 años. Sin embargo se desconoce si su muerte guarda relación con la línea investigativa del caso de su hermano. 

Asimismo, en septiembre de 2016, en el sector conocido como El Vaivén, una vereda del municipio de Juan de Acosta, fue asesinado Luis Simanca Charris.

El hombre recibió tres tiros y murió en el interior de su camioneta Toyota. El entonces comandante de la Policía del Atlántico, coronel Raúl Riaño, informó que como hipótesis tenían que la víctima “estaba inmersa en procesos por temas de tierras, de compra y venta, en el sector de Piojó”.

En ese mismo año, pero en el mes de mayo, fue baleado José Morillo Navarro en el barrio Ciudad Jardín. El hombre, de 64 años, murió cinco días después del ataque sicarial. Morillo Navarro, según las autoridades, tenía tres denuncias por perturbación de la posesión sobre inmueble en Puerto Colombia, fraude procesal en Cartagena y estafa en Barranquilla.

En agosto fue asesinado en el barrio Me Quejo, Luis Hernández, de 61 años. La víctima tenía cinco anotaciones judiciales por estafa, una por abuso de confianza, dos por constreñimiento y otra por perturbación sobre bien inmueble.

Años antes, en enero de 2013, fue asesinado por un sicario José Hernández Gores. El hecho ocurrió en la carrera 36 con calle 87, barrio Colina Campestre, localidad Suroccidente, de Barranquilla.

La Policía informó en ese entonces que la víctima tenía 5 anotaciones judiciales relacionadas con la “compra y venta de terrenos”.

Otro homicidio fue el del exalcalde de Tubará, León Tiberio Barraza Molinares, registrado el 24 de agosto de 2010 en el barrio Olaya, de Barranquilla.

El caso del exalcalde es de suma importancia para las autoridades ya que posterior a su asesinato se tuvo conocimiento que en diferentes notarías del departamento del Atlántico se legalizaron, elevando a escrituras públicas, resoluciones en las que se autorizaban adjudicaciones a lo largo de los 18 kilómetros de playa que posee el municipio de Tubará.

Dichas resoluciones, con fechas de los años 2001 a 2003, aparecen posteriormente confirmadas mediante otros actos administrativos similares firmados, presuntamente, por los alcaldes y secretarios de Gobierno durante los años 2010 a 2013, las cuales fueron elevadas a escrituras públicas en días posteriores, y en las mismas se certificaba la autenticidad de las que aparecerían firmadas por el asesinado exalcalde León Barraza Molina.

Fuentes de la investigación han manifestado que durante la administración de León Barraza, entre los años 2001 y 2003, no se efectuaron adjudicaciones de predios en lo que corresponde a las zonas de prohibición por el acuerdo existente y vigente desde el 2000, a pesar de que estas resoluciones que posteriormente fueron elevadas a escrituras públicas incorporan supuestos conceptos favorables de la Oficina de Planeación municipal, los cuales nunca existieron.

La dinámica del accionar delincuencial ha permitido establecer a las autoridades, además de lo anterior, un modus operandi que vincula a ex inspectores de Policía y ex secretarios de Gobierno, a quienes se les asignaban funciones y competencias para adjudicar inmuebles en Tubará.

Sin embargo, lo que al parecer desconocían los exfuncionarios es que existían acuerdos del Concejo Municipal de dicho municipio, como el 014 del 23 de diciembre de 2004, el cual prohibía la cesión a título gratuito de bienes fiscales y de uso público en la Autopista al Mar, así como la jurisdicción marítima de la Dimar, y desde los límites con los municipios de Juan de Acosta y Puerto Colombia.

En este aspecto, además, la investigación ha encontrado resoluciones desde 1989 en las que se facultaba a los alcaldes de la época a adjudicar lotes de terrenos, pero únicamente identificados como viviendas de interés social. 

Por lo pronto, la ciudadanía espera que dichas investigaciones por fin tengan claridad para ver qué ha sucedido con el robo de tierras en el Atlántico.

Desplazamiento forzado y amenazas

También se ha conocido de casos de desplazamiento forzado y amenazas relacionados con el robo de tierras en el Atlántico.

Uno de estos hechos sucedió entre el 16 y el 20 de agosto de 2016, entre la noche y la madrugada, cuando un grupo de hombres fuertemente armados y a bordo de camionetas se tomaron las parcelas de los sectores de Caño Dulce y Puerto Velero, en Tubará.

Según las denuncias, en cada parcela construyeron casetas y dejaron dos hombres armados, con el argumento que eran los herederos de una sucesión que fue tramitada, presuntamente, en un Juzgado de Familia de Barranquilla, despacho que les entregó a dicho grupo un terreno cercano a las 2.095 hectáreas.

El hecho pasó desapercibido, sin que las autoridades tuvieran conocimiento.

La investigación ha logrado establecer igualmente que en los despachos de los inspectores de Policía de Puerto Colombia y Tubará, al menos en los últimos cinco años, se han tramitado amparos policivos, despachos en los cuales se presentan los “querellantes” aduciendo tener amparos concedidos en los años 2001 a 2003, que, a la postre, han resultado falsos después de haber hecho una revisión de archivos en varias dependencias. Así también han obtenido amparos bajo acciones judiciales por vía de acción de tutela.

La capacidad de accionar de quienes están detrás de estas maniobras de apropiación de tierras ha llegado a penetrar a la misma Fiscalía General de la Nación, puesto que atendiendo denuncias penales contra personas determinadas y servidores públicos, dichos funcionarios han sido objeto de engaños, hasta el punto que han conseguido restablecimientos de derecho, irregularidades que tendrán que develarse, pues la mayoría de los casos guardan relación con las adjudicaciones falsas, ilegales o irregulares, en las que se han amparado.

Por lo pronto, las comunidades de Tubará y Puerto Colombia esperan que dichas investigaciones tengan por fin claridad para saber lo que realmente ha sucedido con las tierras del Atlántico, por lo que solicitan la intervención directa del Fiscal General de la Nación.

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