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La empresa Ingeniería Colombiana del Caribe compró dos lotes aledaños donde ya funciona otro proyecto.
Cortesía y Mery Granados
Judicial

Lío de tierras en Puerto Colombia: un problema de nunca acabar

Autoridades ordenaron el arresto de un inspector de Policía por no entregar un predio pese a fallo judicial.

Las tierras en Puerto Colombia durante años han sido el tesoro de los expertos en invasión y apropiación de terrenos que han operado, incluso, con la ayuda de funcionarios que se las ingenian para ganar o por lo menos retrasar batallas jurídicas, en ocasiones perjudicando a empresas y personas naturales que adquieren lotes en el municipio.

Al parecer, esto es lo que le está ocurriendo a la firma Ingeniería Colombiana del Caribe S.A.S., la cual adquirió varios lotes en Salgar, pero con uno en particular llevan seis años en pleitos judiciales y, según comentaron sus abogados, siendo víctimas de aparentes irregularidades por parte de funcionarios.

Todo empezó en 2014 cuando la empresa adquirió el inmueble que tiene más de 30 años de tradición. La idea era poder construir un anfiteatro en el que se pudieran hacer diferentes tipos de eventos aprovechando el paisaje junto al imponente Mar Caribe y de esta manera incentivar el turismo y la inversión en el corregimiento de Salgar.

Durante cuatro años no hubo ningún tipo de problemas, pues se estuvo trabajando en la planificación de la construcción. Ya la empresa había adquirido unos predios aledaños y no había ninguna clase de complicación con los proyectos que habían adelantado en estos lotes.

Sin embargo, según contaron miembros de la firma De La Espriella Lawyers Enterprise, la cual asesora jurídicamente a Ingeniería Colombiana del Caribe S.A.S., al lugar llegó un hombre que se identificó como Hernando José Hereira Díaz, quien dijo ser propietario del predio. Mostró unos documentos aparentemente expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. “Llegó con actitud intimidante y agresiva con que suelen aparecer los personajes que sorpresivamente reclaman un terreno cuando han transcurrido años de pacífica propiedad”, expresó uno de los apoderados.

Desde entonces, la firma que adquirió el lote hizo lo necesario para evitar que Hereira Díaz, como reclamante, ingresara al lugar que estaba cercado y delimitado legalmente tras la adquisición, pero el 19 de mayo de 2019 “esta persona decidió ingresar por la fuerza, realizando perforaciones en las paredes del bien y junto con un gran número de personas, algunas portando armas de fuego, ocupó el bien”, precisó la firma de abogados.

Con lo que no contaba Hereira era con que el lote tenía un amparo policivo a favor de la firma que lo adquirió, motivo por el cual fue expulsado durante una diligencia. Empero, el 30 de mayo de ese año, el hombre llegó nuevamente al lugar, esta vez acompañado por policías con la intención de tomarse el lote; sin embargo, no había ni un inspector de policía ni nadie que acreditara la legalidad del procedimiento.

Durante el proceso, recordó el bufete, se demostró que los documentos que mostraba Hereira, supuestamente, eran falsos pues “se había conseguido alterar la verdadera composición predial del sector”.

Lote involucrado en disputa legal por tierras en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico. | Mery Granados

Inspector sancionado

Entonces entró en la disputa el inspector nocturno de Policía de Puerto Colombia, Alberto Angulo Angulo, quien decidió devolver el predio a Ingeniería Colombiana del Caribe S.A.S., toda vez que los documentos de Hereira no eran válidos.

No obstante, 10 días después, Angulo Angulo se echó para atrás, pues revocó su propia orden y entregó el predio a Hereira Díaz. “Sin manifestar las razones de fondo que motivaron dicha decisión”, expresaron los miembros de De La Espriella Lawyers Enterprise.

No es la primera vez que este inspector toma una polémica decisión, pues ya ha estado inmerso en diferentes líos judiciales y tiene varias denuncias en su contra, según confirmó a EL HERALDO el secretario de Gobierno de Puerto Colombia, Leonel Morrón.

“(Alberto Angulo) Tiene varias indagaciones, varias quejas, varias denuncias. Sí se están adelantando investigaciones. El personero tiene facultades disciplinarias, puede tomar decisiones administrativas. Todas las denuncian que me van llegando las voy pasando a la Personería”, dijó el funcionario.

Morrón también precisó que todas las actuaciones de Angulo están siendo revisadas. “Esta Administración está dando garantías a la inversión privada y por eso las actuaciones policivas están siendo objeto de revisión. A los recursos se les está haciendo control de legalidad. Los inspectores están siendo muy cuestionados, no hay confianza en ellos por parte de la comunidad porque ha habido mucho escándalo. Por eso invitamos a todo el que tenga una denuncia que formular que lo haga. Ahí está la Personería”, expresó el secretario  de Gobierno del municipio.

 Así mismo, Morrón dijo que Angulo no notifica de sus actos policivos a la Personería, la cual debe ser garante de que los procesos cumplan con los parámetros de legalidad y salvaguardando los derechos de los ciudadanos.

Por su parte, el personero de Puerto Colombia, Juan David Ortega, afirmó que si bien cuando se posesionó en marzo pasado no encontró investigaciones contra Angulo, actualmente sí cursan algunas.

“Tengo varias solicitudes de vigilancia especial de unos procesos que él ha llevado como inspector y tengo en concreto dos quejas disciplinarias que estoy dándoles trámite. Hay muchos cuestionamientos sobre el actuar del señor inspector Alberto Angulo”, expresó Ortega, quien además cuestionó la figura del inspector nocturno de Policía en Puerto Colombia.

“Yo estoy trabajando en un escrito que le enviaré a la Oficina de Relaciones Laborales de la Alcaldía porque el Código Nacional de Policía, el artículo 206, párrafo 2, explica cuándo y dónde es procedente que existan inspectores de policía nocturno o 24 horas. La norma explica que son en ciudades capitales de departamento, distritos o en municipios que tengan más de cien mil habitantes. Quiere decir que no habría sustento legal para que se mantuviera esa inspección nocturna en Puerto Colombia. Ese es otro tema que hay que revisar”, aseveró el personero.

Fallo a favor

En el caso del predio de Ingeniería Colombiana del Caribe S.A.S. ocurre una situación particular y es que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla falló a favor de la empresa luego de que interpusiera una tutela en contra de la decisión del inspector nocturno de Policía de Puerto Colombia, Alberto Angulo.

En dicho auto, el juez ordenó la devolución inmediata del predio a la firma teniendo en cuenta que esta tiene los títulos de propiedad y los demás documentos que la acreditan como propietaria. Sin embargo, la firma de ingenieros sigue esperando que se le entregue el lote desde que se pronunció el juzgado en octubre del año pasado.

Lo que sucede, según explican los asesores jurídicos de la empresa, es que quien debe cumplir con la orden es el mismo inspector Angulo. “Él se encuentra alegando típicas argucias que, desde que son leídas, se sabe su afán dilatorio”, aseveró el bufete.

Ante esta situación, la empresa afectada nuevamente acudió a los juzgados, esta vez para hacer que se cumpliera la orden judicial. Fue así que el pasado 16 de junio el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia declaró en desacato al inspector Alberto Angulo Angulo.

Además, el juez ordenó que fuera arrestado durante tres días y pagara una multa de cinco salarios mínimos mensuales vigentes por “desacatar la orden de tutela”, según se lee en el fallo. A pesar de esto, según explicaron los asesores de la empresa denunciante, aún no les han entregado el predio, el inspector no ha sido aprehendido y mucho menos ha pagado la multa.

El argumento que le dio el inspector al juez cuando le pidieron que explicara por qué no había hecho la entrega del predio fue que no había sido notificado debido a que en el despacho del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla, que falló a favor de Ingeniería Colombiana del Caribe S.A.S., ocurrió un incendio en el que se quemaron los documentos relacionados con el caso.

Pero su argumento fue rechazado por ese mismo juzgado, el cual explicó que si bien ocurrió un incendio en octubre de 2019 en ese despacho, la documentación del caso no se incineró, y que si el inspector necesitaba las piezas procesales podía solicitarlas puesto que comenzó a funcionar desde enero de 2020 luego de haber suspendido la atención por cuenta del incendio.

“Son muchos los casos en los que las órdenes de Angulo Angulo terminan siendo revocadas por la justicia ordinaria, con correspondientes compulsas de copias a la Fiscalía General de la Nación”, afirmó la firma De La Espriella Lawyers Enterprise.

Detrás del predio

Este medio conoció que durante el proceso judicial por la propiedad del predio sonó el nombre de Agropecuaria La Arcadia Dos S.A.S, pues dentro del lote hay un hombre que durante las audiencias afirmó ser el vigilante contratado por esta sociedad para el cuidado del lugar. Supuestamente, la empresa le compró ese terreno a Hernando José Hereira Díaz.

EL HERALDO constató que esta empresa tiene registro en la Cámara de Comercio de Barranquilla con matrícula número 490.840 del 15 de diciembre de 2009 y renovada el dos de julio de 2020. Su actividad principal es la cría de ganado bovino y bufalino, mientras que su actividad secundaria es el cultivo de palma para aceite.

Uno de los mayores accionistas de la empresa es Ernesto Jesús Tarud Quijano, a quien se le ha visto en varias de las diligencias que se han registrado en el predio. Llama la atención este nombre, pues el 24 de julio de 2016, EL HERALDO publicó que Tarud Quijano fue mencionado por la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) en un informe en el marco del proceso contra la exempresaria del chance Enilce López.

En dicho documento se precisó  que “esta persona es de confianza del señor Jorge Luis Alfonso López y es quien le estaría manejando propiedades en el exterior al antes mencionado, igualmente hace parte de los accionistas de Uniapuestas y Unicat, donde estas participaciones que tiene a su nombre son de la familia Alfonso López”.

En otra publicación de esta casa editorial del 31 de enero de 2018 nuevamente se menciona a Tarud Quijano cuando se hace referencia a otro informe de la DEA en el que se relacionan empresas a las que, presuntamente, se le inyectaron dineros provenientes de Salvatore Mancuso.

Según los asesores de Ingeniería Colombiana del Caribe, uno de los abogados que entraron al litigio por el terreno por parte de Agropecuaria La Arcadia Dos sería Luciano Javier Villadiego, conocido por ser el notario que firmó la escritura de reglamento de propiedad horizontal del edificio Portal Blas de Leszo II, en Cartagena, el cual se desplomó dejando 21 personas muertas y 22 heridas.

Otro sería el excontralor departamental y exdirector seccional de Fiscalía José Castillo Tuirán, quien en diciembre de 2012 sufrió un atentado a bala, el cual lo dejó con una herida en un brazo, y cuya oficina fue atacada con  explosivos en enero de 2013. En su momento, el general José Vicente Segura Alfonso, entonces comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que el jurista estaba siendo amenazado por bandas criminales.  

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